Por «salvajes», por «incivilizados» y por ser de «una raza extranjera», los nacidos en la Samoa Americana no son ciudadanos de Estados Unidos.
Esos son los términos en los que se basó la Corte Suprema a principios del siglo XX para no otorgar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en estas islas ubicadas en el oceáno Pacífico y que desde 1929 son territorio no incorporado de EE.UU.
Este tipo de casos se conocen como «Los casos insulares», porque por ejemplo, este conjunto de islas está ubicado más cerca de Nueva Zelanda (2.700 kilómetros) que de Estados Unidos (están a unos 7.800 km de San Diego, California).
Y no sería más que un recordatorio del pasado racista de la política estadounidense si no fuera porque ha sido la jurisprudencia utilizada por el gobierno de Washington para oponerse a la demanda de un grupo de samoamericanos que piden ser ciudadanos por nacimiento como cualquiera que nace en territorio estadounidense.
«El contenido de ‘Los casos insulares’ es una vergüenza para el constitucionalismo de EE.UU. que debería ser superada», le dijo a BBC Mundo el profesor Rogers Smith, politólogo experto en etnicidad y ciudadanía de la Universidad de Pensilvania.
«Pero el gobierno sigue considerando que sirve mejor a los intereses del país que se mantengan los poderes del Congreso sobre estos territorios estratégicos», agregó Smith.
Lo cierto es el gobierno no usa esa jurisprudencia porque siga considerando a los samoamericanos demasiado «salvajes» sino por la distinción que hace de territorios «incorporados» y «no incorporados».
Así, Gerald Newman, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, considera que si bien «‘Los casos insulares’ son un legado negativo, las normas que crearon pueden ser usadas en una forma positiva y no necesariamente racista».
«En la actualidad, la flexibilidad que resulta de la doctrina de esa jurisprudencia puede ser usada por los territorios del Pacífico para proteger a la población indígena», le dijo Newman a BBC Mundo.
«Los casos insulares»
La doctrina de «Los casos insulares» fue creada cuando Estados Unidos le ganó la guerra a España en 1898 y se hizo con unos territorios que quería, pero sin otorgar derechos completos a sus habitantes.
La solución del juez Henry Brown, quien inventó las dos categorías, fue distinguir los «incorporados», como los que algún día serían Estado, y los «no incorporados», como las islas que quedaban fuera de esa senda.
Y justificación que dio Brown fue que los «incorporados» estaban habitados por blancos, mientras otros, como la Samoa Americana, no. Darle la ciudadanía a personas de otras razas «podía poner en peligro la sociedad estadounidense».
La diferencia fundamental resultó en que a los no incorporados no se les aplica la Constitución de forma íntegra.
Así, los samoamericanos no se pueden beneficiar de la 14ª Enmienda que dice: «Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos».
Por el contrario, los samoamericanos son «nacionales» o «ciudadanos de segunda clase», como le dijo a BBC Mundo Loa Pele Flatelogo, presidente de la Federación Samoana de EE.UU.
«Somos tratados como extranjeros cuando se supone que somos ‘nacionales’ de EE.UU.», se quejó Flatelogo.
Para retar esa situación, Flatelogo y un grupo de samoamericanos llevaron a los tribunales al gobierno de EE.UU.
«Desde principios del siglo XX, somos territorio de Estados Unidos y seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda clase», lamentó.
Samoa Americana tiene unos 55.000 habitantes que sirven en el ejército de Estados Unidos y pueden vivir y trabajar en el resto del país.
«No puedes votar en EE.UU., tienes que naturalizarte. Y el problema es que tampoco lo puedes hacer aquí porque si vives en EE.UU. pierdes el derecho a votar acá. Es decir, pierdes el derecho a participación política», le explicó a BBC Mundo el abogado Charles V. Alailima, uno de los demandantes.
Alailima agregó que otro problema que enfrentan es que «hay empleos del gobierno que son sólo para ciudadanos y un ‘nacional’ no puede obtenerlo».
«Y sobre todo, ¿por qué tenemos que naturalizarnos?, ¿por qué tenemos que demostrar que somos parte de EE.UU. cuando ya lo somos?».
«Que decida el pueblo»
Aunque por otro lado conservan algunos «privilegios», como que no pagan el impuesto federal de la renta y tienen un cierto nivel de autonomía y respeto a sus usos y costumbres locales.
Lo que lleva a que haya samoamericanos que se oponen a la «ciudadanía por nacimiento». Temen que la asimilación con el resto de EE.UU. vaya más allá que obtener una ciudadanía.
Por ejemplo, no quieren terminar con la particular estructura de la propiedad de la tierra que rige en las islas: un 90% es comunal y se transmite por generaciones dentro de las familias o clanes.
Esas tierras no pueden pasar a manos de nadie con menos de un 50% de sangre samoamericana.
El estatuto ciudadano de los samoamericanos debería ser decidida por el pueblo samoamericano y no los tribunales
Algo que, por constituir una discriminación racial, no podría ser sostenido ante un tribunal estadounidense.
«Están muy preocupados sobre la propiedad de la tierra», le dijo a BBC Mundo el profesor Smith.
«Los samoamericanos apoyan continuar con el estatuto de ‘nacionales’ porque creen que eso implica que la Constitución puede impedir que se restrinja la venta de tierras», agregó.
La congresista Amata Radewagen, delegada ante el Congreso de la Samoa Americana, considera que se trata de una cuestión que no debería ser resuelta por un tribunal.
«El estatuto ciudadano de los samoamericanos debería ser decidido por el pueblo samoamericano y no los tribunales», dijo la congresista en una declaración transmitida a BBC Mundo por un miembro de su equipo.
«Planeo seguir abogando por la posición que creo que protege mejor los intereses de nuestra gente y sirve para preservar nuestra cultura», agregó.
El profesor Newman explica que estas reticencias por el temor a que «la flexibilidad para gobernar la sociedad de manera más acorde a costumbres locales sería eliminada».
«Desde mi punto de vista como observador, creo que no hay una conexión necesaria entre la ciudadanía y otros derechos. Pero es razonable pensar que el desarrollo legal podría extenderse. Así que creo que hay buenos argumentos en ambos lados».
De momento, los nacidos en la Samoa Americana seguirán siendo los únicos que hacen fila en las oficinas de inmigración para naturalizarse con un pasaporte estadounidense en la mano.
Sólo que ese pasaporte tiene una apostilla al final: «El portador es un ‘nacional’ de EE.UU. y no un ‘ciudadano’ de EE.UU.».