Mauro Andino, asambleísta (entiéndase diputado) del partido o alianza gubernamental que apoya al presidente Correa, es el autor de una enmienda al proyecto de Ley de Comunicación que incluye el control político de internet o mordaza digital.

Un clásico de la modernidad que se discutirá y votará en las próximas horas, si la cordura no lo impide, en la denominada Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea que preside el propio Andino y en la que tienen mayoría los suyos que son los de Correa. Allí, Andino, quiere presentar las normativas que regulan y sancionan por igual a los medios tradicionales y a las “plataformas tecnológicas”, que así llama a la red en general.

Uno de los artículos más polémicos de la “Ley Andino” es el 14 y que dice: “Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación formalmente constituidos, serán responsabilidad de los medios si no verifican la identidad de las personas que formulan dichos comentarios”.

Al parecer esta propuesta se inspira en Código de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), que estipula que cuando el locutor recibe una llamada tiene la obligación de pedir que quien llame se identifique y si no lo hace, debe cortar. Aunque un diputado oficialista reconoce que el radioescucha puede dar un nombre falso. Vaya tropa…

El mismo diputado (o asambleísta), un tal Panchana, indica que se deberá establecer a partir de ahora un mecanismo complejo de acceso a las páginas web. Así quien quiera comentar una noticia se registrará con una cédula, dirección, teléfono… “Si esos datos mañana son falsos, la responsabilidad no es del medio sino de la persona que falsificó”. El futuro nos guarde de los revolucionarios y asambleístas de Estado.

Para Andrés Herman, investigador en temas de internet del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, “el artículo 14 violenta el derecho de opinar de las personas”. Se pregunta si se hace para “acabar con la oposición y monopolizar espacios de comunicación”. “Se puede seguir la dirección de los comentarios, al mirar los códigos IP o el número que identifica la procedencia de la red, pero es difícil dar con quienes escriben desde cybercafés”.

El segundo punto polémico del informe de Andino es la poca claridad al definir los mensajes discriminatorios, que no “estén debidamente contextualizados”. En el art. 5 se dice que es todo lo que se difunda, por cualquier plataforma tecnológica, que denote distinción, exclusión o restricción… En el art. 6, que es todo contenido que busque menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos… El art. 10 establece que contenido violento es todo mensaje que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza, “tanto en contextos reales, ficticios o fantásticos”. A los legisladores les suena “delirante” y se preguntan si la frase “Yo corto una flor”, pudiera ser entendida como material violento.

No puede faltar la comisión o consejo, característica esencial de todo decreto censor. Por eso, el camarada o compañero Andino, propone incrementar las atribuciones del llamado Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación que entre otras cosas decide lo que merece (le merece) la calificación de lo que es un contenido inadecuado. Y le da el poder de obligar a los medios a rectificar. Paúl Mena, miembro del Foro de Periodistas de Ecuador, cree que el planteamiento de Andino “rompe el principio básico de lo que es Internet y el Ciberespacio”. A su juicio, controlar las redes sociales es atentar contras las libertades.

La Comisión de Comunicación de la Asamblea podría discutir y votar hoy mismo el proyecto Andino. La comisión está compuesta por once asambleístas, seis de ellos de la gubernamental Alianza PAIS. Para aprobar el informe o enmienda, se necesita la votación de la mayoría. Pero Ángel Vilema, de Alianza PAIS, ha cuestionado el texto de su compañero de alianza. “Es de Andino y de sus asesores”, ha comentado el crítico. Haya más.

Vía | hoy.com.ec

El capítulo SGAE del día. Según informa El Economista, La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) lleva desde 2008 dando el visto bueno al sistema de gestión colectiva y de reparto de los derechos de autor de la Sociedad de Autores. La agencia, que depende del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas que dirige Manuel Chaves, asegura que el sistema de recaudación y reparto es una de las formas más eficaces y eficientes para asegurar el cobro de los artistas.

Por su parte, el diario Público detalla la relación que Ramoncín mantuvo con dos de las entidades implicadas en el escándalo de la SGAE: SDAE y Arteria. Según el diario Público, se da la circunstancia de que Ramoncín era, junto con el propio Teddy Bautista y de su mano derecha, Pablo Hernández, el único miembro que formaba parte de los órganos de dirección de ambas compañías. Además, como miembro de estos consejos de administración Ramoncín firmó las cuentas de ambas firmas, entre ellas las del 2009, las últimas entregadas en el Registro Mercantil.

