La medida impuesta por el presidente Macri ha sido llamada “el tarifazo” y representa un aumento de hasta el 300% del costo de electricidad.
El Gobierno de Argentina, liderado por el neoliberal Mauricio Macri, oficializó mediante la Resolución 6/2016 el aumento de la tarifa del servicio eléctrico hasta un 300 por ciento.
El documento establece una “emergencia” en el sector eléctrico nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, y con ello, el Gobierno pretende “adecuar” la calidad y seguridad del suministro de este servicio hacia condiciones que denominó como “económicamente adecuadas”.
De esta manera, el Gobierno de Macri elimina los subsidios en el consumo de energía, lo que ha causado preocupación en los argentinos.
La organización de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) criticó la medida, que han llamado “el tarifazo”, debido a que no ha sido explicada por el Ministerio de Energía, aún cuando solo faltan unos días para que comience a regir.
El titular de Deuco, Pedro Bussetti, destacó que antes de eliminar los subsidios, el Estado debió convocar audiencias públicas para aprobar los nuevos cuadros tarifarios, sin embargo, no ocurrió así.
Esta medida se suma a otras políticas de “ajuste” o recortes del presidente Macri, entre ellas, los miles de despidos del sector público, la intervención de los entes reguladores de los medios de comunicación, la liberación del dólar que causó la devaluación del peso y la negociación con los fondos especuladores, conocidos como “fondos buitre”.
Mauricio Macri llegó al poder con el “lema de pobreza cero”, sin embargo, a solo 30 días de gestión fueron despedidos al menos 24 mil trabajadores públicos.
Mucho de los afectados se dedicaban a la promoción de planes del Estados en zonas populares, otros tantos se encargaban de analizar los precios de productos de consumo masivo y de suministrar información a las fuerzas policiales y castrenses del país.
Las políticas de Gobierno que adelanta Macri no sólo perjudicaron a los más de dos mil trabajadores del Congreso, que fueron despedidos por pensar diferente a su línea de gestión, también dejó sin empleo a unos 489 funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes tramitaban los casos de violencia institucional y seguimiento de juicios de lesa humanidad.
El periodista uruguayo, Víctor Hugo Morales, también fue despedido de una emisora privada argentina, tras casi 30 años de labor periodística.
A su parecer, se debió a su verbo contrario al Gobierno de turno.
Mientras que la activista indígena y diputada del Parlasur, Milagro Sala, fue detenida el 16 de enero y será imputada por dirigir una concentración contra el recorte de la partida en la Provincia de Jujuy para la construcción de viviendas de la cooperativa Túpac Amaru.
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