Ya lo sabiamos, pero no está de más ratificarlo porque siempre hay personas que piensan que esto no es posible.

Si estimados lectores, nuestra soberanía se ha vendido. Ahora somos esclavos y nuestros carceleros son los políticos que «habíamos elegido democraticamente».

La Constitución de España se redacta fuera, por el Sr. Trichet.

El Banco Central Europeo impuso la reforma exprés de la Constitución para limitar el déficit. Así lo reconoció el propio presidente de la institución, Jean Claude Trichet, quien ayer aseguró ante el Parlamento Europeo que se lanzó un «mensaje claro» a España sobre las medidas que había que tomar para contar con el respaldo de Frankfurt ante la presión de los mercados a la deuda soberana española.

«No hubo negociación» sino una lista de tareas para nuestro país, dijo minutos antes fuera de micrófonos Trichet al vicepresidente de la comisión de Asuntos Económicos, José Manuel García Margallo, según contó el eurodiputado del PP a este diario.

Aunque no aclaró ni al eurodiputado popular ni ante el resto de la comisión si fue por carta, el «mensaje claro» fue que España debía asumir un compromiso con la estabilidad presupuestaria para que el BCE se embarcara en la compra de bonos que mitigara la desconfianza de los inversores de hace dos semanas.

«Tiene toda la lógica», opina García Margallo, porque tiene que asegurarse que los países van a pagar los compromisos con sus acreedores, en este caso el mismo. Sin embargo, nuestro país ha sido el primero en dar un paso que Alemania, abanderada de la disciplina fiscal más ortodoxa, lleva meses pidiendo al resto de la eurozona, en un gesto que no sólo ha roto la flexibilidad tradicional dentro del PSOE respecto al déficit, sino que también ha abierto una batalla cogiendo al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba con el pie cambiado, obligándole a corregir el discurso más escorado a la izquierda con el que había abierto su campaña.

García Margallo explicó que Trichet no le aclaró si en el mensaje para España quedaban aún otras medidas que tomar, además de las ya aprobadas por el Consejo de Ministros y de la reforma de la Constitución, ni tampoco le respondió si el BCE va a continuar con la compra de bonos, antes de que se apruebe la reforma del fondo europeo de rescate.

Frankfurt ha reducido sus intervenciones para ayudar a España e Italia, y si en la primera quincena llegó a comprar 22.000 millones de ambos países, la semana pasada se redujo hasta los 6.551 millones de euros en deuda, principalmente española e italiana.

«No me consta la carta del BCE»
El portavoz del Ejecutivo socialista, José Blanco, negaba el pasado viernes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el BCE hubiera pedido a España un cambio en la Carta Magna para frenar el déficit. «Yo no tengo constancia de que haya existido una carta del BCE» a España, aseguró entonces Blanco.

Fuente: La Razón 

 

 

Lo que no te han contado de la reforma constitucional: ¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis?

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL TECHO DE LA DEUDA

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Sin embargo parece que nuestra Constitución la deciden ahora Merkel y Sarkozy de espaldas a la ciudadanía, y con formas anti-democráticas que contradicen a la propia Constitución.

 

Se ha publicado ya en distintos medios artículos sobre la modificación del artículo 135 de la Carta Magna, pero en casi todos ellos la discusión se está centrando en el tope del déficit del 0,4% y no en las consecuencias reales que se derivan de esa reforma.

Hay ciertos puntos sobre los que Democracia Real Ya! considera que debe centrarse el análisis del artículo 135 por su especial gravedad:

¿Qué supone limitar el déficit de un país en tiempos de crisis?

1: TECHO DE GASTO

El superávit o déficit presupuestario de un país es la diferencia entre los ingresos y gastos en un año. El importe del déficit/superávit mide lo que nos endeudamos o ahorramos colectivamente al final del año. Limitar el déficit limita la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales, desde las pensiones, sanidad, educación,… hasta los transportes, cuerpo de bomberos, salario de funcionarios, etc…

El problema en España no es el déficit, sino la caída de ingresos, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria. El déficit que define la UE, no es el déficit real. Es decir, no incluye ciertos gastos como gastos, sino en otras partidas. El déficit real de países como Alemania es mucho más elevado que el de España, sin embargo se escuda en su definición contable que no incluye las enormes cantidades monetarias que ha gastado en rescatar a sus bancos.

Así pues se acusa a ciertos gastos, especialmente los sociales, de ser los causantes del incremento de la deuda simplemente porque aparecen contabilizados de esa manera. Pero en el caso de Alemania, Luxemburgo o Reino Unido, los causantes del incremento de la deuda son los gastos financieros destinados a “parchear” unos bancos que han jugado a la ruleta de la fortuna con los ahorros de sus ciudadanos.

Forzar el equilibrio de la balanza fiscal española para garantizar el pago de la deuda a Europa implica una pérdida total de soberanía económica. Los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozarán de prioridad absoluta, por encima de cualquier gasto social. Buena parte de la nueva deuda que emitamos se destinará a pagar la deuda ya existente, llevándonos a una espiral de deuda que jamás podremos terminar de pagar. Un gran negocio para nuestros acreedores, que principalmente son la banca francesa y alemana.

2: PRIORIDAD ABSOLUTA DE BANCA:

Con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, diputación, comunidad o el estado central esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, además de ingresos, cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones,… ni ningún tipo de gasto hasta que no haya cubierto totalmente dicho importe.

En la liquidación de las empresas, cuando quiebran, lo primero que pagan son los salarios y después al resto de proveedores, porque se considera que los asalariados son la parte débil que no debe pagar los riesgos que supone un negocio, ya que no se beneficia cuando aumentan los beneficios. La gran diferencia es que en este caso se prioriza y beneficia a los bancos, que evidentemente no son la parte débil, pero sí son quienes realmente redactan nuestra leyes.

3: NO SE PODRÁ NEGOCIAR

Este punto es de vital importancia porque entra en vigor en pocos días y supone, además, que en el caso de un ataque especulativo o un cierre de mercados, ni pensionistas, ni trabajadores podrán cobrar.

En determinados momentos nos encontramos con que los intereses de la deuda pública se disparan; por ejemplo ahora Grecia tiene los intereses por encima del 10%. En estos casos, normalmente acaba con una suspensión de pagos y negociación con los bancos con quien tienen la deuda.

Lo normal es que en una suspensión de pagos, se suspendan los pagos de deuda pública, porque son los que han asumido un riesgo, precisamente porque obtienen muchos beneficios a través de la prima de riesgo, pero que se sigan pagando nóminas, prestaciones, servicios públicos y todo lo demás para que el estado siga funcionando.

La reforma constitucional lo que quiere implantar es que no se pueda hacer esto. Lo que se ha ordenado es la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca, ya que estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Incluso en el caso de tener superávit, en un momento de falta de liquidez, no se permitiría pagar nada hasta no haber liquidado la deuda.

La conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación significa LA ABOLICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Si el estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, TODOS los demás artículos de la constitución quedan en NADA.

Desde Democracia Real YA! reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros y por ese motivo seguimos oponiéndonos tajantemente a este tipo de medidas. La reforma constitucional propuesta por PP y PSOE al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, supone un golpe de estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que son la base de nuestra actual Constitución.

Fuente: democraciarealya.es