“Los ajustes hacen parte del día a día de la economía y nunca son un fin en sí mismo. Son medidas necesarias a largo plazo, pero nuestro objetivo continúa: crecimiento económico e inclusión”, subrayó Rousseff, quien asumió para un segundo mandato el pasado 1 de enero.

Tras cuatro años de bajo crecimiento con elevada inflación y las cuentas públicas en rojo, el Gobierno de Rousseff ha anunciado diversos ajustes fiscales para equilibrar las cuentas y poder alcanzar la meta de superávit primario equivalente al 1,2 % del producto interno bruto (PIB), fijada para 2015.

Por el momento, el Gobierno brasileño ha anunciado un primer recorte de 22.700 millones de reales (unos 8.357 millones de dólares) en el presupuesto nacional de 2015, que afectará a los llamados “gastos discrecionales”, que implican viajes, dietas y otros asuntos considerados “no obligatorios”.

También implantó un alza de los impuestos indirectos que se aplican a los combustibles, los productos importados y las operaciones de crédito, con los que se pretende aumentar la recaudación en unos 20.000 millones de reales (7.547 millones de dólares) este mismo año.

Rousseff ha reiterado en más de una ocasión que las decisiones del Gobierno en materia económica apuntan a retomar el crecimiento, pero con el menor sacrificio posible para los más pobres.

“Los ajustes que estamos realizando son necesarios para ampliar el rumbo” comentó en su mensaje la presidenta, quien subrayó que Brasil deberá lidiar con “las incertidumbres y las oscilaciones del escenario internacional que todavía deben marcar 2015″.

La jefa de Estado también hizo referencias a la corrupción, pero evitó hablar directamente de las denuncias contra la petrolera estatal Petrobras, inmersa en un gigantesco escándalo de desvío de dinero.

En ese sentido, la mandataria pidió a los congresistas apoyo para aprobar un “paquete” de medidas contra la corrupción, que la propia Rousseff pretende enviar al Congreso para su tramitación, entre las que se encuentra un mayor castigo a los funcionarios que comentan este tipo de delitos.

“Al contrario de lo que sucedía en un pasado reciente, hoy Brasil avanza firme en el combate a su histórica impunidad”, destacó.

Entre las medidas citó la que permite sancionar con rigor a funcionarios públicos que se enriquezcan ilícitamente, una destinada a agilizar los procesos judiciales que supongan desvíos de recursos públicos, otra que permita recuperar los bienes adquiridos de forma ilícita o la que facilita el procesamiento de altos cargos con foro privilegiado.

En materia de seguridad, Rousseff defendió una mayor participación del Gobierno federal en esta área, que hoy se encuentra principalmente a cargo de los gobiernos regionales.

Infolatam