Los hechos del martes 16 de febrero en el puente sobre el Río Grande de Térraba, recrudece el debate sobre los Derechos Humanos y la criminalización de la protesta en Costa Rica.

Máxime las organizaciones sociales que han denunciado las injusticias que viven los pueblos indígenas y campesinos en el marco del despojo de las tierras para fines comerciales.

Y una la solidaridad que es etiqueta de insurrecta por los agentes policiacos.

Una escenario que tiñe la supuesta cultura de paz de sangre, por la fuerza, por la agresión y violencia, a quienes trabajan la tierra y defiende con sus sentimientos la vida y la verdadera Costa Rica libre y justa…

Los relatos y vista son una muestra de lo que el actual gobierno dirigido por Luis Guillermo Solís ejecuto contra un pueblo que exige el derecho a la tierra.

Aunque se acogió un recurso de amparo y la sala de lo Constitucional haya suspendido el desalojo, aun detenidos están Luis Chinchilla, Manuel Ávila Amador, Mauro Mesa Arias, Laureano Díaz, Erick Cevallos y Alex Azofeifa. Todos en la cárcel de Uvita al sur del país.

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