La SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor estarían incurriendo en financiación irregular directa e indirecta del PSOE, PP y CiU, lo que afectaría a su independencia a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, al margen del establecimiento en general de precios más bajos.
Los que vienen denunciando los tentáculos de un gigantesco caso SGAE, que en la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional es, por ahora, microcaso, mantenían en una de sus denuncias – de entonces – que los representantes de los autores estarían perdonando el canon a los grandes partidos y financiando proyectos de algunas fundaciones cercanas a ellos. Es el caso de FAES en el Partido Popular y de Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias en el PSOE.
Hay financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos
Por aquel entonces, el secretario general del Tribunal de Cuentas, José Antonio Pajares, contestó a las dos asociaciones asegurandoles que “siguiendo instrucciones […], en la actualidad se siguen actuaciones jurisdiccionales en la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal” sobre el asunto. Si bien, Pajares explicaba que con la documentación presentada no se acredita la existencia de un acuerdo entre las partes para el establecimiento de un precio inferior a los partidos políticos, por lo que “la verificación de la denuncia en vía administrativa queda condicionada a la fiscalización que sobre el ejercicio correspondiente realizará la coponencia de Partidos Políticos de esta institución”.
Vamos, con la partitocracia habían topado los quijotes que tuvieron el valor de denunciar a la SGAE y cometido la “locura” de querer conocer la verdad sobre las relaciones SGAE/partidos, curiosamente con “mención especial” para los tres (PSOE, PP y CiU) que aprobaron años después la Ley Sinde.
Por aquel entonces Josep Jover, presidente de Apemit, mostraba su satisfacción por el hecho de que “el Tribunal de Cuentas haya entendido que los partidos y sus fundaciones deben pagar el canon”. Y es que, en su opinión, la tasa “ha servido a algunos para obtener beneficios que van más allá de los que lograría un particular”.
Los denunciantes explicaban que la actual normativa impone un canon digital de hasta 1,2 euros por cada DVD adquirido, comprado o repartido, independientemente de cual sea su contenido y la SGAE estaría perdonando gran parte de los importes sujetos a esta tasa.
Los denunciantes aportaron facturas, por ejemplo de trabajos audiovisuales (vídeos electorales y otros) realizados por el PSOE, CiU y el PP. Y todo ello, según se denunciaba, “aprovechando la situación de absoluto predominio en el mercado y estableciendo precios para los partidos políticos 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones”.
Josep Jover y otros abogados de las “acusaciones” solicitaban al Tribunal de Cuentas “la publicación de todos los contratos, convenios y acuerdos en-cubiertos” entre los partidos políticos y las entidades que gestionan los derechos de autor. Sobre aquella denuncia la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado.