La penúltima oleada de escándalos de corrupción -insuflada por la operación Púnicacon más de 80 detenidos- ha recrudecido el espeso tufo de desolación española en el que muchos presienten la necesidad de obrar, como sea, un «cambio de régimen».

La lucha en todos los frentes contra la corrupción debió haber emergido hace mucho tiempo como una gran prioridad nacional. No sólo con leyes represivas, sino también, y sobre todo, con medidas preventivas. Dirigidas a evitar el mal antes de aprestarse acurarlo con cirugía invasiva, amputación u otras metáforas organistas que, con mala fortuna, apelan a su extirpación.

Código Penal, sí. Reforma procesal, sí. Refuerzo jurisdiccional (especialización de órganos judiciales y unidades de la Fiscalía) con la concentración, competencia, medios, apoyos y asesoramiento necesarios para enfrentarse en serio a la enormidad del problema, también. Y robustecimiento de la independencia judicial y del Ministerio Fiscal, que es precondición para que a esa autoridad punitiva del Estado no le tiemblen las piernas ni deba tentarse la ropa, ni tampoco preguntarse «quién manda» sobre sus futuribles carreras profesionales, a la hora de hincarle el diente a corruptores y a corruptos. Por descontado que sí. A todo, sí.

Dicho todo lo anterior, nunca se incide lo bastante en la responsabilidad ciudadana. En el poder del voto para poner a los corruptos en el basurero de la historia. ¿O es que alguien pretende engañarnos a todos, ocultándonos ahora que, durante años, segmentos muy importantes de los electorados locales, regionales y nacional han votado a corruptos obscenamente entregados a la codicia personal y al enriquecimiento ilícito en el ejercicio del cargo? ¿Y que los han apoyado con sus votos, una y otra vez, sin castigar episodios como los que, a la vista de todos, estaban teniendo lugar, pongamos, en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Madrid o la Costa del Sol, entre otras muchas latitudes a todo lo largo y ancho de la geografía de las Españas?

La Comisión Europea ha puesto de manifiesto que la corrupción es pandémica también en la UE.

En el Parlamento Europeo (PE) hemos constituido un Intergrupo de parlamentarios (formato de cooperación entre eurodiputados/as de diferentes Grupos con un objetivo común) contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Aquí van algunas ideas y propuestas de nuestra agenda. Su implementación y desarrollo legislativo en los Estados miembros (EEMM) sería relevante y útil en perspectiva europea. Obtendría alcance paneuropeo -con la actuación del PE como legislador penal europeo- en un marco normativo común y vinculante para los EEMM y sus respectivos Códigos y legislaciones penales.

a) Regulación de la figura del «whistleblower«, el delator o denunciante que se atreve a dar un paso al frente y poner en conocimiento de las autoridades de investigación de los delitos (Poder Judicial, Fiscalía, Policía, Law Enforcement Agencies) la notitia criminis de una trama corrupta o un hecho de corrupción. El objetivo es acentuar una estrategia europea de protección del denunciante. Con canales de información seguros, confiables, claros y practicables.

b) Establecer una estrategia de educación paneuropea contra la corrupción. En todos y cada uno de los sucesivos niveles del sistema educativo. Desde la escuela primaria hasta la Universidad. Por una cultura europea de la integridad y la transparencia, con la condena moral y social del corruptor y el corrupto. Tanto del oferente (corruptor) como del funcionario o político que acepta dádivas (el corrupto).

c) Confiscación de Bienes: ya contamos con la Directiva 2014/42 (aprobada por la Comisión de Libertades, Justicia e Interior durante mi mandato como Presidente de LIBE, y por el Pleno del PE) para la congelación y confiscación de los bienes y de los réditos procedentes del delito. «Follow the money«; «cui prodest«! El paso siguiente deber ser la creación de un instrumento judicial europeo que asegure la cooperación procesal transfronteriza y la reutilización y reasignación de los activos confiscados tanto para fines sociales como para financiar la lucha contra la delincuencia económica organizada.

d) Refuerzo e interconexión entre el Eurojust y Europol: coordinación europea y entre los EEMM; extensión de la jurisdicción de Eurojust y establecimiento, por fin, de la Fiscalía Europea, comprometida a fondo con la lucha contra la impunidad.

e) Blanqueo de dinero: la Directiva de 2014 debe ser implementada y reforzada en la identificación de fuentes y canales de blanqueo. Debe asegurarse el acceso público general o la información sobre las actividades empresariales de blanqueo en registros penales abiertos y transparentes, y su interconexión entre los Estados miembros.

f) Delitos medioambientales. El legislador europeo debe definir y acotar los llamados «ecocrimes» como una concreción especialmente amenazadora del crimen transfronterizo organizado.

Urge, en definitiva, hacer de todo y cuanto haga falta en un combate sin cuartel contra la corrupción. Porque la corrupción se ha erigido en bomba de racimo contra la democracia, contra el imperio de la Ley y el Estado de Derecho, y contra el fragilísimo vínculo de la construcción europea con la ciudadanía, al filo de la ruptura de nuestro contrato social.

http://www.huffingtonpost.es/juan-fernando-lopez-aguilar/corrupcion-corrupcion-mas_b_6143560.html?utm_hp_ref=spain