Mientras las excavadoras continúan su labor en tierras donde los olivos han crecido durante generaciones, las expropiaciones forzosas avanzan, lo que ha generado un profundo malestar entre los afectados. Según Rafael Alcalá, uno de los propietarios perjudicados, «el 40 por ciento de los afectados ha firmado en disconformidad», señalando que muchos cedieron ante lo que considera una forma de «extorsión legal». Explica que la empresa ofreció dos opciones: aceptar el acuerdo o ser expropiados, y a quienes se resistieron se les mantuvo durante meses en incertidumbre. Finalmente, algunos de los que se negaron fueron excluidos de las expropiaciones, pero no sin pasar por un proceso traumático.

El proyecto también incluye la construcción de una línea de evacuación eléctrica, lo que implica la excavación de una gran zanja que ha suscitado aún más rechazo en la región. Ante esta situación, la plataforma ‘Campiña Norte contra las megaplantas solares’ ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Lopera el próximo viernes, 13 de diciembre, para visibilizar su oposición.

Por otro lado, esta plataforma ha denunciado que la tala de olivos se está llevando a cabo sin los permisos necesarios por parte de los ayuntamientos. En un comunicado, critican la actitud de Greenalia y califican de «temeraria» la decisión de avanzar sin el permiso de obra municipal, que consideran tan importante como los emitidos por otras administraciones. Argumentan que este trámite es crucial, ya que los municipios tienen la última palabra en su territorio.

Además, los activistas han destacado la paradoja entre esta tala masiva y un reciente anuncio de la Junta de Andalucía sobre un proyecto de plantación de 1.500.000 árboles en terrenos públicos como parte de su estrategia contra el cambio climático. Desde la plataforma, cuestionan esta contradicción, señalando que los olivos que se están destruyendo «ya están plenamente desarrollados, no requieren inversión y fueron plantados gratuitamente por las generaciones anteriores», mientras que los nuevos árboles tendrán un coste considerable para los contribuyentes. «¿Quién pagará este millón y medio de árboles, Greenalia?», se preguntan.

La polémica sigue creciendo mientras los vecinos y agricultores de la región continúan alzando su voz contra un proyecto que, según ellos, no solo afecta su patrimonio y modo de vida, sino que también plantea serias dudas sobre su impacto ambiental.