Una docena de ciudadanos franceses han recibido citación formal para comparecer ante la justicia después de recibir los tres avisos instaurados por Hadopi. Según la juez que lleva los casos, dichas personas se tendrán que presentar ante los tribunales dentro de unos meses, hacia finales de año.

La ley antidescargas francesa promovida por Nicolas Sarkozy ha mandado, en nueve meses, más de 400.000 primeros avisos mediante correo electrónico. Solamente un 10% de los notificados se han interesado por la causa del aviso. Después, se han remitido alrededor de 11.000 cartas certificadas, supuestamente a aquellas personas que hicieron caso omiso de la primera alerta. Apenas un 20% de ellos se han puesto en contacto con Hadopi.

Además, un 10% de los ciudadanos franceses que han recibido alguno de los tres avisos afirma que no ha descargado nada. La confusión de IPs, la dificultad de controlar redes abiertas y la importante fuga de datos que sufrió la empresa encargada del rastreo han complicado la tarea de perseguir los internautas que intercambian archivos.

Por su parte, Sarkozy reconoció en abril que Hadopi es una ley que tiene errores, aunque se mostró contrario a modificarla o retirarla. Las Naciones Unidas han emitido un informe en el que se afirma que leyes como esta o la ley Sinde vulneran los Derechos Humanos. Pero lo más interesante es la postura del partido socialista francés, que incluye en su programa la abolición de Hadopi. En España, los socialistas aprueban las leyes antidescargas. En Francia, luchan contra ellas. ¿En qué quedamos?