¿Recibió el secretario general del PSOE regalos como asambleísta de Caja Madrid? ¿Conocía el uso de las tarjetas black? ¿Ordenó a la instructora de los expedientados acelerar la instrucción sin respetar los Estatutos?

Ni «procedimiento de información reservada», ni instrucción de expediente sancionador, ni garantías estatutarias… La decisión del «nuevo PSOE» con los 16 militantes del PSOE que hicieron uso de las «tarjetas black» de Caja Madrid está tomada de antemano. Lo saben los afectados porque lo han dicho tanto en público como en privado el secretario general, Pedro Sánchez, y el de Organización, César Luena, que con sus declaraciones han destapado la Caja de Pandora. Como en aquella tinaja de la mitología griega están a punto de caer sobre Ferraz todos los males del mundo.

Porque si Virgilio Zapatero acusó por carta de «justiciero» a Pedro Sánchez y le advirtió de que no aceptaría «chantajes ni amenazas» de alguien como el secretario general que sólo busca «notoriedad y titulares de prensa», hay otros que, como Antonio Romero, ex secretario de Organización del PSM, se despacharon a gusto ante la instructora de los expedientes, Susana Sumelzo, durante su audiencia. Algunos que tras 30 años de militancia y otros tantos vinculados a la fontanería del PSOE que conocen los secretos de hasta el último cargo y parecen dispuestos a tirar de la manta.

Todos han enviado escritos a Ferraz tras recibir la semana pasada sendos burofax requiriéndoles alegaciones y documentación sobre el uso de las tarjetas.

En concreto, el sociólogo Ignacio Varela, miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid entre 2005 y 2006 (periodo en el que realizó gastos por 35.700 euros, según los estadillos) se mofa incluso en su escrito de la falta de formación jurídica de los actuales inquilinos de Ferraz:

«Caja Madrid no es ni ha sido nunca una empresa pública (…) ni el Estado ha tenido participación en su propiedad (que correspondía única y exclusivamente a sus impositores) ni le ha sido jamás aplicable la normativa que rige el régimen de las empresas de titularidad pública»

«Los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid ni son ni han sido nunca cargos públicos».

«A los miembros del Consejo de Administración no los designan los partidos políticos Ni siquiera los proponen los partidos políticos».

«Precisiones todas elementales para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del funcionamiento de las Cajas de Ahorro en España (lo que es singularmente exigible si se ha formado parte de alguno de sus órganos de representación o dirección)».

En el mismo escrito, se relata cómo el asesor jurídico y secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, explicó a los consejeros el procedimiento de las tarjetas:

«La retribución ordinaria de los consejeros, me dijo, se divide en dos partes: por una parte, los ingresos directos por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones; por otra, recibirás una tarjeta de crédito de libre disposición (palabras textuales), con un límite mensual de gasto».

EI sociólogo Ignacio Varela, militante del PSOE.

En su carta, Varela afirma que preguntó expresamente si el uso de la tarjeta estaba ligado a las funciones de consejero y De la Torre les respondió: «No, forma parte de tu retribución ordinaria como consejero, es de libre disposición y lo único que tienes que hacer es no sobrepasar el límite mensual».

«Nosotros llevamos el control desde aquí, puesto que recibimos los cargos. También nos ocupamos de su tratamiento fiscal. Si vemos alguna anomalía, te lo haremos saber. Por lo demás, puedes usarla libremente», respondió el secretario del Consejo de Administración cuando se le interpeló una y otra vez sobre si los consejeros debían presentar facturas o justificantes.

El sistema de retribuciones de los consejeros era conocido y estaba avalado por todos los órganos competentes, según explicaron a los directivos: la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Control, la Asamblea General de la que formó parte Pedro Sánchez entre 2004 y 2009, los auditores que anualmente revisaban las cuentas, el Banco de España y la CNMV.

Enrique de la Torre aseguró en varias ocasiones a los consejeros que las tarjetas estaban en orden desde el punto de vista del tratamiento de Hacienda. De hecho, la Agencia Tributaria jamás puso objeción a los certificados de IRPF que Caja Madrid expedía a los consejeros cada año para su declaración de la Renta.

Y por eso Varela, que como el resto de consejeros socialistas «con tarjeta» está a punto de ser expulsado del PSOE, reprueba que la dirección federal se haya «sentido libre para proclamar públicamente la apertura de este procedimiento reservado, presumir de haber dado órdenes precisas a la instructora, anticipar su desenlace antes de haberse iniciado el primer trámite y ofender gravemente en público a las personas implicadas. Eso sí, con todas las garantías procesales». Y se muestra dispuesto a devolver el dinero, pero «en el mismo momento en que me lo ordene un juez y a la vez me indique la ventanilla en la que debo depositarlo. No antes ni de otra manera.»

«Renuncio a todas esas cosas (especialmente, la de ofender a las personas), pero me siento libre de dar a este escrito el tratamiento privado o público que crea oportuno, reivindicando como válido para todos el hasta ahora inédito concepto de lo que es un procedimiento reservado», concluye el sociólogo en su escrito remitido primero a César Luena y luego a la instructora del expediente. Y añade:

«Efectivamente, como ya he admitido, realicé gastos de naturaleza privada. También otros: por ejemplo, los que realicé para pagar determinadas actividades del partido con pleno conocimiento y consentimiento de sus dirigentes, no sé en qué categoría englobarlos.»

La guerra entre socialistas no ha hecho más que empezar. Pues a las veladas denuncias sobre la concesión de un crédito ventajoso a Pedro Sánchez durante su mandato como miembro de la asamblea de Caja Madrid, le siguen los regalos que el secretario general del PSOE -a quien ya apodan irónicamente como «Don Limpio»- recibió como asambleísta de la entidad cada vez que asistía a una reunión, dos ordinarias por ejercicio. Una televisión de plasma, un móvil de última generación, unhome cinema y hasta un ordenador portátil que superan con creces los 60 euros que ahora la dirección federal ha impuesto como tope en el llamado Código Ético a los regalos que pueden recibir los cargos del partido. El entorno de Sánchez niega la mayor y dice que el secretario general no recuerda los regalos recibidos, salvo «una televisión pequeña, un despertador, una cámara de fotos y algunos libros. Lo que se regala a cualquier impositor que ingresa más de 12.000 euros en la entidad».

Sea lo que fuere el ventilador se ha puesto a funcionar, después de que los expedientados supieran que Sánchez ordenó el pasado viernes a la instructora del caso que acelerara la expulsión de los militantes para exhibir en las jornadas sobre «limpieza democrática» celebradas el sábado la cabeza de todos ellos. Sumelzo se negó en rotundo tras alegar el respeto a las mínimas garantías estatutarias y los derechos de todo afiliado ante un expediente sancionador. Para entonces, algunos ya habían empezado a bucear en las campañas electorales de Juventudes Socialistas en los tiempos en que su secretario de organización era el hoy número dos del PSOE, César Luena. También en las veces que los consejeros de Caja Madrid invitaron a comer con las tarjetas de la polémica a los asambleístas del PSOE, incluido Pedro Sánchez. Así que esto no ha hecho más que empezar…

http://www.huffingtonpost.es/esther-palomera/sanchez-destapa-la-caja-d_b_5978222.html?utm_hp_ref=spain