Mercedes Alaya, antes de entrar a los juzgados sevillanos. (EFE)

Mercedes Alaya sobrevivió contra viento y marea a una de las instrucciones más mastodónticas de un caso de corrupción que se conocen. Llegó a sumar 300 imputados y millones de folios y se acentuó el carácter desconfiado de la que se convirtió en la magistrada más famosa de España. No quiso ayuda de ningún compañero simplemente porque no se fiaba de nadie. Paseaba los principales documentos del caso ERE en su ‘trolley’ del juzgado a casa. Su carácter cambió hasta que Alaya fue “contra todos”, la cúpula política del Gobierno andaluz, jueces, abogados, fiscales… y se quedó sola. Una mañana de principios de junio de 2015, que recibió en su despacho a uno de los abogados de las defensas de los ERE, rompió a llorar. Sus lágrimas certificaban su derrota. Iba a ser apartada de todos sus grandes casos.

En el único libro sobre la peculiar magistrada, ‘Juez Alaya, ¿diosa o demonio?’, de la periodista de ‘Abc’ Mercedes Benítez, publicado por la editorial Samarcanda, da buena cuenta de esa metamorfosis tras su salto a la fama. Doscientas deliciosas páginas cargadas de detalles desconocidos que permiten a día de hoy desenmarañar las grandes preguntas que se oyen en los círculos políticos: ¿por qué pidió Alaya su ascenso a la Audiencia aún a riesgo de perder sus grandes causas?, ¿alguien la engañó?, ¿hubo un pacto entre PSOE y PP para acabar con Alaya y Ruz en los ERE y Gürtel?, ¿de qué hablaron Carlos Lesmes, al frente del CGPJ, y Susana Díaz?, ¿contribuyó la cúpula renovada del PP andaluz, con Juanma Moreno al frente, en su caídanbsp;

Esta semana la Junta de Andalucía respiró aliviada. Hacía ya mucho tiempo que del juzgado del Prado no llegaba una alegría como esa. La sustituta de Alaya, María Núñez Bolaños, no solo archivaba la pieza política de los cursos de formación sino que daba un duro varapalo a las tesis de su antecesora. La famosa instructora se hizo con la pieza tras la denuncia del peculiar funcionario, convertido en testigo protegido, Teodoro Montes. La Junta cuestionó que fuera precisamente la juez de los ERE quien se pusiera al frente hasta el punto de que, durante la declaración de Montes, alguien coló entre los papeles entregados a los abogados una copia de las normas de reparto de los juzgados. Desde el primer minuto, la magistrada dejó claro que iba a seguir el mismo patrón que con los ERE: iba directa a la cima de la pirámide y allí estaba Susana Díaz esperándola. Con la nómina de su marido, profesor de los cursos de UGT, en el bolso, para demostrar la legalidad del contrato y temiendo que “la incansable” se decidiera a imputarlo, en un intento más de acorralarla y dañar su carrera política: “La juez Alaya va a por ti, Susana”, llevaba tiempo escuchando.

La hipótesis de los ERE

La hipótesis delictiva de una trama corrupta desde la primera fila del Gobierno se perfiló de nuevo en los autos de Alaya sobre los cursos de formación. Dos años después, la pieza política ha quedado archivada y Núñez Bolaños ha descartado una “red clientelar” o que las ayudas se repartieran con criterios de “clientelismo político”. Que de 18.000 subvenciones haya 39 vinculadas al PSOE no prueba nada, ha sostenido en el auto de sobreseimiento.

La pregunta ha sido casi automática: ¿Si Núñez Bolaños hubiera estado al frente de los ERE habría hoy pieza política? ¿Estarían Chaves y Griñán procesados y una década de Gobierno andaluz en el banquillo? No ha sido el único golpe en una semana negra para Alaya. Su sucesora también ha abierto una vía que ha llenado de esperanza a los acusados en la trama de las ayudas sociolaborales. La actual responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha archivado por primera vez una pieza del caso, referida a Azucareras Reunidas de Jaén, y avisan de que serán muchas más. Ha reconocido lo que muchos acusados, el más insistente ha sido el imputado Carlos Leal, llevan años advirtiendo: las ayudas fueron “legítimas” y en los expedientes donde no haya intrusos no hay delito. Se deduce que unos 6.000 prejubilados han cobrado del fondo de forma correcta. Rápidamente comenzaron los mensajes entre los socialistas: si estas ayudas fueron legales, ¿por qué están los expresidentes imputados?

