La investigación se extiende por prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo
El Seprona mantiene abierta desde hace más de un año la denominada ‘Operación Brucela’, que dirige un juzgado de Lugo, en la que han sido imputadas más de cien personas en España por supuestamente emplear en vacas una hormona prohibida para que produzcan más leche. Fuentes de la investigación han explicado que el operativo se extiende por prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo y también en el ámbito nacional.
La operación ha sido denominada ‘Brucela’ por la enfermedad de la brucelosis, dado que las mismas fuentes han apuntado que se llegaba a inocular este virus en aquellos animales ya amortizados para cobrar subvenciones. Así, el operativo englobaría dos investigaciones, ya que también se detectó en controles rutinarios iniciados hace más de un año que se proporcionaba una hormona animal, la somatropina bovina, que aceleraba la producción de leche y la aumentaba. “Hay muchísima gente imputada”, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que incluso hay granjas de “reconocido prestigio y con varios premios” implicados.
Preguntado al respecto, el secretario en Galicia de Unións Agrarias, Roberto García, ha afirmado que no se trata de “algo que pueda afectar a la salud de las personas”. “De hecho en algunos países no está prohibido”, ha sentenciado. “Pedimos una actuación contundente contra los que estuvieron distribuyendo y aprovechándose de la necesidad de los ganaderos en una etapa donde el precio que percibían por el precio de la leche no cubría los costes de producción y fueron fácilmente inducidos y engañados a intentar por la vía artificial incrementar la producción para cubrir costes”, ha comentado. García sostiene que se asiste a “una estafa, más que un problema de salud pública”. “Estamos ante una estafa a unos ganaderos necesitados, la inmensa mayoría acudía a una actuación milagrosa para cuadrar las cuentas de su explotación”, ha dicho el dirigente agrario.
Unións Agrarias estudia personarse en la causa abierta por el citado juzgado de Lugo, por “el daño que pueda causar en el sector en general, en la imagen y en las dudas del consumidor frente a unos personajes muy concretos ajenos al sector”, ha esgrimido. Asimismo, García ha hecho hincapié en que “estos hechos ponen en duda todo el trabajo y todo lo hecho por el conjunto de las explotaciones”, con “unos daños generales al sector, al colectivo ganadero y una estafa generalizada que es preciso erradicar”, ha abundado. “No estamos ante una práctica del sector, sino ante unos ganaderos estafados por una persona que distribuía la sustancia en un área comarcal muy concreta”, ha insistido García. “No estamos ante una dinámica creada en el sector. En Estados Unidos es una sustancia permitida, sin riesgo para la salud aunque con efectos económicos graves al provocar el agotamiento del animal de forma más rápida”, ha añadido. En el entorno de la investigación se sostiene que no se trata de un solo distribuidor de la sustancia, sino que podrían ser varios los agentes distribuidores en todo el territorio nacional.