El Ministerio del Interior compró en 2016 una potente herramienta que da pistas sobre cuál puede ser el futuro en la detección de sospechosos de terrorismo que tomen un avión. Este sistema es capaz de trazar perfiles que delaten a supuestos terroristas cruzando datos que obtiene, entre otras fuentes, de las redes sociales. La naturaleza de este ‘cerebro informático’ choca así con el Anteproyecto de Ley que tasa de forma estricta el tipo de información que puede nutrir el fichero de pasajeros para evitar discriminaciones por motivos de raza, política o religión.
La oferta que lanzó Interior en febrero de 2015, con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera, era clara. Buscaba una herramienta que fuera capaz de construir un “perfil demográfico y sociológico” de los pasajeros de un avión y poder detectar a los sospechosos de terrorismo. En ese momento, el proyecto europeo del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) estaba bloqueado en la Eurocámara por la amenaza que podía suponer a la privacidad y libertades de los ciudadanos europeos y su posible fomento de la discriminación.
En verano de 2015, Interior debió dar marcha atrás a su proyecto para adecuarlo a la ponencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la UE. Pero antes de que acabara el año, Europa estaba inmersa en la conmoción por los atentados de París que habían costado en noviembre la vida a 137 personas. En enero de 2016, Interior adjudicó a Indra el proyecto, a pesar de ser la oferta más cara de las tres que se habían presentado.
Por uno 1,39 millones de euros, la tecnológica española pondría en marcha el sistema que Interior buscaba. En el pliego ténico original se establecía que “la herramienta debía ser capaz de analizar diferentes tipos de información, ya sea en forma de feeds de Twitter, correo electrónico, imágenes, vídeo, registros de centros de llamadas, notas clínicas de un médico o prácticamente cualquier otro formato”. Cuando la tecnológica española informó de que había ganado el concurso confirmó que su herramienta tendría las citadas capacidades.
El proyecto, sin embargo, no explicaba de dónde iba a sacar alguna de esa información, en algunos casos especialmente protegida, como los historiales clínicos. En otros casos, como las redes sociales y páginas de Internet, el pliego era preciso: Twitter, Instagram, Youtube o Google serían algunas de sus fuentes abiertas. Respecto a la legalidad de esa obtención de esos datos, Interior se curaba en salud: “Siempre que lo permita la información incorproada de PNR y API (Información avanzada de Pasajeros) y las fuentes de conocimiento socieconómico contra las que se modelen estos perfiles”.
eldiario.es desveló este viernes el Anteproyecto de Ley que firma el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que todavía debe pasar por el Consejo de Estado y el Congreso de los Diputados. En el mismo se recogen qué datos PNR incluirá el fichero de pasajeros, tales como su dirección, el correo electrónico y el número de teléfono utilizados para realizar comprar el billete, la fecha en la que se realizó, el equipaje, cambios en la reserva… Pero nada se dice de las redes sociales o cualquier otro tipo fuente de información.
Es más, si desde las compañías se envía otro tipo de información a la Unidad de Información de Pasajeros que Interior va a crear, el Anteproyecto de Ley recoge que esos datos serán destruidos de inmediato. A los datos válidos, Interior les aplicará unos “criterios de evaluación predeterminados” que, en ningún caso, podrán estar basados “en el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la vida u orientación sexual de la persona». Esta afirmación parece chocar con la construcción de “perfiles sociológicos y demográficos” que promete el sistema de Indra.
Preguntado el Ministerio del Interior sobre la incompatibilidad entre Anteproyecto de Ley y herramienta informática, un portavoz ha respondido que la segunda “se ajustará” a lo que indique el texto legal y ha añadido que el funcionamiento del fichero de viajeros va a estar “permanentemente auditado”, tanto por la Agencia de Protección de Datos española como por organismos europeos.
Un gasto total de 4 millones de euros
Hasta el momento, Interior ha gastado alrededor de 4 millones de euros en poner en marcha el fichero de viajeros, según fuentes conocedoras del proyecto. Indra, con sus 1,39 millones de euros en la adjudicación de la herramienta de cruce de datos, no es la empresa que más ha obtenido de la Administración en este proceso. En el primer puesto está HP, con alrededor de dos millones en contratos. Los 700.000 euros restantes se reparten entre dos empresas de menor tamaño que los dos gigantes tecnológicos.
La explicación es que el proyecto del PNR se ha ido construyendo con distintas herramientas, adquiridas por separado. De hecho, el primer pago ya se ejecutó en diciembre de 2014. El ensamblaje total, según las mismas fuentes, está listo desde diciembre pasado, a la espera de la aprobación de la Ley que permita poner en marcha el nuevo fichero de pasajeros. El ministro Zoido espera que eso se produzca «antes del verano, si fuera posible».
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