Nos abordarán, hundirán nuestras lanchas, pedirán cárcel o cuantiosas multas por denunciar las agresiones al planeta, pero no pararán a los activistas de Greenpeace. Ni a Matilde, que se recupera en un hospital de Las Palmas, ni a Paco o Francesco…. Todos ellos sufrieron el violento impacto de las lanchas de la Armada en Canarias. Pero tampoco a Elena, Nacho, Vicenç, Amanda Luna, Rakel, Araceli, Virginia, Marceli, Nacho, Hernán, Fausto, Auba, Nelia, Sonia, Maite, Sonia y Pedro, este último un fotógrafo independiente, que se exponen a duras penas de cárcel por protestar ante la de la Central Nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, por su inseguridad y peligrosidad.

Y lo digo porque tras la lamentable reacción del Gobierno español o la violenta actuación de la Armada cuando protestábamos de forma pacífica contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias, el próximo 4 de diciembre nos enfrentamos al juicio más duro en nuestros 30 años de historia y activismo pacífico en España.

Se trata del mayor número de activistas, junto con un fotoperiodista independiente, expuestos a una posible pena de cárcel en nuestra historia, además de una cuantiosa cantidad demandada en multas e indemnizaciones. Dos años y ocho meses de cárcel para cada uno, y Greenpeace, como presunto responsable civil subsidiario, se expone a multas e indemnizaciones por un total de 360.000 euros.

El 15 de febrero de 2011, menos de un mes antes de que la catástrofe nuclear de Fukushima acongojara al mundo, Greenpeace organizó una manifestación frente a la central nuclear de Cofrentes contra la ampliación de su vida útil, que se decidía en esos momentos, y para protestar contra el peligro que entraña la energía nuclear. 16 activistas entraron en el recinto de la central nuclear para exponer su peligro y su falta de seguridad.

Lo pensábamos entonces y ahora: la Central Nuclear de Cofrentes debía y debe cerrar porque es una central antigua e insegura; porque las centrales nucleares son innecesarias en un país que tiene el doble de potencia eléctrica instalada necesaria para cubrir su demanda y porque no es ético ni sostenible generar residuos radiactivos que tardarían miles de años en dejar de estar activos, dejándolos en herencia a las futuras generaciones.

¿Es justo y proporcionado que por pintar «peligro nuclear» en una torre de refrigeración de una nuclear, 16 activistas y un fotoperiodista independiente se expongan a penas de cárcel y se pida a Greenpeace 360.000 euros en multas e indemnizaciones?

No puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo. Greenpeace nunca ha eludido la acción de la justicia, pero esta debe ser justa y proporcionada. Siempre actuamos de forma pacífica, con escrupuloso respeto a las personas.

Defender el medio ambiente es nuestro deber como ciudadanos, y protestar pacíficamente ante las agresiones y amenazas que sufre, nuestro derecho.

No tenemos nada que ocultar, y en un ejercicio de transparencia, lanzamos laCampaña Misión Cofrentes: Artículo 45. En los próximos 17 días plantearemos misiones online y offline a todo el que quiera participar de forma individual o colectiva en esta defensa del deber constitucional de defender el medio ambiente.