El cantante ha pertenecido a los dos consejos de administración hasta 2009, dos años después de haber abandonado la Junta Directiva de la entidad. Pero conviene recordar que Ramoncín se despedía presumiendo de dejarlo todo encarrilado:

Nosotros podemos apagar ya, podemos convertir SGAE en SDAE en este momento

Pues menos mal, ya que el juez Ruz relata en su auto judicial como la SDAE era una sociedad fantasma sin trabajadores, financiada íntegramente por la SGAE, y que subcontrataba para la realización de sus servicios con Microgénesis de la que Rodríguez Neri fue presidente hasta enero de 2003. Neri, preso en Soto del Real, simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis, la puerta de atrás de los fondos de la SGAE que se abría para Teddysound, llegando incluso a mantener activa una tarjeta de crédito de la empresa cuatro años después de “desvincularse de ella”.

Más Información | Público

La Asociación de Internautas quiere que el Ministerio de Industria ejecute las oportunas medidas legales de investigación y control de la concesión de subvenciones, o cualesquiera otro tipo de ayudas, que haya sido realizada con cargo a los Presupuestos Públicos, y que se hayan asignados a proyectos relacionados con la Sociedad de la Información, bien de la SGAE, bien de cualquiera de las empresas privadas que tiene vinculadas, y todo ello, con el fin de determinar si esas ayudas fueron concedidas respetando la normativa vigente y, el principio de igualdad de oportunidades que debe presidir este tipo de incentivos al desarrollo de la Sociedad de la Información.

Asimismo, y en caso de entender que dichos controles no sean suficientes, habrá de proponerse la personación del Ministerio de Industria como acusación particular, en la causa seguida contra la SGAE en la Audiencia Nacional.

Por su interés reproducimos la carta enviada por Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas solicitando una sesión extraordinaria del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Petición al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Por medio de la presente, y en calidad de Presidente de la Asociación de Internautas, a los efectos oportunos ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información comparezco, para SOLICITAR la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Asesor, a fin de estudiar, deliberar y, en su caso, acordar, la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones, que afectan directamente a la política de subvenciones públicas para la Sociedad de la Información:

1º.- Que de las actuaciones y diligencias de actuación seguidas actualmente contra la SGAE, se ha podido conocer (Auto de 4 de Julio de 2011, del Juzgado Central de Instrucción nº 5), la siguiente conversación, mantenida por el Sr. Jose Luis Rodríguez Neri, en la que dice: “Queréis montar ésto de esta manera que estás obligado a hacer una publicación en prensa o comunicárselo a todos los acreedores y tú, no sé si lo sabes, pero tienes de acreedor, por casi dos millones de euros al Ministerio de Industria. (…) Van a recibir una carta que les dice que toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira” (…), con Maria Antonia García Pombo, que añade: “y que es para la SGAE”, y Neri dice: “exactamente”.

2º.- Que además, en la versión digital del Diario El Confidencial, aparece una noticia que titula: “Industria dio 5,3 millones a la trama de la SGAE pero no se personará en el proceso”, y en la que se dice expresamente que así “se desprende de la información pública sobre el Plan Avanza, que el Gobierno puso en marcha en 2005 para impulsar la “sociedad del conocimiento”, basada en las nuevas tecnologías”, cantidades que fueron repartidas entre Microgénesis y SDAE, ambas investigadas actualmente.

En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2. a) del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se entiende que el organismo a que me dirijo, debe proponer al Ministerio de Industria que ejecute las oportunas medidas legales de investigación y control de la concesión de subvenciones, o cualesquiera otro tipo de ayudas, que haya sido realizada con cargo a los Presupuestos Públicos, y que se hayan asignados a proyectos relacionados con la Sociedad de la Información, bien de la SGAE, bien de cualquiera de las empresas privadas que tiene vinculadas, y todo ello, con el fin de determinar si esas ayudas fueron concedidas respetando la normativa vigente y, el principio de igualdad de oportunidades que debe presidir este tipo de incentivos al desarrollo de la Sociedad de la Información. Asimismo, y en caso de entender que dichos controles no sean suficientes, habrá de proponerse la personación del Ministerio de Industria como acusación particular, en la causa seguida contra la SGAE en la Audiencia Nacional.

