En pleno debate sobre el futuro del diésel, y mientras el nuevo Gobierno promete liquidar «progresivamente» las ventajas fiscales para este combustible, los fabricantes de coches necesitan dar salida a miles de vehículos con motores de gasóleo que van a quedarse obsoletos el 1 de septiembre, cuando entra en vigor un nuevo sistema de tests de homologación a escala europea más riguroso.
Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), define este asunto como «un problema de entre 80.000 y 100.000 coches», incluyendo pequeñas furgonetas comerciales, de los que «en torno al 50% son diésel». Sin avanzar estimaciones concretas, la patronal de concesionarios, Faconauto, confirma que son «miles de unidades».
Se trata de vehículos que no cumplen los estándares del nuevo sistema de tests de homologación WLTP, pensado para aportar cifras de consumo de combustible y emisiones mucho más precisos tras el escándalo del dieselgate del grupo Volkswagen. La patronal de fabricantes, Anfac, subraya que «la normativa europea permite, para gestionar el stock de los vehículos que no cumplan con la normativa, la posibilidad de continuar matriculándolos durante un año más con un límite de volumen» de un 10% de lo puesto en el mercado el año anterior o un 30%, en el caso de las furgonetas.
Según el presidente de Ganvam, esos cerca de 100.000 vehículos van «aparte» de esa excepción que fija la normativa europea. Se trata de unidades que los fabricantes ya «han vertido en la red de ventas» o lo van a hacer en las próximas semanas para matricularlos antes de septiembre y «luego el mercado tendrá que ir absorbiendo».
Por lo pronto, esa avalancha de unidades supone, según Vidal de la Peña, un «fuerte» golpe para las redes oficiales de venta, que han tenido que «adelantar el dinero» en un momento en el que además suelen cargarse de stock extra ante la proximidad de agosto, que suele ser un mes «inhábil en las marcas».
Todo esto, mientras se suceden los pronósticos oscuros sobre el futuro del diésel, lleva a que en el sector se califique la actual coyuntura de «tormenta perfecta» para este combustible. Hace una semana, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aventuró que tiene «los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».
Esas declaraciones han puesto en pie de guerra al sector. Anfac (cuyo vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, se había reunido la víspera con la ministra) pidió «moderación» al Ejecutivo y alertó «de las graves consecuencias en empleo, industria y cambio climático de los posibles vetos» a una tecnología que, según sus datos, está vinculada a «más de 40.000 empleos y 17 fábricas de automóviles en España». El país, segundo fabricante europeo y octavo del mundo, ensambla más de 1,2 millones de vehículos diésel al año, que suponen el 42% de su producción.
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