Un macroperativo de la Ertzaintza peinó el domingo la ciudad de Vitoria a la caza de los presuntos miembros de la red que trae menores de Pakistán para vivir de las instituciones, una trama cuya existencia adelantó EL CORREO. Asimismo -confirmaron fuentes policiales- existen «suficientes indicios» de que esta organización también falsea documentos oficiales para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), las ayudas sociales mensuales destinadas a personas sin recursos, y que van desde los 616 euros hasta rozar los 1.200.
El lunes, efectivos de la Policía autónoma detuvieron a uno de los supuestos cabecillas de esta mafia y trataban de localizar a otra treintena de implicados. Unos se consideran integrantes y otros, supuestos beneficiarios.
La voz de alarma dada por la Diputación de Álava, a través del Gabinete de Javier De Andres, ha sido clave para destapar esta supuesta trama. En los dos últimos años hubo momentos en que el 50% de los ‘menas’ -menores extranjeros no acompañados- bajo tutela foral procedían de Pakistán.
Esta circunstancia llamó la atención de la Administración foral, que abrió una investigación en un intento de hallar alguna explicación. Las pesquisas llevadas a cabo -trasladadas a instancias judiciales- permitieron destapar esta presunta red especializada en traer a Vitoria menores pakistaníes -con el beneplácito de sus familias de origen- para aprovecharse del sólido sistema de protección social de la provincia. El entorno de cada chaval pagó entre 2.000 y 6.000 euros por este ‘Erasmus’ en Vitoria. Por ley, la Diputación debe garantizar techo, alimención y escolarización a los ‘menas’ a su cargo hasta que alcancen la mayoría de edad.
Ingresar por partida doble
La investigación completada por la Ertzaintza ha sacado a la luz un fraude mayor de lo esperado. Porque esta mafia, compuesta por pakistaníes adultos, también «falsea documentos para acceder a la RGI» que vendería a compatriotas.
Hay constancia, por ejemplo, de certificados de empadronamiento adulterados. Así sortearían la normativa vigente, que marca un mínimo de tres años de «residencia efectiva» para acceder a estas prestaciones. Agentes consultados deslizan que esta técnica también la usarían perceptores pakistaníes para «cobrar por partida doble la RGI y la PCV».
La Policía autónoma estima que todavía queda una treintena de sospechosos por localizar. La dificultad para hallarlos, manifiestan las mismas fuentes, responde a que no viven donde señala su documentación oficial, la misma que posee Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para abonarles las ayudas sociales. Algunos «podrían hallarse en Pakistán», donde ejercerían de ganchos para traer menores a Álava.