Hace un año los venezolanos me decían que se venían 12 meses «jodidos» (o «fregados», como también dicen por aquí). Y hoy, en vísperas del 2015, me dicen lo mismo.

¿Qué pasó en 2014? ¿Nada fue para mejor? ¿O los venezolanos son inherentemente fatalistas?

A preguntas comprometedoras, respuestas cautelosas: «Es complicado».

Los venezolanos viven en un estado de tensión, bulla y politización permanente (que contrasta, y convive, con el carácter bullero y alegre del que ellos mismos se enorgullecen), que me obliga a mí –como corresponsal de la BBC– a ser profundamente cuidadoso, no solo con lo que digo y reporto, sino también con los lugares que frecuento, la gente con la que tomo café e incluso, con los colores de la ropa que uso.

Más allá de mis intenciones reales, cualquier cosa que haga es susceptible de interpretaciones. Ya me ha pasado que me han llamado tanto «enviado del imperialismo» como «peón del régimen».

Esto, por supuesto, no es nuevo. Y 2014 no fue un año noticioso en el sentido tradicional de la noticia venezolana: no hubo elecciones presidenciales ni murió el líder político que dividió la historia de Venezuela en dos.

Pero fue un año en que se profundizó la crisis económica más grande que ha vivido el país en años. Un año en que las divisiones en ambos frentes políticos resultaron inocultables.

Fue el año de las protestas más grandes que ha enfrentado el gobierno revolucionario.

Y se trató del primer año en el que Hugo Chávez, fallecido en 2013, salió de la agenda política más allá referencias simbólicas o retóricas que se hacen de él constantemente.

Este año en Venezuela, a diferencia de los anteriores, más que de un hombre, se habló de un país.

Y eso nos obligó a los periodistas a contar las complejidades de una nación que no termina de definirse.

Las protestas

La gran historia del año, por supuesto, fue la ola de protestas a lo largo del país en contra del presidente, Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos, decenas de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y miles de detenidos, entre ellos importantes políticos opositores, como Leopoldo López.

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Para tener una muestra de la complejidad, miremos esos tres datos: 43 muertos, incontables denuncias de violaciones a los derechos humanos y políticos presos.

A 11 meses de las protestas, los venezolanos se siguen peleando por la propiedad de esos fallecidos: si son del gobierno, o si son de la oposición.

Lo cierto es que no todos son Guardias Nacionales ni todos son estudiantes opositores.

La falta de consenso, entonces, hace que ese ya famoso «43» no sea, solamente, una cifra. Sino una evidencia más de la polarización.

Las supuestas violaciones a los derechos humanos fueron todo un reto para los periodistas durante las protestas: ¿cómo les creemos a quienes denuncian, si su interés, desde el momento en que salieron a protestar, era criticar al gobierno?

Muchas de las ONG y los abogados vinculados a las denuncias no eran imparciales.

Sin embargo, las pruebas que nos mostraron –los moretones, la llagas, las lágrimas– eran impactantes.

Pero por muy veraces que parecieran, las pruebas también pueden estar politizadas.

Y sobre los políticos presos la complejidad se puede reducir incluso al orden de las palabras: si uso la expresión «político preso», me califican de chavista; y si uso «preso político», me llaman opositor.

Durante el año, además, muchos de los medios de comunicación venezolanos cambiaron de línea editorial, para dejar un panorama muy opaco: aquí, hoy en día, prácticamente no hay medios independientes.

Y la queja constante de los periodistas aumentó en el 2014, según me cuentan quienes llevan más tiempo que yo acá: «La fuente oficial no colabora», decimos.

Cada es más difícil que los funcionarios del gobierno nos contesten el teléfono.

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Un evento, dos interpretaciones

En medio de la tensión política que generaron las protestas, tuve que reportear una de las grandes historias económicas del año: las máquinas captahuellas que buscan controlar -o racionar- las compras de la gente en los supermercados.

Según el gobierno, las máquinas –que registran quién, cuándo y qué se compra– son una medida para acabar con la «guerra económica» que, a través del acaparamiento, atacó Venezuela este año.

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Uno de los comercios donde empezó el proceso de registro para el sistema estaba dentro del aeropuerto militar de La Carlota, en el este de Caracas.

Allí hablé con algunas personas. Pero estuve poco tiempo, porque ya estaban cerrando el supermercado.

Cuando estaba por irme, me agarraron de los brazos cinco hombres altos y fornidos, que me metieron en un carro, me quitaron todas mis pertenencias, me gritaron «cállate, no hables» y me llevaron a una pequeña casa ahí mismo en La Carlota.

Eran policías que dijeron haberme detenido por estar en «actitud sospechosa».

Después de un interrogatorio de una hora, verificaron mis credenciales con el Ministerio de Comunicación y me dejaron ir.

El mototaxista con el que yo iba, a quien esposaron y también interrogaron, salió llorando. «Yo no he hecho nada malo, yo tengo hijos», decía.

Yo estaba –y aún estoy– igual de confundido.

Mis conocidos opositores sostuvieron que la detención se dio porque el gobierno no quería que reportara esa historia: «Te tienen los teléfonos intervenidos, sabían que ibas para allá», me dijeron.

Mis conocidos chavistas, mientras tanto, aseguraron que no he debido entrar a una base militar sin avisar de antemano: «Tú sabes que la amenaza de un ataque internacional siempre está».

Conocidos que no sean de ninguno de los dos bandos no tengo. Y hasta ahora no sé qué fue, realmente, lo que pasó ese día en La Carlota.

Apenas un detalle en un año que estuvo, como dicen, «fregado».