Fdo.: Víctor Domingo Prieto.
Presidente de la Asociación de Internautas.

De las muchas y más que variopintas ideas que vi hasta hoy para combatir efectivamente el crimen en la red, ésta es la que me parece más interesante. Y no, hoy no hay sarcasmo.

Contando que las anteriores ideas iban desde mandar a la cárcel a tres cuartas partes de la población mundial con acceso a cualquier red de comunicaciones (por infracción de copyright), o crear una bestia digital peligrosamente parecida a la Skynet de Terminator, intentar llevar a juicio a los proveedores de los delincuentes de la red me parece lógico y, muy importante, factible.

Haciendo un pequeño símil con la piratería, con la que tristemente se compara a los usuarios de Internet, la nueva teoría se basa en el fin de la piratería clásica, la de los parches, los loros y las botellas de ron.

Resulta que en el principio eran los corsarios. Capitanes de barco que obtenían un papel del Rey, en el que le autorizaba a ir por los mares y océanos, a saquear y realizar pillaje a cambio de un porcentaje del botín… atacando a barcos y puertos de naciones enemigas del Rey en cuestión.

Cuando algunos de los corsarios, o piratas freelance, empezaron a causar demasiados problemas a sus protectores por atacar barcos de naciones amigas, los reyes y señores les declararon “piratas malos” y empezaron a cortar su acceso a los puertos en los que vendían el botín. Atacando su ecosistema financiero, se empezó a terminar con la piratería clásica.

La nueva teoría de lucha contra el crimen en Internet es bastante parecida. Se trata de ir a por los proveedores de servicio de los delincuentes.

Por ejemplo, según la OCDE, la mitad del SPAM mundial proviene tan solo de 50 Proveedores de Servicio de Internet (ISP), de los más de 5000 que existen, aproximadamente. Cuando se desconectaron los servidores de la empresa de alojamiento McColo, con base en Silicon Valley, el tráfico de SPAM se redujo en un 65% de la noche a la mañana.

El problema es que las mismas empresas que proveen servicios a crackers y delincuentes, también lo hacen a personas normales y corrientes que simplemente se montan su blog, página web personal o de empresa, o pagan por el acceso a la red.

¿Cómo separar el grano de la paja? Permitiendo a los afectados por robos de contraseñas, datos personales, de números de tarjeta o cuentas bancarias que denuncien a los proveedores de los ladrones por el daño que les han causado.

La cosa funcionaría más o menos así:

Se publica una lista de los peores proveedores (peor en el sentido que se sabe que da servicio, e incluso lo promueve, a spammers y crackers

Una vez se ha publicado, las diferentes empresas tienen un tiempo límite para deshacerse de los clientes que realizan actividades punibles.

Si la empresa lo hace, se le dan garantías que no será demandada por las actividades de sus antiguos clientes. Por el contrario, si no reacciona y sigue dando cobijo, se le manda una advertencia.

Si persiste en permitir actividades de envío de spam, ataques de phishing o similares, se abre la veda judicial tanto a la empresa de alojamiento, como al proveedor de acceso a Internet de la misma, teniendo ésta última también oportunidad de enmienda.

Más o menos como las listas negras de los paraísos fiscales, pero con proveedores de servicios de Internet. Obviamente el sistema despierta interrogantes, como el proceso de construcción de la lista negra: ¿quién la hace? ¿con qué premisas? ¿qué debe hacerse exactamente para salir de ella?

Además, la lista solo podría aplicarse para delitos muy concretos y delimitados, como robo, fraude y similares. Esto no se podría aplicar en el ejercicio de la libertad de expresión política (por muy antisistema que fuere) ni, obviamente, en casos de infracción de copyright, ya que la interpretación de ambos casos es muy amplia y como además se ha comprobado, muy susceptible a abusos.

