La Conferencia Episcopal cree que «legaliza» la eutanasia. Ejercerá una «intolerable presión social» sobre ancianos, argumentan. José Antonio Martínez Camino contradice la opinión inicial de Antonio María Rouco Varela sobre la nueva ley. Se avecinan tiempos interesantes.

Agencias

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado este lunes que el proyecto de ley de «muerte digna» podría suponer «una legalización encubierta de prácticas eutanásicas» y que además «no tutela bien el derecho constitucional de libertad religiosa».

Por ello, no debe ser obedecida, a juicio de los obispos, porque llevará «verdaderos homicidios» y aboga por que se modifique o no se apruebe directamente.

La reunión de la Comisión Permanente de la CEE ha emitido una declaración sobre «el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida», en el que advierte de que la legalización «expresa o encubierta» es inaceptable y crearía una «intolerable presión social» sobre ancianos, discapacitados o incapacitados y conduciría «a verdaderos homicidios».

En el documento, los obispos advierten de que «las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas», ya que ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban.

El documento también subraya que con este análisis la CEE no está tratando de «imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social», y que lo que advierte es de que «las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas», sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana.

El secretario general y portavoz de la CEE, José Antonio Martínez Camino, ha señalado en rueda de prensa que la norma no es una «ley justa» y que, por tanto, «no obligaría a su cumplimiento si no se modifica».

En este sentido, ha asegurado que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que «justamente» la «está ejerciendo de manera fundamental». Además, ha advertido de que no debería haber prisa en regular un asunto de «tal trascendencia».

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