Si recordamos los momentos más álgidos del debate sobre el aborto, el diálogo público también estaba en la misma sin salida ética. No obstante, la discusión tomó un rumbo diferente cuando el aborto se abordó desde la perspectiva de la política pública de salud: más allá de un asunto de pareceres y concepciones, el aborto empezó a entenderse como un tema de salud pública cuando el país conoció la realidad de miles de mujeres que mueren por practicarse interrupciones clandestinas en condiciones sórdidas. Y el país también entendió que las afectadas son las mujeres pobres, por cuanto la minoría de mujeres acomodadas de este país se practica el aborto en condiciones óptimas y las más acaudaladas pues viajan a otros países en donde es legal. Sin lugar a dudas, la perspectiva de la política pública de salud le dio una nueva dimensión a la encrucijada ética del debate.

Luego el debate de la eutanasia no puede reducirse exclusivamente a dolorosas experiencias familiares, a veleidades libertarias, como tampoco a credos. Autorizar la eutanasia puede tener una serie de repercusiones públicas delicadas, que obligan, al igual que en el aborto, a debatirla desde un enfoque de política pública de salud.

En efecto, uno de los argumentos que permitieron la legalización de la eutanasia en los Países Bajos es la excelente calidad de su sistema de salud, que le garantiza a un niño pobre contar a lo largo de su vida con la misma atención médica que un niño rico. De esta forma, ambos niños holandeses se encontrarán en perfectas condiciones de igualdad el día en que, eventualmente, en su adultez, tomen la decisión de acortar su vida por causa de terribles sufrimientos.

Esta misma reflexión debe alimentar el debate en Colombia: ¿cuáles son las medidas paliativas que incluye el POS en un hospital del Chocó y cuáles son las que ofrecen las mejores prepagadas en la Fundación Santa Fe? ¿Se pueden comparar el futuro umbral de dolor de un niño que nace en el Alto Baudó con las condiciones de un niño del colegio Nueva Granada en Bogotá?