El auto señala a los agentes por torturas y por obstrucción a la justicia
El marroquí con el que peleó Juan Andrés Benítez queda exonerado
La juez que investiga la muerte de Juan Andrés Benítez ha llamado a declarar, como imputados, a ocho agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en la reducción y detención del empresario del Gayxample la noche del 5 de octubre en el Raval. El hombre murió tras ser reducido de forma violenta por los agentes.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la juez cita a los ocho agentes que intervienen (directa o indirectamente) en la reducción de Benítez para que declaren el próximo 13 de noviembre. La juez les imputa delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia y coacciones.
La juez archiva la causa, en ese mismo escrito, para El Yazid A., que hasta ahora era el único imputado. El hombre, de origen marroquí, había peleado con Benítez esa noche, lo que motivó la intervención de los Mossos. Según los testigos, la pelea no fue de gravedad y el empresario del Gayxample apenas presentaba lesiones tras esa reyerta. Cuando llegaron las patrullas, de hecho, la situación ya se había calmado. Pero un desencuentro con una agente femenina que trató de tranquilizarle (los detalles varían en función de los testigos) desató la reducción.
La intervención policial fue grabada por los vecinos del Raval. Las imágenes, que difundió EL PAÍS, sirvieron de base al Cuerpo Nacional de Policía (que se ha hecho cargo de la investigación) para elaborar un informe en el que se afirma que uno de los agentes propinó hasta cinco puñetazos en el lado izquierdo de la cabeza de Benítez. Ese detalle es de suma importancia porque, según la autopsia, el hombre, gaditano de 50 años, murió como consecuencia de múltiples contusiones en la zona “cráneo-facial”, aunque los forenses no han podido determinar aún el origen de esos golpes.
La decisión judicial supone un varapalo para el Departamento de Interior, que el pasado jueves defendió con vehemencia la actuación policial y trató de desacreditar el informe de los investigadores. El consejero, Ramon Espadaler, anunció medidas disciplinarias contra los agentes en el caso de que fueran imputados, como así ha sucedido.
La juez no solo ha imputado a los ocho mossos por la muerte de Benítez, sino también por un delito contra la integridad moral (torturas) y obstrucción a la justicia, al entender que la policía autonómica pudo falsear algunas circunstancias del atestado tras los hechos. También les imputa un delito de coacciones porque, según han declarado dos testigos ante la juez, los Mossos les exigieron entregar o borrar las imágenes de lo sucedido.
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