La Policía Nacional ha detenido a más de 300 personas en tres operaciones por defraudar al erario público un total de 7,7 millones de euros. En total, según datos de la Policía, han sido detenidas 313 personas e imputado otras 328, en las provincias de Barcelona y Girona principalmente, por fraudes a la Administración Pública. A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

En Barcelona se crearon un total de 29 empresas ficticias, que habrían logrado llevar a cabo 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta, con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.  Las tres investigaciones, que han finalizado, comenzaron hace varios meses, al ser detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La primera de las operaciones comenzó en Girona, al detectarse un total de 12 empresas ficticias, con domicilio social en Barcelona, que se estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros. De esta forma, hasta un total de 744 personas pudieron cobrar prestaciones o subsidios por desempleo u obtener permisos de residencia. Dos varones indigentes constaban como administradores de estas empresas. En la operación se detuvieron a 105 personas e imputado a otras 144, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante. El fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente, asciende a 3,8 millones de euros.

La segunda operación arrancó con una denuncia de un ciudadano que aseguraba que tres hombres habrían creado una empresa ficticia con su nombre cuya función era simular la contratación y el despido a ciudadanos extranjeros para regularizar así su situación administrativa. La policía determinó la existencia de seis compañías con idéntica estructura, administración y coordinadas. Se detuvieron 53 personas e imputaron a otras 44, en las provincias de Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). El fraude acumulado ascendía a un millón de euros.

La tercera investigación se fraguó en Mataró y se descubrió que uno de los detenidos contaba con 15 empresas ficticias que compartían administradores y trasladaban trabajadores de unas compañías a otras renovando los contratos. Este método les permitía alargar de forma ilícita los permisos de residencia así como cobrar prestaciones por desempleo. Se detuvieron 155 personas y se imputaron 74, la mayoría de origen marroquí. La deuda por el impago de cuotas a la Seguridad Social asciende a tres millones de euros.

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