Es decir, para combatir el cibercrimen, no hace falta realizar nuevas leyes para Internet, si no simplemente aplicar las que ya existen, y aplicarlas bien, sin excusarse en la propiedad intelectual para cercenar otros derechos.

Obviamente, la idea nace en los Estados Unidos, y es de aplicación para los Estados Unidos. Otro de los puntos flojos va por aquí. Aún con todas las de la ley, los proveedores podrían empezar a hacer promesas de blindaje y de mantener el contenido de los usuarios ‘maliciosos’ en línea, o simplemente mover sus datos a otros países más tolerantes. Con todo, 20 de las 50 empresas que comentaba al principio tienen base en los Estados Unidos.

Ir a por los proveedores que ya se sabe que alojan a ciberdelincuentes, pero de los de verdad, puede llegar a ser arbitrario y, eventualmente, convertirse en un nuevo sistema de abusos. Pero entre esto y convertir en masa al conjunto de usuarios de Internet por acceder una mera página de enlaces… como mínimo es para pensarlo.

Vía | Wired

Sin duda, la revelación de secretos está más de moda que nunca. Otro nickname reclama la atención ahora, asegurando que dispone de 8 gigas de documentación múltiple perteneciente tanto a gobiernos de países como Estados Unidos de América, Rusia, diferentes países europeos, además de empresas como Gazprom o Atomstroyexport.

Según la persona que está detrás de la filtración, los datos van a poner la luz sobre múltiples casos de corrupción, creando “ondas de estupefacción” por todo el mundo.

Los datos provienen del Ministerio de Transportes y Comunicación de Egipto; el Ministerio de Defensa de Australia; Atomstroyexport, Diaskan, Sibneft, Gazprom, todas empresas rusas; los ministerios de Asuntos Exteriores de Nepal y Bielorrusia; empresas de Gibraltar, Chipre y las Islas Cayman; Petro Vietnam; Exxon Mobil; el Departamento de Agricultura de los EE.UU…

Los documentos se componen de todo tipo de ficheros, .doc, PDF, capturas de pantalla, presentaciones en diapositivas Power Point, imágenes GIF…

La variedad de los ficheros, junto con su nivel técnico y los múltiples idiomas, especialmente en Italiano y Ruso, van a ralentizar un poco el ‘publicado’ de la información real de la filtración.

Por ejemplo, los documentos relativos al sector del petróleo incluyen planes para extracción, y al parecer son increíblemente detallados, por lo que se necesitará la ayuda de entendidos en la materia para determinar el alcance real de la espectacular acción.

Los datos filtrados provienen en su mayoría de un ataque contra el CNAIPIC, el Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, que como su título indica, es la agencia italiana dedicada a la ciberseguridad.

Ésta organización corrupta ha estado amlacenando información y pruebas a partir de propiedad requisada a profesionales de la informática, usándola durante años para llevar a cabo operaciones ilegales conjuntas con agencias de inteligencia extranjeras y la oligarquía, ayudandoles en sus ansias de poder y dinero. Nunca se usaron las pruebas para realizar las investigaciones pertinentes.

Éste caso se da pocos días después que Spidertruman decidiera(n) airear las sábanas y las mantas del parlamento italiano, aunque no parece que haya relación alguna.

Vía | Zero Paid

El jefe de la agencia de seguridad tecnológica de Estados Unidos, Randy Vickers, ha dimitido sin más explicaciones después de varios ataques a los servidores del gobierno norteamericano. Además, el departamento de Seguridad Nacional ha declinado hacer cualquier comentario al respecto.

Según ha podido saber la agencia Reuters, Vickers dimitió el pasado viernes. Su secretaria de seguridad tecnológica y comunicaciones, Roberta Stempfley, mandó un correo electrónico a algunos empleados confirmando el hecho. El e-mail, al que Reuters ha tenido acceso, no da ninguna razón concreta como causa de la dimisión.

Por ahora, Lee Rock, hasta ahora director adjunto de la agencia, relevará a Vickers en su puesto hasta que se nombre a una nueva persona para liderar el departamento.

Vía | Reuters

Telefónica quiere que sea un juez, como debe ser, y no un órgano de la administración quien le pida datos de sus usuarios/clientes para proceder a una investigación sobre una presunta infracción de copyright en cumplimiento de la Ley Sinde.

Pero en Chile esta misma empresa ha reconocido que es juez y parte (o se toma la justicia por su mano). Lo ha hecho en un informe sobre gestión de tráfico al que le obliga la ley que regula la neutralidad de la red en aquel país y que está dando sus primeros pasos. Lo reconocido por la propia operadora no puede ser más desalentador.

Sin despeinarse reconocen que bloquean los tráficos de salida y/o de entrada de quienes hayan sido identificados como hackers sin esperar la orden judicial para proceder.

Estas acciones de defensa de red se realizan en forma incremental, en su severidad, y pueden llagar al bloqueo completo del tráfico y/o servicios del hacker. La idea es bloquear el origen del ataque o eliminar el objetivo del ataque de forma que no tenga sentido seguir con el ataque.

También desconectan la sesión de un cliente si ésta se mantiene activa durante un periodo aproximado de 29 horas, por lo que el usuario tendrá que reiniciar su conexión. Argumentan que pasado ese tiempo se pierde la pista (identificación de la “sesión” cliente) y no pueden responder como se debe a las posibles demandas de información que sobre ese “cliente” les llegue de los juzgados.

Además Telefónica advierte a los proveedores de contenido que deseen diferenciarse de su competencia (mejorando la velocidad de descarga de sus contenidos a los clientes) que tendrán que pasar por caja.

Los nuevos servicios de acceso a Internet con características técnicas “especiales” serán ofrecidos mediante ofertas no discriminatorias a todos los clientes. Asimismo, se les ofrecerán condiciones especiales a los proveedores de contenido que deseen diferenciarse de su competencia mejorando la velocidad de descarga de sus contenidos a los clientes, por ejemplo, un proveedor de vídeos de alta definición por Internet.

Hay mucho más en el informe original (pdf) y un magnífico resumen en Xataka ON donde nos aclaran (ver explicación técnica sobre la Tasa de agregación) que Telefónica no es una entidad malvada que trata de hacer la vida imposible a los usuarios, sino que estamos ante “un simple problema de gestionar la oferta y la demanda”.

En este caso la demanda son los usuarios que quieren ancho de banda, y la oferta es la capacidad de sus redes. ¿El problema? Que no hay capacidad suficiente para todos y ésta tiene que gestionarse para que a cada cliente le llegue su parte del pastel.

Es la Tasa de agregación, estúpidos ;-), que diría de la Economía el ex presidente Bill Clinton.

Más Información | Xataka ON

Varios parlamentarios de Gran Bretaña pidieron hace meses al príncipe Andrés de Inglaterra, tercer hijo de la reina Isabel, que renunciase a su cargo como enviado comercial británico, tras las revelaciones publicadas por WikiLeaks sobre las andazas del personaje.

WikiLeaks desveló el “comportamiento grosero” del príncipe Andrés que denunciaban los diplomáticos como por ejemplo cuando criticó en un almuerzo de trabajo a la Oficina Británica contra el Fraude por investigar un acuerdo de compra de armamento con las autoridades de Arabia Saudita.

Esa investigación reveló sobornos, corrupción y fraudes por miles de millones de libras, y el suministro de prostitutas a miembros de la familia real saudí. Tras las revelaciones, el parlamentario laborista John Mann indicó que Andrés debería renunciar a su cargo.

Si estos comentarios del príncipe Andrés son ciertos, y por supuesto aún no lo sabemos, entonces está claro que los documentos son de interés público, y permiten a la población determinar si el príncipe está ejerciendo bien su rol

Otros documentos hechos públicos por WikiLeaks especificaban la clase de Andrés. Por ejemplo en cenas y reuniones se mofaba de la “ignorancia” americana porque “no entienden de geografía, en cambio en el Reino Unido tenemos a los mejores profesores de Geografía del mundo”. Además el príncipe acusaba de “imbecilidad” a los investigadores que luchan contra la corupción y gustaba de criticar constantemente a los periodistas del diario The Guardian, a quienes se refería como “aquellos periodistas que meten la nariz en todas partes”.

