Los plazos pendientes de cara a la resolución de un último recurso presentado por el sindicato Manos Limpias llevarán al juez instructor del caso Nóos, José Castro, a poner fin a la instrucción de la causa días después de la proclamación del Rey Felipe VI, previsiblemente a partir del 23 de junio. A partir de esa fecha, el magistrado tendrá manos libres para dictar el cierre de las investigaciones, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, se encuentra pendiente de tramitación el último recurso de apelación interpuesto por la entidad sindical ante la Audiencia Provincial de Baleares, con el que solicita que se compruebe la autenticidad de las firmas plasmadas en las actas de Aizoon -empresa de la que son copropietarios los Duques de Palma- y se practique una prueba caligráfica a la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.

Castro ha denegado hasta en dos ocasiones la práctica de estas diligencias, alegando que éstas harían «caprichosamente inacabable» la instrucción y aseverando que si la rúbrica de la Infanta fue falsificada «deberá ser ella y no terceros quien así lo denuncie, y nos ponga en la pista de quiénes pudieron llevar a cabo tales supuestas falsedades».

Ahora es el tribunal de la Sección Segunda el que deberá pronunciarse al respecto, no sin que antes las partes cuenten, desde este mismo lunes, con un plazo de cinco días para emitir sus alegaciones sobre la pertinencia o no de llevar a cabo estas pruebas. Un plazo que concluirá ya a principios de la próxima semana, durante la cual el juez elevará a la Audiencia el recurso de Manos Limpias de cara a su resolución.

Del mismo modo, el magistrado debe incorporar al sumario en próximos días la transcripción de los interrogatorios efectuados el pasado 31 de mayo al vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, en su caso en calidad de imputado, y a un empresario que aseguró haber sido destinatario de una transferencia de 12 millones de euros de Telefónica.

Tras todo ello, siempre que ninguna de las partes solicite ninguna diligencia nueva dentro de este procedimiento, el juez dictará el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado de unas pesquisas que dieron sus primeros pasos a principios de 2010. Será en esta resolución en la que decidirá si mantiene la imputación de la Infanta como primer paso para que pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Se trata de un auto contra el que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, y en el que Castro determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la hija del Rey Don Juan Carlos, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Así, con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico ‘Somos Mayoría’, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

Las peticiones fiscales

En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

De hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de responsabilidad civil.

El inicio de las investigaciones

En concreto, las investigaciones estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

Sin embargo, Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, ya había puesto la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.

Es más, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.

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