Los maestros uruguayos emplazaron el miércoles a una huelga de 24 horas en protesta por una ola de agresiones de parte de las madres de sus alumnos.

El paro fue decidido «en función de los reiterados ataques y agresiones a maestras en Montevideo, Canelones, Artigas, Bella Unión, Rivera, Rocha y Paysandú, por parte de madres de alumnos», se afirma en un comunicado de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Enseñanza Pública.

El sindicato también manifestó su preocupación por una ola de ataques vandálicos a los locales escolares. Se registran «más de tres ataques por semana a escuelas de todo el país», agrega el comunicado.

La gota que desbordó la paciencia de las maestras fue un caso ocurrido el martes en una escuela del barrio capitalino de Carrasco, cuando una madre le propinó un puñetazo en el rostro a la directora, furiosa porque había llamado a un médico para que examinara a su hijo, quien exhibía «desajustes de conducta». La directora había llamado antes al padre y a la propia madre, pero se habían negado a

asistir a la escuela.

«La reacción de la madre fue decirle que ella no era quién para indicarle qué hacer con su hijo, le pegó un piñazo y se fue corriendo», dijo la maestra y dirigente sindical Raquel Bruschera a radio Oriental.

La mujer fue procesada la noche del miércoles por el delito de «lesiones personales» por el juez Homero da Costa, pero sin pena de prisión, dijo a la prensa el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat. En lo que va del año, los jueces ya habían procesado a otros cinco padres y madres por agredir a maestros.

Otro caso se registró hace un mes, cuando una madre se presentó en una escuela de la ciudad de Rivera molesta porque, según ella, su hija era maltratada por la maestra. Tras un breve diálogo, la mujer comenzó a insultar a la docente, la tomó por el cabello y le dio un fuerte golpe en la cara. La maestra trastabilló, sus lentes salieron despedidos y su boca comenzó a sangrar.

Eso es lo que relata el fallo del juez Humberto Verri, quien procesó a la madre golpeadora —cuya identidad no trascendió— por el delito de «violencia privada», y la condenó a prestar servicios comunitarios dos veces a la semana durante cuatro meses.

Además del caso de Rivera, hubo otros tres en Montevideo y otro en Chuy, una pequeña localidad en la frontera con Brasil, que también terminaron con los padres procesados por agresiones.

En el Parlamento espera para ser votado un proyecto de ley presentado por el diputado Walter De León, de la coalición izquierdista gobernante Frente Amplio, para castigar con 30 días de trabajo comunitario a quienes insulten a los docentes.

«En la actualidad es moneda corriente que una madre o un padre, una hermana o hermano mayor, una tía o un tío le grite al docente profiriéndole insultos o pidiéndole explicaciones», dijo el legislador en los fundamentos de su iniciativa.

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