Susana Díaz, presidenta de Andalucía. 

La UCO de la Guardia Civil detecta «beneficios» de UGT-A «obtenidos por la gestión irregular de subvenciones» que le llegaron a través de «pagos y transferencias» por valor de 2,1 millones de euros desde Soralpe.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga la presunta trama diseñada por la federación andaluza de UGT para desviar subvenciones millonarias concedidas por la Junta de Andalucía, a través de facturas falsas y alquileres ficticios, está siguiendo la pista del flujo del dinero en torno al sindicato.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del caso han descubierto «beneficios» por valor de 2,1 millones de euros que UGT-A habría obtenido por la «gestión irregular de subvenciones» para los cursos, según recoge el último atestado al que tuvo acceso EL MUNDO.

La UCO está analizando las cuentas bancarias del sindicato, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) -la entidad encargada de los cursos y participada al 100% por UGT- y la empresa Soralpe I Mas P Asociados, cuyo socio único es el sindicato y que se encarga de gestionar las aulas que se usan para impartir la formación.

El sindicato recurrió al «artificio» de ceder patrimonio a Soralpe y usarla para facturarle al IFES por los cursos impartidos en instalaciones de UGT. Así se generaron los falsos autoalquileres que sirvieron para justificar las subvenciones.

Tras el análisis de las cuentas bancarias, los investigadores han descubierto «pagos a cuenta» y «transferencias» desde Soralpe a UGT-A por valor de 2,1 millones de euros, «de los que en principio no se desprenden relaciones que los justifiquen», destaca el atestado de la UCO de la Guardia Civil del 16 de junio.

Soralpe es la que mercantil que «teóricamente presta servicios a UGT y no al contrario», advierte el informe policial. Para los investigadores, «el sentido lógico de los fondos debe ser a la inversa es decir de UGT hacia Soralpe como contraprestación por sus servicios».

La Guardia Civil concluye que el dinero que llega a la organización sindical a través de Soralpe son «beneficios» de UGT-A obtenidos por la «gestión irregular de las subvenciones». El dinero procede de la «intermediación» de Soralpe para la «generación de gastos ficticios relacionados con las facturas de alquiler de aulas».

19 investigados

Por otra parte, el caso UGT acumula ya 19 investigados -antes imputados- después de que Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe, declarara ante el juez el pasado 14 de septiembre.

La Fiscalía pidió la citación como investigado de Goicoechea Salazar tras el análisis del atestado de la UCO que detalla la «facturación ficticia y elevada» de la que se sirvió UGT para justificar las subvenciones para los cursos.

Entre los 19 investigados están también los ex secretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

UGT-A, liderada desde 2014 por Carmen Castilla, negó este martes que haya generado gastos ficticios por falsos alquileres de los inmuebles cedidos por el Gobierno, como dice el atestado de la UCO.

MSN