La población de águila imperial ibérica ha pasado de 38 parejas (1974) a 407 (2013)
Marina Isla de Valdecañas en Cáceres) y Candelas de Gredos en Ávila, urbanizaciones declaradas ilegales por orden judicial
Las renovables cada vez participan más en el mix energético
“España aumentará del 1% al 8% la superficie marina protegida”. “El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres”. “El Tribunal de la ONU frena la caza de ballenas con fines científicos de Japón”. “Golpe judicial al fracking. Por primera vez una petrolera es condenada a indemnizar a una familia de Texas (EE UU) que enfermó por la proximidad a sus pozos de extracción de gas”. “Prisión y multa para el gestor de un coto por uso de veneno y maltrato animal”. “Los expertos confirman la relación entre los seísmos y el proyecto de gas Castor”. «España logra 681 banderas azules en su costa, 23 más que el año pasado».
Todos estos titulares han aparecido en los medios de comunicación en los últimos cuatro meses. Son ejemplos de noticias consideradas como positivas por las personas, organizaciones y entidades que velan por la salvaguarda y protección del medio ambiente, entre las que no hay solo ecologistas militantes. Por cuestiones políticas o por propia convicción, hay gobiernos de comunidades autónomas que se han declarado abiertamente contra el fracking (Cantabria, La Rioja y Navarra) y esta semana 20 grupos políticos han firmado el compromiso de prohibir esta práctica de extracción de gas. Otros gobiernos autonómicos, como los de Canarias y Baleares, rechazan las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a sus archipiélagos. Por otro lado, la Diputación de Castellón, tras conocer el informe del Instituto Geográfico Nacional, ha pedido el cierre del almacén de gas Castor, y la Fiscalía de esta misma provincia denunciará el proyecto por prevaricación ambiental.
Para Paco Segura, uno de los coordinadores de Ecologistas en Acción, “no se trata de éxitos ecologistas, sino de la sociedad, porque al fin y al cabo lo que defendemos es el bien común de tener un medio ambiente sano, y no solo para conservar la biodiversidad y los recursos naturales, sino nuestra calidad de vida, salud y bienestar y nuestra viabilidad como especie”. Desde otra organización ecologista, WWF España, añaden la importancia de la movilización ciudadana, que va a más (“también esto es una buena noticia”, aseguran), y destacan las masivas manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas en Canarias y Baleares.
En WWF valoran también positivamente el cambio de postura, o al menos la disposición al diálogo, de sectores que tradicionalmente han visto con recelo las iniciativas de protección y conservación de especies y espacios naturales. «El caso de los pescadores es paradigmático, estábamos muy distanciados hasta hace poco, pero cada vez es más frecuente encontrar puntos en común en la protección de stockspesqueros y espacios y en la lucha contra la pesca ilegal”, explica Raúl García, responsable de Pesquerías en WWF España. En ocasiones son los propios pescadores quienes proponen medidas para lograr una gestión más sostenible de la pesca. “Queda mucho trabajo, pero hay un punto de inflexión que debemos aprovechar con la nueva política pesquera», concluye García.
También ayuda que se tambaleen determinados axiomas asumidos por gran parte de la población, como que la construcción de edificios y carreteras, grandes espadas de Damocles que penden sobre muchos espacios, trae inexorablemente empleo estable y desarrollo económico. “Tenemos el mayor parque inmobiliario, y hay gente sin casas, y la mayor infraestructura por habitante de autovías, aeropuertos y vías de tren de alta velocidad y la población siente que ha sido a costa de recortes en sanidad, educación y medio ambiente”, señala Paco Segura. El ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, a pesar también de los recortes sufridos, se ganan titulares positivos que avalan ese cambio de paradigma: “Las renovables disminuyen la dependencia energética de España hasta el 71%”.
Manifestación en contra del proyecto Castor, en Les Cases d’Alcanar (Tarragona) . / JOSEP LLUIS SELLART
La declaración de espacios naturales protegidos (el año pasado se declaró el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en este 2014 se ha ampliado el de las Tablas de Daimiel)supone también un paso importante de aceptación por parte de la sociedad de los postulados conservacionistas. Aparte de ampliar sustancialmente la superficie marina protegida gracias al proyecto LIFE+ Indemares, en Europarc España recuerdan que “la red de espacios naturales protegidos representa más del 13% de la superficie terrestre del Estado español, que junto con los de Red Natura 2000 se eleva a un 27%; es decir, tenemos una cuarta parte del territorio gestionado con objetivos específicos de conservación”. Europarc España aporta periódicamente una radiografía del estado de estas áreas a través de sus anuarios. Con el de 2013 a punto de aparecer, señalan que en el primer informe de 1995 (aún no se llamaba anuario) la superficie protegida era de poco más del 5%.
La biodiversidad en general también dispone de buenas noticias que llevarse a la boca últimamente. El águila imperial ibérica, una especie endémica de la Península, contaba en 1974 con 38 parejas reproductoras, de ahí que figure «en peligro de extinción” en listas oficiales nacionales e internacionales. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondientes al período de reproducción de 2013, cifraban la población mundial en 407 parejas (396 en España y 11 en Portugal), confirmando la tendencia ascendente desde comienzos de este siglo. Esta evolución positiva se constata en otras especies amenazadas: buitre negro, oso pardo y lince ibérico.
La paralización de urbanizaciones en áreas naturales sensibles (Marina Isla de Valdecañas en Cáceres, Candelas de Gredos en Ávila, A Saíña en A Coruña, etcétera), aunque en algunos casos el daño esté muy avanzado; la disminución de la superficie afectada por incendios forestales; la persecución activa del uso del veneno en el campo; y la prohibición de métodos de caza como el parany ayudan a sobrellevar el acoso que recibe la biodiversidad. Sin embargo, el continuo atropello de linces o el incierto futuro de otras construcciones declaradas ilegales, como El Algarrobico (“17 pronunciamientos judiciales demuestran su ilegalidad”, recuerda Greenpeace), mantienen a las organizaciones ecologistas en guardia.
Estas asociaciones podrán seguir defendiendo en los tribunales causas como las expuestas gracias a otra buena noticia reciente: una rectificación del Ministerio de Justicia amplía el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.
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