Mediante el asesinato masivo de pobladores palestinos, la expulsión y el sometimiento de millares de ellos y la confiscación de sus tierras y de sus bienes ancestrales, el Estado sionista de Israel ha implementado una limpieza étnica que, pese a la condena que ha merecido a través del tiempo de parte de organizaciones, gobiernos y pueblos de todo el mundo, mantiene inalterable, buscando así desterrar por completo cualquier vestigio que recuerde la presencia del pueblo palestino.

Es, prácticamente, un genocidio a cielo abierto, presenciado desde todas las latitudes, sin que haya existido un mecanismo efectivo para contenerlo y erradicarlo, dándosele la oportunidad de vivir como pueblo libre a Palestina.

De este modo, el bloqueo ilegal e inhumano que el régimen israelista le impone a la población gazatí ha impedido la reconstrucción de sus viviendas, bombardeadas con frecuencia por sus fuerzas de defensa, sin considerar la muerte ocasionada a cientos de familias enteras.

 Lo mismo se observa con las restricciones respecto a la adquisición de materiales e instrumentos de primera necesidad, en lo que recuerda al viejo ghetto y el apartheid implantados, respectivamente, en la Alemania nazi y Sudáfrica.

Todo ello, en conjunto, representa sin duda una gama innumerable de crímenes de lesa humanidad, violatorios del derecho internacional y de todas las normativas sancionadas y establecidas por la ONU; cuestión que no podría ignorarse, evitando el riesgo nada descartable de ser estigmatizado de antisemitismo.

No obstante, gracias a la ayuda política, financiera y militar de la Unión Europea y de Estados Unidos, Israel ha podido establecer sin marcha atrás un proceso de colonización y de despojo arbitrario en contra del pueblo palestino, incluyendo la aplicación de leyes discriminatorias y violatorias de los derechos humanos más elementales, a tal punto que se reprime, maltrata, asesina y encarcela a un gran número de niños y adolescentes, sin que la Unicef u otro organismo internacional pare tales atropellos.

Algo semejante ocurre con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyas conclusiones en 2004 sobre la construcción del muro de la vergüenza, determinaron entre otras cosas que el Estado sionista de Israel tendría la obligación de detener inmediatamente la construcción de este muro, destruir los tramos existentes, eliminar el sistema de asentamientos ilegales adyacente, además de reparar los daños causados a las familias palestinas afectadas.

Igualmente, la CIJ señaló que «cualquier Estado» que sea Alta Parte Contratante de los Convenios de Ginebra «tiene la obligación de asegurar que se cumplan las exigencias de los instrumentos en cuestión» y que «la ONU, y especialmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deben estudiar qué otras medidas son necesarias para poner fin a la situación ilegal que se produce como consecuencia de la construcción del muro».

Sin embargo, todo esto ha quedado en letra muerta. Entre tanto, la población palestina sigue siendo víctima de la represión y el odio de los israelitas, a tal punto que se les impide visitar sus lugares santos, como la mezquita de Al Aqsa.

Esta política -desde todo punto de vista racista y genocida- busca desconocer absolutamente la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, la cual decidió la culminación del mandato ejercido por Gran Bretaña sobre el territorio de Palestina y la partición del mismo en dos Estados: uno judío, con 14.500 km2 y otro árabe, con una superficie de 11.000; mientras que la ciudad histórica de Jerusalén quedaría como una entidad separada bajo la administración de la ONU.

De esta forma, Israel -desplazando a sangre y fuego a los palestinos- tendría justificada su aspiración de poblar un territorio sin habitantes y re-crear lo que sus dirigentes sionistas han llamado el Gran Israel (Eretz Israel), dominando toda la extensión comprendida entre el río Nilo y el río Eúfrates, incluyendo a Siria, Líbano, la parte noriental de Irak, la parte norte de Arabia Saudita, la franja costera del Mar Rojo y la península del Sinaí de Egipto; lo que explicaría también su respaldo a los terroristas del autodenominado Estado Islámico junto con Estados Unidos.

Fuente: Homar Garcés , Aporrea.org