En otro cable confidencial, Amitav Banerji, director de Asuntos Políticos de la Commonwealth, comentaba a un funcionario de la Embajada de EE.UU. en Londres que el príncipe “no suscita el mismo respeto que su madre”. El diplomático advertía que el príncipe es una figura clave en la relación del Reino Unido con Arabia Saudita.

El ministro liberal, Vince Cable, conocido por declararle la guerra a Murdoch mucho antes de actual escándalo, instó entonces al príncipe Andrés a que no hiciese comentarios sobre asuntos de política gubernamental. “No es un asunto que incumbe al Príncipe Andrés; es un asunto del Gobierno”, dijo el ministro sobre las críticas del príncipe Andrés a la investigación sobre los supuestos sobornos a un miembro de la casa real saudita.

The Guardian adelantaba esta semana la noticia “más esperada”. El príncipe Andrés será revelado de su cargo como “representante comercial del Reino Unido”. Otra víctima de WikiLeaks. Gana el Reino Unido.

http://www.nacionred.com/sociedad-civil-digital/el-principe-andres-duque-de-york-nueva-victima-de-wikileaks

Como en los chicles y las chapas de antaño. Es lo que va a hacer la ministra de Cultura Sinde, seguir buscando algún resquicio para seguir cobrando una tasa de compensación. De ésta forma, el Gobierno de España vuelve, y ya van unas cuantas, a ignorar las voces que le piden cambios. Que no son formas de hacer las cosas. Que lo dijo la Unión Europea, ese concepto al que cuando les conviene se agarran con locura. Pero no ahora. No ahora que la Plataforma Todos Contra el Canon presentó una petición formal escrita ante las Cortes, siguiendo las Reglas de la Democracia, en la que solicitaba al Gobierno que eliminase de una vez por todas el Canon Digital ilegal. Un impuesto que podría haberse llegado a aplicar a las balanzas de cocina si no hubiera sido por un juez que determinó que, aunque el tamaño de las descargas se verbalice en “peso”, las básculas no constituyen mecanismos aptos para la reproducción de obras (el chiste es de Bravo). La petición de Todos Contra el Canon fue clara y concisa: Que la compensación del derecho de copia privada se aplique directa y exclusivamente sobre la obra que lo genera y no sobre equipos, soportes, dispositivos o líneas que puedan ser utilizados para otros fines. La respuesta de la Ministra, como las anteriores, echando balones fuera como las excusas que dio cuando le preguntaron por las responsabilidades de su Ministerio frente a los presuntos casos de presunta corrupción de la ¿presunta? SGAE: que la culpa era de Esperanza Aguirre, que el Tribunal Constitucional dijo que Cultura no tenía por qué vigilar … vamos, que los españoles le tienen manía, como aquello que se dice de los profesores cuando te suspenden. Pues eso, volvamos al cole, a las chapas y a los cromos de los chicles, que nos conminaban a seguir buscando los miles de premios que nos aguardaban. La ministra sigue buscando un sustitutivo para un canon que es ilegal.

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/alternativas-al-canon-ilegal-siga-buscando

Teddy Bautista sigue acudiendo cada mañana a su despacho en el Palacio de Longoria. Allí ha convocado a representantes de las diferentes empresas de la SGAE y por allí pasan sus fieles en la nueva Junta Directiva para no perder el control del timón de un barco fantasma que no se hunde.

Según el diario ABC, ayer por la mañana pedía que compraran unos billetes para acudir a visitar el auditorio Al-Andalus Arteria de Sevilla y el teatro de la entidad en Buenos Aires, donde tenía programadas diversas reuniones. Se supone que a Argentina acudiría su adjunta, Susanne Sprecht, pues a Bautista el juez Ruz le ha retirado el pasaporte.

Más tarde, ante la reticencia de algún empleado de la SGAE a cumplimentar sus peticiones, Teddy convocaba una reunión en su despacho con destacados miembros del colegio de pequeño derecho (compositores y letristas) en el que militan las personas más próximas a su gestión como Caco Senante, Sabino Méndez o Tomás Marco, éste último aparece ya en las quinielas como posible heredero.

