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El Tribunal Supremo condena a casi cuatro años de prisión a un agente de la policía catalana que colocaba en las denuncias el nombre de extranjeros cuya documentación había sido extraviada.

El agente pasará en prisión casi cuatro años por un delito contra la intimidad con fines lucrativos y por un delito de falsificación de documento. Este funcionario, muy amigo de pisar el acelerador en sus ratos libres, conducía de forma habitual dos vehículos alemanes de altas prestaciones.

Destinado en la barcelonesa comisaria de Sants, tenía acceso desde su puesto de funcionario a la base de datos policial. Cuando uno de los múltiples radares de control de velocidad que hay en la red viaria catalana detectaba sus vehículos, de forma automática la sanción era enviada a su propietario.

Resulta que el dueño no era este agente sino su cuñada, que no podía conducirlos porque sufre una minusvalía del 90%. Ella era la titular porque esa condición física supone un importantísimo ahorro en el pago del impuesto de matriculación.

Cuando la cuñada recibía el boletín de denuncia, el agente buscaba una identidad extranjera en la base de datos que hubiera denunciado la pérdida o sustracción del pasaporte. Esos datos eran colocados en el recurso como los correspondientes al conductor que manejaba el coche en el momento de la infracción. En definitiva, que la multa siempre la pagaba el inocente y no el verdadero responsable.