La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investiga un posible fraude de unos 2.000 millones de euros en los fondos de formación a parados en Andalucía. A continuación explicamos de dónde salen y cómo se reparten los 2.125 millones destinados a la formación.
La formación para el empleo contó en 2013 con 2.125 millones de euros, frente a los 2.155 millones de 2012, destinados tanto a formación de ocupados como de desempleados. Esta suma se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas.
La mayor parte de los fondos, 1.860 millones, provienen de la cotización por formación profesional a la Seguridad Social (0,70% de la base de cotización), abonada por empresarios (0,60 %) y trabajadores (0,10 %).
Del resto, 165,4 millones corresponden a la aportación presupuestaria del Estado y 100 millones provienen del Fondo Social Europeo.
Las comunidades y ciudades autónomas reciben 823,4 millones, gestionados por el organismo correspondiente en cada región, que es además el responsable de ejercer las acciones de control y seguimiento de ese dinero.
El resto del presupuesto se gestiona en el ámbito estatal a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), con la colaboración técnica de la Fundación Tripartita (integrada por sindicatos, patronal y Administración), salvo por los 53,7 millones que gestiona el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para la formación de los empleados públicos.
| ¿QUIÉN RECIBE LAS AYUDAS? |
Del presupuesto total, 956,9 millones se destinan a desempleados, 953,2 millones a ocupados; 165,5 millones a las ayudas a la recualificación profesional de las personas que han agotado la prestación por desempleo (Plan PREPARA) y 49,7 millones a transferencias a las autonomías por competencias asumidas.
De los 956,9 millones que se destinan a desempleados, la mayor parte (661,6 millones) son gestionados por las comunidades autónomas y el resto por el Estado.
La formación de demanda, con 575 millones, es la que realizan las propias empresas para sus empleados y cuyo coste se bonifica en las cuotas a la Seguridad Social.
El crédito con el que cuenta cada empresa es como mínimo de 420 euros, aunque depende de la cuantía abonada en el ejercicio anterior en cuotas para formación a la Seguridad Social y de un porcentaje aplicable según su tamaño que se determina en los Presupuestos Generales del Estado.
La empresa es la responsable de la ejecución y la justificación de la formación, en tanto que la Fundación Tripartita es la que valida la liquidación utilizando las bases de datos de la Seguridad Social.
Se trata de formación para ocupados, aunque en el ámbito estatal hay desde hace dos años un mínimo de plazas reservadas también a desempleados. Las comunidades autónomas gestionan 112,1 millones y el Estado, 181,3 millones.
En el ámbito estatal las subvenciones están abiertas a los planes que presenten patronales, sindicatos, organizaciones de la economía social y autónomos, y entidades y centros de formación acreditados.
El desglose de los 181,3 millones de 2013 aún no está publicado, aunque de acuerdo con lo ocurrido en años previos, aproximadamente la mitad va a planes sectoriales que sólo pueden ser presentados por organizaciones patronales y sindicales. La otra mitad se reparte entre programas intersectoriales (a los que también optan organizaciones de la economía social y de autónomos, además de patronales y sindicatos), a formación asociada a certificados de profesionalidad (para patronales, sindicatos y centros privados acreditados) y a formación específica para menores de 30 años (para todos los anteriores).