Para sorpresa de otros miembros de la Junta Directiva los convocados en el despacho de Teddy Bautista se permitían instar a la Comisión Rectora (de la que forman parte algunos de ellos) a comunicar formalmente a los empleados de la entidad que deben realizar su trabajo como marca la ley, hasta que se elija un nuevo presidente, para asegurar que los compromisos adquiridos previamente por Teddy Bautista son atendidos correctamente.

Una advertencia en toda regla y un nuevo escándalo que al parecer, esta vez sí, ha colmado la paciencia de muchos de los miembros de la Junta Directiva (y alguno de los miembros de la Comisión Rectora) que han recordado el compromiso de elegir a un gestor independiente que sustituya en todas sus funciones a Teddy Bautista.

Aunque otros proponen abrir un paréntesis veraniego y que el sustituto en funciones sea el fiel Tomás Marco, ex cargo público en el ámbito cultura del PSOE y del PP de Aznar y Esperanza Aguirre.

http://www.nacionred.com/lobbies-pi/teddy-bautista-sigue-haciendo-y-deshaciendo-en-la-sgae

Anonymous ha logrado acceder a los servidores de la OTAN y se ha hecho con información restringida. Como prueba de su acción han publicado este pdf con datos de las misiones en Kosovo y otro documento que describe los procedimientos de seguridad dentro de la OTAN. “Bueno, parece que nadie lo lea”, comentan irónicamente desde Anonymous.

Un funcionario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte citado por la agencia Associated Press, el cual pidió preservar el anonimato (como Anonymous), dijo que la alianza estaba al tanto de que un grupo de ciberpiratas había colgado en internet lo que aseguraba era material confidencial del organismo.

“Expertos de seguridad de la OTAN están investigando”, dijo el funcionario. “Nosotros condenamos enérgicamente cualquier filtración de documentos secretos, la cual pudiera poner en peligro la seguridad de los aliados de la OTAN, las fuerzas armadas y a los ciudadanos”. Anonymous ha anunciado que será responsable.

http://www.nacionred.com/seguridad-en-internet/anonymous-golpea-a-la-otan

Ha estado en España el presidente de la Asociación del Cine estadounidense (MPAA), Christopher Dodd. El lobby del cine. Hollywod y acción. La visita tenía como objetivo firmar un acuerdo con la SGAE del cine (EGEDA) que a partir de ahora será la franquicia de la MPAA en América Latina. Todo un éxito de Enrique Cerezo que ayer celebraron “mano a mano” en Madrid.

Ya en faena de “lobbysta”, el amigo Dodd, estuvo como siempre están los del lobby, crecidos y paternalistas con los de provincias. “España es un país que no se puede permitir esta libertad sin restricciones que lleva a la anarquía”, dijo. Por eso quiso resaltar especialmente la importancia de la denominada ‘Ley Sinde’ y de la voluntad política española para acabar con el ‘robo’ en Internet.

Esperamos que pueda verse aplicada rápidamente

Hay que recordar que Christopher Dodd era hasta el pasado mes de marzo un influyente senador con 30 años de experiencia que fue presidente de la Comisión de la Banca del Senado. Naturalmente no se enteró de la anarquía que presidía los consejos de administración de los bancos, ni de la crisis financiera, ni de los problemas de (o con) los bancos que él no ha tenido.

Más bien al contrario pues el Bank of America le condedió dos créditos hipotecarios a un tipo de interés muy especial, muy por debajo del que le conceden al ciudadano medio. Fue entonces cuando sus compañeros le recomendaron no volver a intentar ser candidato a la presidencia de los EE.UU.

Antes de tres meses, que ya han pasado de largo, el gobierno debía revisar el canon y adaptarlo a la legalidad en cumplimiento de las sentencias europeas. El acuerdo al que llegaron PP y PSOE en el Congreso se hizo ley y allí como parte de la LES duerme el sueño de los justos.

Ahora una moción del grupo parlamentario popular insta al Gobierno a presentar ¡antes de que finalice el mes de octubre! un proyecto de ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. La voluntarista moción ha sido aprobada por 328 votos a favor y 8 abstenciones.

La moción que en la práctica es una segunda oportunidad al gobierno, pide que la modificación esté en “sintonía” con las propuestas que están siendo objeto de elaboración en la Unión Europea, pero como todos sabemos no es lo mismo un legislador holandés que un francés y en la Comisión Europea han ganado los proACTA que esa sí que es una “ley de propiedad intelectual” con la que no habría que sintonizar.

