Si Zapatero no hubiera renunciado al Plan Hidrológico Nacional en 2004, las muertes causadas por la DANA en Valencia podrían haberse reducido.
La documentación aún se encuentra alojada en los históricos del Gobierno de España. Allí figura bajo el siguiente epígrafe: «El Gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar riadas en 16 pueblos«. La fecha, 3 de julio de 2004. Es decir, que muy posiblemente, habría estado construido a estas alturas. Entre las 16 localidades estaban, por cierto, Paiporta, Catarroja o Picanya o Massanassa.
«La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos del Pozalet, la Saleta y el Poyo», señalaba aquella información. «Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas«, añadía recogiendo un comentario de la prensa regional. «El Gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de una presa en Cheste. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó ayer a 16 ayuntamientos y grupos ecologistas el plan contra avenidas de la cuenca de la rambla del Poyo», explicaba.
La comarca de l’Horta sud ha sido históricamente una de las más castigadas por las grandes inundaciones en temporadas de gota fría y poblaciones enteras han visto, año tras año, «como el agua del barranco del Poyo se ha desbordado llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles», señalaba igualmente. Las localidades de la lista eran las siguientes: «Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia», algunas de las cuales forman hoy parte de una historia triste y letal.
La primera de las actuaciones pasaba por «la creación de una presa en Cheste». Y la propuesta tenía como objetivo regular «los caudales procedentes de la cuenca alta de los barrancos del Poyo y del Pozalet«. El plan incluía dos diques de contención de agua: «La infraestructura prevista incluye la construcción de otros dos diques –uno en cada barranco– que desaguarían en el cauce del Poyo para reducir el caudal de agua en ambos casos por el efecto de laminación del propio embalse».
La presa de Cheste estaba diseñada con una capacidad, según los cálculos de la Confederación Hidrográfica del Júcar -la misma que ahora el Ministerio de Teresa Ribera asegura que no tiene competencias en barrancos- «de unos ocho hectómetros cúbicos». El plan incluía la adecuación del barranco desde su cruce con el by-pass.
La actuación también preveía la creación de «una gran vía verde de unos 30 metros de ancho que termina en un parque que actuará como laguna de acumulación en casos de avenidas». «El corredor verde quedaría integrado paisajísticamente en el entorno, minimizando así el impacto ambiental«, detallaba el plan en cuestión. «El desvío de la Saleta ha sido una de las principales reivindicaciones del Ayuntamiento de Aldaia. Esta población se encuentra bajo la influencia de los barrancos del Poyo, Gallego y Pozalet. La última gran riada se vivió en octubre de 2000», señalaba por aquellas fechas la explicación el plan.
La presidenta en aquellas fechas de la mancomunidad de l’ Horta Sud, Empar Navarro, destacó lo siguiente sobre el proyecto: «Dará una solución global respetando las realidades locales y preserva el parque natural de la Albufera de aterramientos». El primer teniente de alcalde de Cheste, Antonio Montaner, manifestó: «Además de solucionar las riadas podremos aprovechar el agua embalsada». El plan se paró al renunciar José Luis Rodríguez Zapatero al Plan Hidrológico Nacional que, por cierto, lo financiaba la UE.
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-11-12/asi-era-la-doble-presa-del-poyo-y-pozalet-que-habria-salvado-vidas-y-frustro-el-bloqueo-de-zapatero-al-plan-hidrologico-7185204/
Construir un hotel a orillas del Tajo en Toledo en zona inundable o las lecciones que nos deja la DANA
Los efectos de la última DANA en nuestro país, con más de 200 muertos, ponen el foco no solo en edificaciones o infraestructuras que llevan años y hasta siglos construidas en zonas de riesgo de sufrir avenidas de agua, sino en los nuevos proyectos
Tras las inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en varios puntos de España, entre ellos Albacete, Guadalajara o Cuenca el pasado 29 de octubre, los interrogantes sobre cómo y dónde construir están sobre mesa, pero ahora con una tragedia humana que ha puesto en evidencia la necesidad de reflexión.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante pasaba hace unos días por Toledo para participar en una conferencia en la Real Fundación de Toledo organizada por la cátedra del Tajo-UCLM-Soliss.
En conversación con elDiarioclm.es comentaba que “será necesaria la ordenación y planificación urbanística sensata, racional y que tenga en cuenta las zonas inundables”. Tendrá que ser, abunda, “una acción respetuosa con el medio, pero si algo nos ha enseñado lo ocurrido es que por encima de todo habrá que salvar vidas humanas porque estamos viendo que no lo hemos hecho”.
No solo habrá que redefinir la situación de las edificaciones construidas en zonas inundables, sino que los proyectos en fase de ejecución tendrán que pasar también por la necesaria lupa de la probabilidad de los efectos climáticos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dicho que lo hará en Letur (Albacete) y en Mira (Cuenca), pero todavía es pronto para saber si esas medidas terminarán o no por impregnar la legislación urbanística.
“Es cierto que desde 2015 la Ley del Suelo ya limita mucho la ocupación de espacios inundables porque se necesita un mapa de riesgo y si es alto ya no puedes proyectar una urbanización en ese entorno. El problema es todo lo que tenemos detrás o esos proyectos que quedaron aprobados antes de la crisis inmobiliaria y que ahora se intentan recuperar”, comenta Jorge Olcina. En estos casos, apunta, “hay que ir siempre a la máxima seguridad de las personas, revisar proyectos y pedir que se aporten las cartografías de riesgo y el informe correspondiente”.
