El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que, a raíz de la instalación del Mando Único en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, formalizado hace aproximadamente cinco meses, comenzó la descomposición social de la comunidad, pues entre las primeras tareas que han recibido los uniformados está la de reprimir el descontento social.

Aunque aparentemente la autoridad municipal aceptó el incremento del índice delincuencial, argumentó que se trataba de delincuencia común; sin embargo, Roberto Mendoza Pérez, representante de la comisión de Derechos Humanos del FNLS afirmó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que ha habido cinco ejecuciones extrajudiciales y varias desapariciones forzadas, hechos que consideran una práctica recurrente y parte del “terrorismo de Estado” instrumentado desde la cúpula gubernamental.

A pesar de que los casos han sido denunciados oportunamente, agentes del Ministerio Público no reportan ningún avance en la investigación de los mismos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ni siquiera ha emitido un pronunciamiento formal sobre esta problemática que incluye la violación de garantías individuales.

“Creemos que es parte de la instauración de un Estado policiaco-militar a nivel nacional y por supuesto, para respaldar a quienes, en los últimos años, han sido la punta de lanza para golpear a diversas organizaciones en Chiapas y concretamente al FNLS en la región de Ocosingo”, detalló Mendoza Pérez.

El activista explicó que en la entidad fronteriza –gobernada por Manuel Velasco, quien arribó a la gubernatura en 2012 tras encabezar la alianza electoral entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (NA)- se ha desatado una represión masiva, pero al mismo tiempo enfocada a los movimientos y esfuerzos organizativos de carácter democrático e independiente, que denuncian la corrupción del sistema político mexicano.

Desgraciadamente, la problemática de desapariciones forzadas no es nueva, data de los años 70, con motivo de las luchas campesinas, principalmente encabezadas por la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

La irrupción en el escenario político, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también dejó una estela de ausencias obligadas, pero el fenómeno se ha recrudecido en el marco de las movilizaciones del movimiento magisterial chiapaneco.

 A pesar de ello, en Chiapas son pocas las organizaciones que exigen la presentación con vida de personas detenidas de manera ilegal y los desaparecidos.

Mendoza Pérez detalló que en 2013 se registraron la menos dos casos de desaparición forzada temporal, pero “fue muy poca la difusión”.

En noviembre de 2013, se denunció la desaparición de Luisa Margareth Castillo Mora, activista y líder sindical de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La también simpatizante del movimiento magisterial desapareció de la plaza de San Francisco, en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas.

Días más tarde, Castillo Mora fue puesta en libertad y denunció que sus captores la torturaron física y psicológicamente; además, el gobierno de Velasco pretendió criminalizarla y justificar su desaparición al tratar de vincularla con el crimen organizado.

En Tuxtla Gutiérrez, una estudiante también desapareció por algunos días.

 “Esos casos evidencian que la desaparición forzada es una práctica recurrente en Chiapas; podemos decir que es parte del terrorismo de Estado que se aplica en la entidad, principalmente porque hay organización de la ciudadanía, tanto en el campo como en la ciudad, que denuncia las consecuencias de las políticas neoliberales impuestas en el país”, sostuvo Mendoza Pérez.

Aunado a la omisión e ineficiencia de las autoridades locales, las organizaciones sociales que intentan visibilizar esta problemática, se ven rebasadas por la realidad. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado al menos 30 casos de desaparición forzada y represión en la entidad -de 1994 al año 2000, principalmente vinculadas a agresiones de grupos paramilitares y del Ejército- pero sigue sin haber una cifra exacta que dé cuenta de la magnitud del problema; sin embargo, la población chiapaneca se calcula que los casos de desaparición forzada por motivos políticos y sociales alcanzan el centenar.

Roberto Mendoza Pérez denunció que a pesar de las constantes exigencias al gobierno de Velasco para que se investigue, los crímenes se mantienen en la impunidad. Además de exigir se lleve ante la autoridad a los autores materiales e intelectuales de decenas de desapariciones forzadas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exige se aclare la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López –ocurrido el 29 de septiembre del año pasado, a manos de un grupo paramilitar denominado “Los Petules”- y el intento de asesinato de Emilio Morales Díaz, quien fue baleado en el rostro por un integrante del mismo grupo paramilitar, tres días antes del asesinato de Héctor.

También solicitan se aclare el intento de ejecución extrajudicial de Intento de ejecución extrajudicial, en la ciudad de México, en contra de Matías Flores, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), de Jesús Hernández Reyes y Rubicél Hernández García, comisionados del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ocurrida el siete de noviembre de 2015.

Los activistas participaban en una manifestación en las inmediaciones del campamento del Frente Popular Francisco Villa Independiente, cuando fueron agredidos. Mendoza subrayó que luego de la inacción e indiferencia de la administración de Manuel Velasco y de su intensión por criminalizar su lucha, solicitaron la intervención del gobierno federal; sin embargo, “hay poco interés y el gobierno se resiste a atender una sola denuncia; no hay voluntad política a nivel local, estatal y mucho menos federal.

Esto es una consigna política”.