La crisis pasa factura a los ciudadanos españoles que viven en Bélgica y no tienen trabajo. El Estado considera que son “una carga excesiva para el sistema social” y obligará a abandonar el país a aquellos que no encuentren trabajo un plazo de tres meses.
La decisión se acoge a la legalidad, porque la normativa comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin ser sometidos a ninguna condición o formalidad, excepto la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos.
Esta normativa afecta, en muchos casos, a personas que viven desde hace años en Bélgica. Los españoles son los terceros en la lista de los europeos más expulsados de este país, solo por detrás de rumanos y búlgaros, expulsiones que se han multiplicado en los últimos años. Desde que comenzó 2014, el Gobierno belga ha obligado a abandonar el país a 323 españoles sin recursos. La crisis económica ha provocado que estas medidas se hayan endurecido en los últimos meses.
Sobre este asunto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que, aunque no le gusta que se estén produciendo expulsiones de españoles de Bélgica, se trata de una decisión legal, que respeta la normativa europea. “Es una decisión legal, aunque no nos guste”, ha subrayado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Báñez ha respondido así ante la pregunta de la diputada socialista Carmela Silva, que la ha acusado de ponerse “en huelga de brazos caídos” mientras hay españoles que están recibiendo notificaciones en Bélgica para abandonar el país. ”Es una decisión que la Comisión Europa ha avalado posteriormente con sus declaraciones y estamos apoyando, donde tenemos que estar, a los ciudadanos españoles, también en el exterior”, ha insistido Báñez, antes de precisar que Bélgica lo hace alegando que aplican la doctrina comunitaria sobre residencia libre de ciudadanos de la UE.
Lo que han comunicado las autoridades belgas, según la ministra, es que se ha privado de residencia a 2.500 ciudadanos de algunos Estados de la UE; aparte de esos 323 españoles, a 200 franceses, 300 italianos, 300 holandeses, 400 búlgaros, 800 rumanos y también a portugueses, británicos, polacos y eslovacos.
Las autoridades belgas comunicaron a esos españoles que debían abandonar el país por ser una “carga irracional para el sistema”. La portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, explicó a la agencia EFE en Bruselas que este concepto, examinado caso por caso, se refiere a personas que llevan en el paro más de un año, no hacen gestiones para encontrar empleo y se instalan en un sistema de ayudas sociales.