Luis de Guindos, ministro Economía y de Industria en funciones.

El Ministerio de Industria, que dirige en funciones Luis de Guindos, viene incumpliendo desde el pasado 30 de junio la ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Supremo para que este departamento aprobase la metodología de cálculo del margen de comercialización de las eléctricas que suministran a los pequeños consumidores con un precio regulado (el denominado PVPC). Estas comercializadoras de referencia (COR), filiales de los cinco grandes grupos del sector, denunciaron que el margen que se aplica (4 euros/kW de potencia contratado al año) no cubría sus costes y, además, se fijaba arbitrariamente al no responder a una metodología aprobada por la CNMC.

 Una sentencia del Supremo de noviembre del año pasado daba la razón a las recurrentes (concretamente, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) y exigía que el margen se aplicase conforme a una metodología. Pero esta no se elaboró hasta junio, según Industria, por la tardanza de la CNMCen remitir el informe preceptivo, lo que llevó en junio al Alto Tribunal a imponer que se ejecutara la sentencia de noviembre como había pedido Gas Natural.

Y aunque de la metodología de la CNMC se desprendía un mayor margen comercial para las comercializadoras (5,27 euros por kW de potencia contratada, frente a los citados 4 euros), Industria elaboró una propuesta de real decreto en el que dicho margen apenas variaba respecto al vigente: 4,2 euros. Cual día de la marmota, la propuesta fue de nuevo remitida a la CNMC que se reafirmó en sus tesis en un nuevo informe aprobado el 14 de julio.

Pese a que han transcurrido tres meses y a que el plazo de ejecución de la sentencia acababa en junio, el ministerio sigue sin publicar una norma que supondrá la revisión de los recibos de 15 millones de usuarios desde abril de 2014 (fecha en la que se reguló el PVPC). Con el agravante de que entre ese mes y enero de este año, 2,5 millones de consumidores han cambiado de comercializadora y han pasado al mercado libre. De no modificar su propuesta, la refacturación será de unos 30 millones.

El informe de la CNMC, que arremete contra el real decreto por “desviarse sustancialmente” de la propuesta realizada por la Sala de Supervisión de este organismo sobre la metodología del margen comercial, pide que se permita a las COR refacturar a esos 2,5 millones aunque ya no sean sus clientes. El problema es que contra un posible impago, no se les podría cortar la luz.

A la pregunta de las afectadas sobre la demora en aprobar la norma (Guindos ha decidido inhibirse y no la firmará alegando incompatibilidad)en Industria responden que están en funciones, si bien, en este caso se trata de ejecutar una sentencia del Supremo. Fuentes empresariales aseguran que el temor del ministerio es que las eléctricas recurran (como así han amenazado) un real decreto que difiere sustancialmente de las recomendaciones de la CNMC. No se justifican adecuadamente -en su opinión- el criterio para fijar los costes.

Esta considera que el margen de las COR debe alinearse con el de las que suministran en el mercado libre, de lo contrario, el incentivo a traspasar a los clientes a dicho mercado es mucho mayor.