Además de “sintonizar con Europa” la moción insta a tener en cuenta las recomendaciones del informe de la subcomisión de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados de 2010, que por aquí hemos elogiado.

La moción también requiere al Ministerio de Cultura a “ejercer eficazmente las competencias que le atribuye el artículo 159 de la LPI, de vigilancia de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en ella”. El Ministerio de Cultura deberá “exigir toda la información sobre las actuaciones presuntamente irregulares, tanto en la entidad de gestión como en las entidades que esta haya creado”.

Además, el Ministerio deberá ordenar una inspección, “en caso de que no aporte toda documentación”, así como “ordenar una auditoría externa financiada por el Ministerio, y ordenar un examen de as auditorías internas encargadas y pagadas por la propia SGAE, a fin de detectar las irregularidades que puede haber en ellas”.

La defensa de la moción la ha hecho el diputado del PP José María Lassalle que ha destacado que los hechos de las últimas semanas “han puesto en evidencia una fractura de la seguridad jurídica y la legalidad en la gestión de los derechos colectivos”. Por eso ha pedido una “ley integral de derechos de propiedad intelectual, que tenga los pies en la tierra digital, consensuada, y que piense en clave digital y los nuevos modelos de negocio”.

No puede seguir reflectándose una reflexión analógica, es urgente un esfuerzo legislativo que nos coloque en la vanguardia de la innovación. Hay que hacer de la cultura un escenario de oportunidad y de explotación de rendimientos económicos para las industrias culturales al tiempo que se evite la opacidad y falta de transparencia (…) Las industrias culturales españoles son competitivas y eficientes, pero hace falta rentabilizarlas y para eso hay que superar escenarios caducos. Que el Gobierno traiga una propuesta de ley de Propiedad Intelectual del siglo XXI

Los diputados Joan Tardá (ERC) y Montserrat Surroca (CiU) se han felicitado por el gran consenso en la aprobación de la moción. La convergente ha recordado que ya en la Subcomisión de Cultura hubo “unanimidad en la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, e incluso la ministra adelantó reformas concretas”.

Como curiosidad destacar que la moción plantea al Ministerio de Cultura nombrar “con carácter extraordinario” un representante que asista con voz pero sin voto a las asambleas generales y reuniones de la Junta Directiva y otros órganos de la SGAE hasta que su funcionamiento “vuelva a la normalidad”. Algún mal pensado ya tendrá el nombre de Santos Castro en la cabeza. ¡Un poco de confianza en nuestro gobierno! 😉

La Ley Sinde dispone que un órgano competente sea quien solicite los datos de carácter privado de cualquier ciudadano cliente de una operadora, con tal de investigar una posible infracción de copyright.

Una vez la comisión de sabios nombrada por el Ministerio realice la lista, vendrá un juez, o dos según se desprende de las últimas novedades que comentaba David Bravo en la Campus Party™, y firmará la orden sin preguntar ni decir nada más.

Ésta era la idea inicial. Pero se ve que Telefónica se opone a este proceso, criticando la Ley Sinde anti-descargas por otorgar la facultad de pedir datos de carácter personal y privado a una entidad administrativa, sin ningún control judicial.

Sin duda, un movimiento interesantísimo de la empresa dirigida por César Alierta, que no hace demasiado dijo que “con la Ley Sinde estaremos mucho mejor“.

Ahora, Telefónica está por investigar nuevos modos para que se puedan conseguir contenidos de forma legal, atractiva y fácil, sin ninguna limitación para los usuarios, ya que cree que el intercambio y la proliferación de ‘contenido ilegal’ es por causa de la falta de oferta actual.

También lanza un revés al concepto de penalizar y criminalizar a los usuarios de internet por compartir sus ficheros, considerando la respuesta gradual, avisos seguidos de desconexión, como una medida ineficaz.

Todas estas propuestas se hicieron en la respuesta de Telefónica a la consulta pública que organizó la Comisión Europea en invierno.

Resulta curioso la diferencia de posturas entre la Empresa y su Presidente…Vía | Banda Ancha