La multinacional reconoce por primera vez que detectó conductas prohibidas en su código de buenas prácticas que originaron una crisis en la división española el pasado noviembre. Los presuntos pagos tienen que ver con la prescripción de un medicamento cuya cuota de mercado estaba amenazada porque la patente iba a caducar.

El 19 de noviembre de 2015 un cataclismo sacudió la sede de Pfizer España en el parque empresarial de La Moraleja, 15 kilómetros al norte de Madrid. El primer ejecutivo de la farmacéutica en el mundo, Ian Read, había tomado las riendas de una crisis que hasta ese momento no pasaba de rumores de pasillo en las oficinas españolas.

Ese día rodaron cabezas. Una treintena de directivos y delegados comerciales empezaron a desfilar desde sus despachos con las cartas de despido, entre el pasmo general de sus compañeros y un absoluto secretismo de la dirección. Treinta salidas sin un ERE, sin negociación con los sindicatos, sin una comunicación oficial. La criba se llevó por delante a varios peces gordos.

José Precedo
eldiario.es