La comunidad musulmana continúa lamentando los atentados terroristas contra civiles inocentes, y enfatiza que el Islam condena la violencia. Crédito: Miriam Gathigah/IPSNAIROBI, 30 abr 2014 (IPS) – Hace seis años, el gobierno de Kenia recibió una alerta de clérigos musulmanes: el movimiento extremista Al Shabaab estaba radicalizando y reclutando jóvenes para su causa islamista. Pero nada se hizo, dijo a IPS el miembro del Consejo de Imanes y Predicadores de este país, Sheij Ahmed.
El Estado desestimó esos informes por considerar que se originaban en rencillas entre los clérigos, y no arrestó a quienes predicaban abiertamente llamados a atacar a los fieles y lugares de culto de otras religiones.
“Al principio era nuestro problema, pero ahora no. Este grupo (de extremistas) ha tomado el control de las mezquitas. En Mombasa, la policía nos está ayudando a recuperar dos mezquitas que habían tomado los radicales violentos”, dijo Ahmed.
El 23 de este mes, atacantes suicidas estrellaron el automóvil en el que viajaban contra una comisaría de Nairobi y murieron cuatro personas, incluidos dos policías.
Ese fue el último de una serie de atentados terroristas en esta nación del oriente de África. En septiembre de 2013, Kenia experimentó el peor, cuando hombres armados de la organización extremista somalí Al Shabaab atacaron el centro comercial Westgate en la capital, matando a por lo menos 67 personas.
Sin embargo, el atentado del 23 de este mes pareció una represalia por la ofensiva que se lleva a cabo en todo el país contra inmigrantes indocumentados y refugiados de quienes se sospecha están afiliados a Al Shabaab.
Nuur Sheij, experto en conflictos del Cuerno de África, cree probable que la intimidación y la repatriación forzada inciten un odio profundo contra Kenia y hagan que más jóvenes quieran unirse al grupo extremista vinculado a la red Al Qaeda.
“Esta estrategia es contraproducente. La decisión del gobierno ha provocado indignación. Los somalíes de Kenia o de Somalia y la comunidad musulmana han sufrido brutales acciones policiales”, dijo.
“Esto se ajusta a la propaganda de Al Shabaab y aliena a una comunidad que puede ayudar a combatir el terrorismo”, dijo Sheij en una entrevista telefónica con IPS.
Las tensiones estallaron entre Kenia y Somalia después de que la policía keniata arrestó a un diplomático somalí el viernes 25.
El primer ministro de Somalia, Abdiweli Sheij Ahmed, señaló en un comunicado que su gobierno estaba preocupado por el arresto de somalíes que respetan las leyes. Su país ha retirado a su embajador en Kenia.
Según informes locales, la policía arrestó a más de 4.000 somalíes y deportó a unos 200 inmigrantes ilegales. El 9 de este mes, el primer grupo de arrestados, 82 somalíes sin estatus legal de refugiados, fueron deportados. La semana pasada le tocó el turno a otros 91 somalíes.
El director ejecutivo del Foro de Musulmanes por los Derechos Humanos, Al Amin Kimathi, dijo a IPS que estas acciones son discriminatorias y castigan a comunidades que han sufrido la peor parte del terrorismo de Al Shabaab. Se alteran los medios de vida, se genera temor y de demoniza a las comunidades somalí y musulmana.
El portavoz de la policía, Masood Mwinyi, no lo cree así.
“Es erróneo y engañoso indicar que el blanco es una comunidad o un grupo religioso. También hemos arrestado a pakistaníes, chinos e indios y a otros extranjeros ilegales de estados vecinos”, dijo a IPS.
Ahmed Mohammad, secretario general de la comunidad empresarial Eastleigh, el vecindario de Nairobi donde viven más somalíes, dijo a IPS que han cerrado sus puertas más de 75 por ciento de las principales empresas de productos textiles y electrónicos, de transacciones financieras, restaurantes y hoteles.
La etnia somalí es un pueblo numeroso que se asienta mayoritariamente en Somalia, pero también en Etiopía, Kenia, Yibuti y Yibuti, y que practica el Islam hace siglos.
Un funcionario de la Asociación de Refugiados del Ogadén dijo, a condición de preservar su identidad, que habían sido deportadas a Etiopía 14 personas de esa región.
Todas habían solicitado que su destino fuera Somalia, pues desde el derrocamiento en 1991 del dictador etíope Mengistu Haile Mariam, intelectuales del Frente Nacional de Liberación Ogadén luchan por un estado independiente en esa región, que vive en constante tensión con Etiopía.
“Nos deben exonerar; nuestro estatus es diferente. Somos somalíes, pero de Etiopía. Cualquier ogadén deportado a Etiopía puede ser asesinado. Sin duda, repatriar a nuestro pueblo a un país extranjero es un error terrible”, dijo la fuente a IPS.
Un etíope que escapó de su país tras una serie de arrestos y amenazas contra su vida manifestó que nunca volvería a casa o a los campamentos de refugiados somalíes.
“Hemos sufrido, aquí la policía nos ha intimidado, los campamentos tampoco son seguros para nosotros. Siempre estamos amenazados, porque los soldados de Etiopía están en Somalia y los culpan de matar a somalíes inocentes”, dijo a IPS a condición de mantenerse en el anonimato.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia dijo que los actos del gobierno constituían una seria violación de la Constitución y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Suzanne Chivusia, quien integra la Comisión, señaló en un comunicado que cientos de detenidos están en condiciones inhumanas y deplorables, y tienen un acceso limitado a alimentos, agua y saneamiento.
Mwinyi instó a la población a denunciar violaciones cometidas por la fuerza policial.
“Estamos listos, anhelando recibir, investigar y castigar a todo oficial que esté implicado en cualquier acto ilegal en la operación”, dijo.
El presidente de la independiente Autoridad de Vigilancia Policial, Macharia Njeru, señaló en un comunicado que está investigando denuncias de detenciones ilegales, elaboración de perfiles étnicos y la práctica de mantener incomunicados a los detenidos.
Mientras, el presidente de la Organización de Musulmanes en Kenia, Fazul Mohammad, dijo a IPS que buscan adoptar un enfoque ideológico para contrarrestar las interpretaciones engañosas del Corán de clérigos aliados a terroristas.
Se trata de una genuina “yihad”, o guerra religiosa, contra un sector de líderes religiosos que están perjudicando al Islam y amenazando la unidad nacional.
“Hemos creado el escenario para un enfoque drástico y multifacético, que adopte todas las vías para contrarrestar la radicalización de la juventud, incluyendo el control y la rehabilitación de jóvenes que deserten o estén dispuestos a abandonar a Al Shabaab”, dijo Mohammad a IPS.
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