• El suegro de Jordi Pujol júnior exigió a uno de ellos el cobro de una comisión del 3%

El informe remitido por la Policía a la Audiencia Nacional sobre Jordi Pujol Ferrusola constata cómo los empresarios asumían pagos al hijo mayor del ex presidente de la Generalitat por miedo a represalias. Así lo reconocen al menos dos testigos que, ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), hablaron de «temor» ante las peticiones que les llegaban desde el entorno de Pujol. [LEA EL DOCUMENTO DE LA UDEF]

El informe elaborado por la Udef sobre Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, fue remitido al juez Pablo Ruz el pasado 12 de junio. El instructor ha citado a ambos a declarar en calidad de imputados el próximo 15 de septiembre.

La Udef remitió al juez un prolijo informe de 62 folios, donde se detallan los movimientos empresariales desde los que podrían haberse cometido «ilícitos penales». Los agentes especialistas en delitos económicos y financieros realizan un detallado desglose de las empresas y sociedades con las que el hijo de Pujol ha tenido o tiene relación, y toman declaración a muchos de los que se han visto obligados a participar en el pago de «favores». Al menos dos de ellos transmitieron a la Policía su sensación de haber sido víctimas de comportamientos mafiosos, de haber pasado «miedo» si no accedían a las peticiones que les llegaban desde el entorno de Pujol.

Ambos casos aparecen vinculados al Grupo Copisa. Jorge Juan Flor Gallén fue socio y administrador único de la empresa Promociones Club de Campo y Golf hasta la entrada del Grupo Copisa. Compareció dos veces ante la Policía para explicar sus relaciones comerciales con empresas que, desde la sombra, eran controladas por Pujol hijo. En su segunda declaración, según constata la Udef en su informe, Flor Gallén, «que al parecer tiene fuertes inversiones en Cataluña, dice que sufrió presiones por parte de Copisa debido a sus relaciones con el poder, y que tiene temores de que su nombre se haga público y perjudique sus negocios en Cataluña, temiendo no volver a trabajar. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con un testigo posterior, sí que suscribió estas declaraciones».

«Jordi Pujol Ferrusola parece que no sólo aparenta buscar oportunidades de negocio para el Grupo Copisa, sino que en otras ocasiones aducen su asesoramiento para enajenar activos patrimoniales, como es el caso de su búsqueda de inversores para las plantas solares». En este caso aparece otra operación en la que uno de los afectados declaró ante la Policía haber sentido una presión más propia de la mafia. «Dado que una gran parte de las comisiones percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su razón de ser en supuestas intermediaciones entre dos partes, la acreditación de la falsedad de las facturas y procedimientos pertinentes la encontraríamos en que los intermediarios justifiquen la intermediación, motivo por el que esta instrucción policial ha efectuado requerimientos en aras a documentar las valoraciones y consecuencias», indica el informe.

Los agentes destacan todo lo vinculado con una factura que emitió Iniciatives Marketing i Inversions a la sociedad del Grupo Copisa denominada Novensauro Immobles, por una cuantía de 226.576,93 euros. El dinero se pagó alegando la intermediación realizada por la compra de una serie de fincas en Hospitalet a la empresa que las poseía, Focio. La Policía contactó con los responsables de esta empresa y se encontró con un nuevo testimonio del que se deducían comportamientos mafiosos.

En las dependencias de esta empresa en Barcelona, los agentes tomaron declaración a Laura Cutillas en calidad de apoderada de esta sociedad patrimonial familiar. Según aseguró, su familia no tuvo conocimiento de que nadie intermediara en la venta de las fincas de Novensauro Inmobles, «que nadie hizo gestiones con los miembros de la familia. Sin embargo, poco después de la escrituración de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés [suegro de Jordi Pujol Ferrusola] para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta, que ascendía a 30.050.606 euros». Puesto que no tenían conocimiento de ninguna intermediación, «cedieron en pagar el 1%, para lo cual se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían pagar previa recepción de facturas a su nombre, Mercè Riera Angalda y Xavier Coromias Riera», añade el escrito. Preguntaron al representante del Grupo Copisa con el que se habían relacionado, Antonio Lodeiro Guardiola.

Éste les indicó que sí, que esa labor de intermediación efectivamente existió. Que Focio pagara este extra «no fue en absoluto una decisión discrecional». «Relataron a esta instrucción policial toda una serie de problemas que sufrieron en los años previos a la firma de la venta, en la que les declararon inundables y les precintaron otra finca donde desarrollaban un negocio de parking de camiones, les instalaron en la finca colindante a su propiedad una planta de tratamiento de residuos y les negaron cualquier iniciativa inmobiliaria sobre fincas en Hospitalet de Llobregat. Todas estas trabas les supusieron serios inconvenientes, habiendo interpuesto en varias ocasiones recursos contenciosos administrativos que habrían ganado». «Tanto en las conversaciones telefónicas previas como durante el desarrollo de la toma de declaración, Laura Cutillas dijo expresamente que Antonio Lodeiro Guardiola, entre otros, les manifestó que todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al Grupo Copisa, si bien se opuso a que estos extremos constaran en declaración suscrita por las previsibles complicaciones que le podía traer por la influencia que en Cataluña tienen los investigados», indica el informe elevado por la Policía al juez Ruz.

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