No se sabe si Alaya está volviendo a sufrir fuertes cefaleas, como padeció en plena instrucción obligada a estar seis meses de baja, pero sí que su sucesora está desmontando buena parte de sus hipótesis, avaladas eso sí por el Tribunal Supremo y por el juez Álvaro Martín que instruye la pieza política de los ERE y que, en contra de lo que muchos creen, también dejó de hablarse con su compañera. Llegados a este punto muchos se preguntan qué llevó a la magistrada a pedir el ascenso que la obligó a dejar el juzgado y las grandes causas que tenía entre manos. En el libro ‘Juez Alaya, ¿diosa o demonio?’, se ofrece un retrato lleno de grises y matices, lejos de la admiración incondicional que le profesan muchos y también a años luz de la inquina que despierta entre otros.

En la sala Kremlin

La brillante opositora, que llegó a juez con solo 25 años y que se estrenó en su primer destino, Fuengirola, condenando en 1991 al entonces alcalde socialista por pagar con dinero público facturas de servicios sanitarios privados por valor de 42.000 pesetas, sabía lo que hacía cuando pidió plaza a pocos metros de su despacho, en la Audiencia de Sevilla. En una sala, conocida como ‘el Kremlin’ porque algunos de sus más destacados miembros pertenecen a la progresista Jueces para la Democracia, donde ya habían dejado claro que no la querían y donde se habían resuelto la mayoría de los recursos del caso ERE y se habían subrayado algunos de sus mayores errores, obligándola a reformular el escrito que por primera vez señalaba a Chaves y Griñán, anulando varias de las fianzas impuestas u obligándola a reformular la imputación de Magdalena Álvarez.

© Proporcionado por El Confidencial José Antonio Griñán (i)y Manuel Chaves (d), en una foto de archivo. (EFE)

En el libro de la periodista Mercedes Benítez, de recomendable lectura para tener un retrato completo de la magistrada y de la revolución que supuso para los juzgados sevillanos, se narran algunos de aquellos últimos momentos. A Alaya la traicionó, coinciden muchos de sus compañeros, su propia soberbia. Posiblemente alguien, con el suficiente poder en el PP como para hacer una promesa así, la animó a optar a un ascenso con el compromiso de que iba a poder seguir en comisión de servicio hasta concluir sus causas. Pero con sus últimos pasos firmó su propia sentencia de muerte. Con el escrito que Alaya envió al Poder Judicial poniendo en duda la capacidad de quien se postulaba para ocupar su plaza en el juzgado número 6 de Sevilla, un tribunal maldito para el PSOE desde el que en los noventa instruyó el caso Juan Guerra, se cavó su tumba.

Inmediatamente se estableció que, si seguía Alaya al frente, se abría la puerta a la nulidad de la causa porque no era la juez natural. Ni sus más firmes defensores fueron capaces de defender que Alaya diera un golpe así a su compañera María Núñez Bolaños. Por más que en su currículum no hubiera experiencia previa en lo penal y su nombre, como recoge el libro, “solo había aparecido en prensa porque fue la magistrada que otorgó en 2013 a Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, la custodia compartida de su hijo”. Tampoco es falso que el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, admite en público que no tiene por qué esconder su amistad con el esposo de la actual magistrada de los ERE, Julio Güija, porque son “amigos desde chiquititos”. Puede que el consejero andaluz, del círculo íntimo de Susana Díaz, animara a Núñez Bolañosa postularse. Pero quien decidió apartar a Alaya fue el Consejo General del Poder Judicial y allí se sabe que manda el PP. Por más alegrías que se estén llevando la Junta de Andalucía y el PSOE y por más teorías conspirativas que se difundan, todo apunta a que Alaya, “la jefa de la oposición”, como la apodaron los socialistas, se equivocó.