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El mes pasado Donald Trump pidió a sus seguidores que fueran a votar el 28 de noviembre cuando las elecciones son el 8 de noviembre. El lapsus tiene una explicación: el 28 de noviembre Trump está citado en un juicio civil en San Diego, California, en el que se lo acusa de cometer fraude en su Trump University.

Toda una camada de estudiantes que pagaron US$ 34.995 por una «educación completa en bienes raíces» con expertos especialmente elegidos por Trump dicen que lo único que tuvieron fue una serie de seminarios dictados por instructores sin experiencia en el tema que ni siquiera conocían a Trump. Él rechaza los cargos y dice que los estudiantes estaban felices en la facultad.

El juicio tuvo presencia a lo largo de la campaña presidencial porque Trump se refirió en varias oportunidades, en forma no muy feliz, al juez de la causa, Gonzalo Curiel, de origen mexicano.

Pero la confrontación de San Diego pone también de manifiesto el carácter peculiar de la candidatura de Trump: al mismo tiempo que trata de convencer a la población que su condición de desarrollador inmobiliario , operador de casinos, personalidad empresaria y manager de celebridades lo habilitan para la presidencia del país, está peleando en varios frentes para defender sus prácticas de negocios y preparar a su empresa para lo que le depare la realidad después de las elecciones.

Pero, si ganara la presidencia de Estados Unidos, ¿qué pasará con los 75 juicios en los que está implicado? La Suprema Corte ha decidido que los presidentes no gozan de inmunidad en litigios civiles sobre cuestiones que ocurrieron antes de las elecciones.

Mientras tanto, sus negocios están sufriendo las consecuencias de la campaña presidencial. Los residentes de los departamentos Trump han solicitado que se retire el nombre Trump del edificio en que viven; sus hoteles pierden huéspedes y su marca sufre sacudones.