Jorge Olcina fue revisor del quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y sostiene que lo que nos indican los efectos de la DANA que ha asolado parte del este y del sureste español es que “hay que cambiar el chip cuando hablamos de ocupación del territorio. No todo es posible. Hay zonas que hay que respetar, bien por componente ambiental, bien por el riesgo que se puede cobrar vidas. Hay que ser escrupulosos en el cumplimiento legal”.
Pongamos el foco en Toledo. La geografía de la capital de Castilla-La Mancha está condicionada por el río Tajo que circunda su término municipal y al que vierten sus aguas multitud de arroyos. La DANA de septiembre de 2023 en la ciudad y en la provincia – y antes otra en 2021– ya dejó muestras de lo que puede ocurrir.
La ciudad lleva años intentando definir un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que no termina de cuajar. En la actualidad el plan vigente data de 1986 – con algunas modificaciones puntuales- tras anularse judicialmente el aprobado en 2007 por ser “contrario a derecho”.
El nuevo equipo de gobierno tras las elecciones municipales del 28M, en manos de PP y Vox, deberá decidir qué, cómo y dónde se va a construir. La propia Cátedra del Tajo UCLM-Soliss lanzaba un claro mensaje esta semana a través de las redes sociales sobre las construcciones en zonas inundables y lo laxo de una legislación que se queda corta en las limitaciones.
El ejemplo, en la imagen, es el actual campus en Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se aprecia el edificio Sabatini durante una inundación en 1947. Hay unas cuantas instantáneas que recogen aquellos momentos.
Y no solo eso, al margen del Plan de Ordenación Municipal, la ciudad está apostando por nuevos desarrollos que incluyen construir en zonas inundables. Hablamos del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del puente de La Cava, que incluye construir un hotel de lujo a orillas del río Tajo. Los promotores defienden la iniciativa, mientras que asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, profesionales de la arquitectura, expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha o entidades culturales lo rechazan por distintas razones.
El proyecto se sometió a información pública hace algo más de un año y, de momento, no hay novedades sobre su desarrollo, aunque las alegaciones de diversos especialistas arrojan dudas sobre su viabilidad, que ahora cobran más relevancia tras las inundaciones en nuestro país.
¿Es viable con la normativa de aguas y de su afección al dominio público hidráulico? Y si lo es, ¿es aconsejable tras lo ocurrido con las crecidas de ríos o arroyos el pasado 29 de octubre o con los precedentes de la DANA en la propia ciudad de Toledo? Los expertos dicen que no. Así se refleja en distintas alegaciones e informes sobre esta iniciativa.
En un informe público de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss que realiza un análisis de afección al Dominio Público Hidráulico se indica que la ordenación propuesta “obvia” que hay terrenos en la llamada ‘zona de flujo preferente’. ¿Qué significa? El informe explica que el hotel y otras instalaciones se construirían en un lugar en el que “se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe”.
Según este informe, dado “el riesgo que entraña”, la posibilidad de nuevas construcciones y edificaciones “se encuentra muy limitadas” y advierte que “no es un hecho menor” que se plantean actividades y usos en la zona verde tales como kioscos, zonas de juego o sendas, si se tiene en cuenta “la importancia en cuanto a la seguridad de las personas y los bienes”.
Además, los especialistas que forman parte de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha creen que “añadir nuevos elementos artificiales a la ribera del río Tajo a su paso por Toledo, con un uso intensivo del territorio, y una movilidad orientada al uso del vehículo privado motorizado (…), no parecen ser elementos que ayuden a alcanzar los objetos ambientales del dominio público hidráulico y a la mejora de los ecosistemas acuáticos”.
El arquitecto Ciro Fernández Martín-Forero, también lo ha dejado claro entre sus diversas alegaciones: “El PERIM presenta otro grave conflicto por su posición en la ribera del tajo al ser zona inundable”.
El área que ocupa el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del puente de La Cava, se encuentra dentro de la llamada ‘zona de policía del cauce del dominio público hidráulico“ y además la propia Confederación Hidrográfica del Tajo la define como ”zona inundable debido a la propia topografía natural“, apunta el arquitecto, quien afea que el proyecto esté ”obviando“ tanto los condicionantes naturales del terreno como los riesgos que supone plantear construcciones en terrenos inundables.
Desde la Cátedra del Tajo también se apunta como “reseñable” que el documento del PERIM Puente de la Cava “se remita constantemente a la ordenación planteada en la UA-12 del anulado Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, pero, sin embargo, no considere que el diagnóstico del POM planteaba la recomendación de delimitar la llanura de inundación del río Tajo con el fin de mantener estos suelos sin ningún tipo de instalación o edificación que pueda ser afectada por inundaciones”.
En España todos los planes de ordenación urbana que tengan más de 12 años de vigencia hay que revisarlos porque no están preparados ni para el contexto climático que estamos viviendo ni tampoco han adaptado todas las normativas
Jorge Olcina tiene claro por dónde puede pasar el planeamiento urbanístico del futuro en pueblos y ciudades. En su opinión, “en España todos los planes de ordenación urbana que tengan más de 12 años de vigencia hay que revisarlos porque no están preparados ni para el contexto climático que estamos viviendo ni tampoco han adaptado todas las normativas ambientales y de riesgo de los últimos años”. Por eso aboga por “frenar” proyectos y “estudiarlos bien, denegando lo que haya que denegar si corre riesgo la vida de las personas”.