Todo arranca cuando en 2005 la Policía irrumpe en el domicilio de Agustín y le detienen junto a su mujer, María Antonia, e hijo. Tenía entonces 80 años. Ahora tiene 92, sufre una enfermedad mental y el juez lo ha eximido de sentarse en el banquillo durante las cinco sesiones que está previsto que dure el juicio. Tampoco lo hará su hijo, para el que se han sobreseído las actuaciones, aunque sí su mujer, sobre la que pesa una petición de cárcel de tres años por lucrarse con el dinero que presuntamente se quedó su marido. El tribunal ha señalado como punto de arranque para las cuestiones previas el 23 de noviembre, pero está previsto que las vistas duren hasta mediados de diciembre.

El príncipe saudí Saad Bin

Si hoy Agustín pudiera recordar les contaría que allá por los años setenta conoció al príncipe saudí Saad bin Abdul, hermano del rey de Arabia Saudí, agregado de la embajada de Arabia Saudí y familiar del rey Fahd (al que ustedes conocen por sus lujosas estancias en Marbella) cuando eligió Barcelona para tratarse de unas dolencias y se hospedó en el hotel Princesa Sofía, del que Agustín era subdirector. No sabemos si fue el tratamiento médico o la ciudad lo que encandiló a Saad bin Abdul, pero, a diferencia de otros jeques árabes, eligió Cataluña para pasar largas estancias. Por ello, decidió adquirir dos pisos en el barrio de Pedralbes de la Ciudad Condal y una finca de 1.300 hectáreas con dos majestuosos castillos, el de Rocabruna y Rocafort, en la población de Santa María d’Oló en los que cultivaba una de sus pasiones: la crianza de caballos árabes. El príncipe, que había renunciado al trono de Arabia Saudí a favor de su hermano, pasaba tanto tiempo en Cataluña que en la localidad catalana le apodaron con el nombre del ‘príncipe árabe d’Oló’.

Su hombre fuerte en España

Agustín se convirtió en su mano derecha, casi como su ‘hombre’ en España. Cuando el príncipe enfermó de cáncer, le concedió poderes para gestionar su patrimonio ‘español’. La muerte le sobrevino el 23 de julio de 1993 en Houston, ciudad a la que se había desplazado para tratar de frenar su enfermedad. A su muerte, según declaró en su día Agustín a la Policía, intentó contactar con sus herederos para que se hicieran cargo de su patrimonio, pero fue una tarea imposible. Se abandonaron las fincas, los caballos, se dejó de pagar a los empleados… La situación se complicaba y Agustín viajó a Riad para reunirse con el hijo del príncipe. De aquella reunión solo logró constatar el desinterés del heredero de Saad bin Aziz.

Siempre según su versión, en 1996 tomó la decisión de poner a la venta aquel patrimonio y sufragar las deudas. Lo primero en salir al mercado fueron los pisos, por los que logró entonces 140 y 90 millones de las desaparecidas pesetas (843.000 y 540.000 euros, respectivamente). Uno de ellos fue adquirido por el exfutbolista Iván de la Peña. Ya en 2001 se consumaba la venta de la finca a una empresaria catalana de origen ruso llamada Olga Djanaeva, propietaria de una inmobiliaria, por casi siete millones de euros. La empresaria se instaló junto a su novio, el filósofo y exfuncionario del Parlamento ruso y compañero de negocios, Sergéi Oganesian, en la masía que formaba parte de la propiedad y cuyas estancias había ocupado antes el príncipe árabe y su séquito.

Agustín defendió ante la Policía que, tras la venta, no quedó nada. El fiscal no lo cree y considera que sus poderes se extinguieron con la muerte del príncipe y, por tanto, no tenía capacidad para vender aquellos bienes. También afirma que “el acusado ocultó la muerte del jeque a los compradores y al notario. Después, “ingresó en sus cuentas corrientes una parte del dinero, pero no consta a que destinó el resto y recuerda que Olga fue abonando diversos pagarés, aunque le resta por pagar la cantidad de 2,8 millones de euros que dejó de abonar porque los herederos le enviaron diferentes requerimientos notariales informándole de quiénes eran los legítimos dueños”.

La empresaria rusa que se instaló en la masía del príncipe árabe

Olga se enfrenta a la petición de prisión de siete años por un delito de alzamiento de bienes solicitada por los abogados de los herederos reales que entienden que consintió en celebrar dicha compra, aún sabiendo de la muerte del jeque, para obtener condiciones ventajosas en la operación a cambio de ayudar a Agustín a desviar el dinero. También la acusa de un delito de insolvencia punible porque vendió una de las fincas a pesar de que la investigación ya se había iniciado. Olga, en cambio, niega que conociera la muerte del príncipe y califica de “disparate jurídico” esas condiciones ventajosas de las que habla la acusación particular en su escrito de defensa y les recuerda en su escrito de defensa que consta en el sumario que no han logrado aportar ningún informe pericial que lo acredite. También recoge el daño que supone para su imagen como empresaria estar acusada de cooperadora necesaria en esta estafa. Por su parte, Iván de la Peña solo comparecerá como testigo para narrar como su operación fue con total desconocimiento de la situación del príncipe.

 Imagen de la masía

Salvo la interposición de la querella, la familia saudí no ha colaborado con la justicia. No prestaron declaración ante el juez cuando se les requirió y tampoco tendieron puentes cuando el juez ordenó la comisión rogatoria que retrasó el juicio más de un año. Entonces, aceptaron responder un cuestionario elaborado por las defensas en el que afirmaban que Agustín había engañado al príncipe fallecido, negaban que hubiera acudido a entrevistarse con el heredero e incluso que tuvieran poderes para realizar dicha venta. “Lo negaban todo”, afirman fuentes judiciales.

Hubo un primer intento de celebrar un juicio el pasado mes de febrero pero se suspendió ante la incomparecencia de los herederos. Esta vez, si no comparecen, las defensas pedirán que se celebre sin su presencia para poner punto final a la batalla por la herencia del príncipe saudí.