La Comisión Europea ha decidido ignorar el principio de precaución –esgrimido por diferentes organizaciones europeas- y propondrá a los Estados una reautorización por 9 años del uso del glifosato, un herbicida calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
La propuesta de la Comisión será votada el miércoles 18 de mayo en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos.
Una campaña de 150 organizaciones europeas, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, CC OO o Greenpeace, pide a las autoridades europeas actúen teniendo en cuenta el principio de precaución, que recomienda que ante la falta de consenso científico sobre las consecuencias de este componente para la salud y el entorno, se opte por retirarlo de forma cautelar.
La propuesta de la Comisión fija el periodo de autorización del herbicida hasta el 30 de junio de 2025 frente a los 15 años propuestos originalmente.
Además, condiciona el uso del glifosato a la evaluación –prevista para finales de 2017- de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas (ECHA).
Precisamente, este es uno de los aspectos criticados por las organizaciones, dado que la actual regulación europea de plaguicidas –recogida en el reglamento Nº 1107/2009 sobre la comercialización de plaguicidas- ya obliga a la industria a demostrar “que las sustancias o productos producidos o comercializados no tienen efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente” y establece que “la sustancia activa de los plaguicidas solo debe ser autorizada si “no está o no va a estar clasificada como carcinógena”.
Algo que no se sabrá hasta el dictamen del ECHA a finales de 2017.
Según denuncian las organizaciones, el actual Gobierno español en funciones ha dado su apoyo al informe de la Comisión Europea, tal y como les trasladó en una reunión celebrada el pasado jueves el Director General de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín de Lara Almansa.
Esta dirección general es precisamente la que encabeza la delegación española en el comité de representantes que deberá decidir el próximo día 18 sobre la autorización o no del glifosato.
La Comisión Europea no ha sido del todo sorda a las presiones de los grupos contrarios a este herbicida. Así, ha reconocido que esta sustancia afecta al medio ambiente y recomienda su reducción o prohibición en parques públicos o jardines, áreas de recreo y deportes, zonas escolares y de juegos infantiles y en las inmediaciones de los centros de salud.
No obstante. Pero deja libertad a los Estados para establecer regulaciones en este sentido.
Aparte de su uso en parques y jardines -ya prohibido en ciudades como Madrid-, el glifosato está asociado a los monocultivos transgénicos como la soja, denunciados por sus efectos sobre el medio ambiente, la economía de los países empobrecidos y la soberanía alimentaria.