Casi cada verano las temperaturas se ven aumentadas unos grados por el conflicto de España con Reino Unido a consecuencia de Gibraltar. La firma del tratado de Utrecht 1713 cedía la soberanía del Peñón a los ingleses a perpetuidad, pero la interpretación acerca de la titularidad de las aguas que rodean a la Roca suelen salir a relucir tres siglos después con el sol de agosto.

Tan habitual es este conflicto que parece que el PP tuviera un manual de instrucciones en las estanterías de su sede de Génova que desempolva cada vez que las diferencias se manifiestan, bien en forma de bloques de hormigón -como la de este verano- bien en forma de hostigamiento a los pescadores de Algeciras y La Línea de la Concepción, en Cádiz.

Controles exhaustivos en la verja, amenazas de aislamiento y recordatorios de la cantidad de fraude fiscal que el Peñón esconde son algunas de las medidas que adopta España en cada crisis con la colonia británica cuando gobiernan los conservadores.

La crisis pesquera del 1999

“El plan A, la mano tendida a los llanitos, no dio resultado. Había que pasar al plan B, la denuncia de paraíso fiscal, del centro financiero irregular, del blanqueo de dinero, de los controles aduaneros para impedir el contrabando y otros tráficos ilegales y los atascos en la frontera que los españoles llaman verja. Otra vez el aislamiento”. Podría parecer un resumen de las medidas del Gobierno español en la crisis diplomática desatada este verano a consecuencia del lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Cádiz por parte Gibraltar, pero no lo es.

Estas líneas las escribió el veterano periodista Manuel Leguineche en su libro Gibraltar. La roca en el Zapato de Espña (Planeta 2002), en el que ensayaba sobre la postura del Gobierno de José María Aznar durante la crisis de 1999, cuando varios pesqueros españoles fueron acosados por la Policía del Peñón por echar sus redes en las aguas en disputa, un tipo de pesca prohibido por Gibraltar.

Aquella sería la última crisis gestionada por Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Aznar y sustituido al año siguiente por Josep Piqué. Tanto en 1999 como ahora, el Gobierno no consiguió resolverla de forma definitiva, y la actuación de Asuntos Exteriores guarda grandes paralelismos con la de entonces. Si Leguineche decía esto de la crisis del 99, José Manuel García-Margallo, actual líder de la diplomacia española, aseguraba esto al diario ABC en una entrevista este verano:

“El Gobierno tiene que cumplir las leyes europeas sobre contrabando y tráficos ilícitos, blanqueo de dinero, medio ambiente y juego online y asegurar que las disposiciones fiscales no produzcan distorsiones a la competencia en perjuicio de nuestras empresas. Estamos abiertos al diálogo pero sin abdicar de nuestras posiciones en el tema de la soberanía. Para el Gobierno era importante demostrar que nunca aceptaremos la política de hechos consumados”, y añadía: “resulta cuando menos sorprendente que un territorio periférico, con 6,8 kilómetros cuadrados y sin recursos naturales al menos conocidos, alcance cotas de prosperidad envidiables. Bienvenida sea la felicidad ajena, pero no tanto, si es a costa nuestra”.

En el 99, y enarbolado el convenio de libre circulación de personas y mercancías conocido comoespacio Schengen, del que ni Reino Unido ni Gibraltar forman parte, Matutes amenazó con bloquear el espacio aéreo gibraltareño. También las telecomunicaciones y hasta con no reconocer en España los carnés de conducir expedidos en la roca. Amenazas que nunca se cumplieron, al igual que la batería de medidas que García-Margallo anunció a la prensa este verano.

Entre ellas, una inspección fiscal a 6.700 gibraltareños residentes en España, reforzar las inspecciones en la Verja para controlar el contrabando, modificar la Ley del Juego para que los casinos online utilicen servidores españoles, cerrar el espacio aéreo y restringir parte de los vuelos a Gibraltar, bloquear la entrada a Gibraltar de hormigón y arena y crear una tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón.

Las llamadas entre líderes

Una lista muy parecida a la de entonces que culmina siempre con el mismo desenlace: una llamada telefónica del presidente al premier británico y otra conferencia entre los titulares de exteriores. El conflicto nunca se resuelve y al verano siguiente, en función del tema que haya que eliminar de la agenda mediática, las hostilidades serán de mayor o menor intensidad.

El primer ministro británico, David Cameron, telefoneó a Rajoy en septiembre para expresarle su preocupación, dejándole claro que su postura sobre la soberanía no iba a cambiar. Rajoy le dijo que los lanzamientos de bloques de hormigón eran “inaceptables” pero que los conflictos había que solucionarlos con “honestidad”.

En la crisis del 99, Aznar explicaba así su relación con el primer ministro Tony Blair: “Que tengamos opiniones distintas no quiere decir que uno no pueda tener un amigo británico con el que no puede estar nunca de acuerdo en el tema de Gibraltar hasta que el amigo británico sea capaz de reflexionar en el sentido correcto”.

El febrero de 1999, Robin Cook, ya fallecido ministro de Exteriores británico, llamó por teléfono a Matutes “y los dos decidieron en otro pacto entre caballeros rebajar la temperatura en la zona”, decía Leguineche en su libro. Se mantenían los controles de España en la aduana y los ingleses seguían adelante con los juicios y multas a los pesqueros españoles.

Conflictos sin resolver

El manual dice que no se cede, cueste lo que cueste, aunque implique despidos de españoles que trabajan en empresas gibraltareñas o que los pescadores tengan de dejar sus barcos amarrados a puerto. Los controles en la Verja tanto ahora como antes nunca gustaron ni a los llanitos ni a los españoles. “Matutes, dimite, La Línea no te admite”, decían unas 5.000 personas que se manifestaban contra los registros en la aduana en 1999.

En esta ocasión no ha habido más manifestación que a de los pescadores españoles contra el Gobierno del Peñón, pero la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Astecg) expresó este agosto su temor a que el conflicto afectara a sus empleos y a las relaciones de vecindad con los gibraltareños, acusando al Gobierno de Rajoy de querer “desviar la atención de otros temas”.