Un informe ‘saca los colores’ a las granjas del sur de España por la situación laboral de los migrantes

Un informe elaborado por la organización Ethical Consumer revela que los trabajadores de las granjas de frutas y verduras del sur de España afrontan condiciones de explotación laboral, lo que se traduce en la violación de ocho de los nueve derechos laborales básicos.

Entre los hechos reportados durante años en plantaciones de Almería y Huelva figuran el pago de salarios por debajo de los límites legales, despidos por afiliarse a sindicatos, trabajo en condiciones inseguras, penalizaciones por ir al baño, retención de pasaportes y hasta la exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio del empleo.

Según Jasmine Owens, una de las autoras del informe, esta situación no se refiere a una “única granja” o a un “proveedor ocasional”, sino que es una práctica “muy extendida en las principales áreas de exportación”.

Por su parte, Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, advirtió que “durante años, las autoridades y los empleadores del sur de España se han contentado con sentarse y ver cómo los trabajadores migrantes soportan las condiciones de trabajo más horribles e inhumanas”.

Testimonios de los abusos

Los propios trabajadores confirmaron que sus pagas no alcanzan los mínimos legales establecidos en España. Una marroquí de 53 años llamada Aziza, que carece de documentación legal, recordó que durante el año pasado había conseguido trabajo en las granjas a cambio de un jornal de 40 euros, lo que está por debajo del salario legal por día, que es de 51,15  euros. “Como no tengo papeles, no tengo derecho a presentar una queja”, explicó.

Otra marroquí llamada Soumia contó que aunque trabaje todo el mes solo podrían pagarle “por 16 días”. Sin embargo, no puede rechazar la tarea: “Necesitamos estos trabajos para poner comida en la mesa. Todos se aprovechan de nuestra situación”.

Pedido a los supermercados

El informe también apunta a los supermercados británicos, que tienen a las granjas de Almería y Huelva entre sus principales proveedores, por lo que se los insta a mejorar la efectividad de sus políticas de las cadenas de suministro.

Entre otras acciones, se les reclama que garanticen que sus políticas respecto de las cadenas de suministro abarquen a todos los trabajadores, incluyendo a los de las granjas, y que revelen los nombres y direcciones de las explotaciones a las que les compran.

“Insto a los supermercados a poner fin a su complicidad en este abuso y abordar el problema de frente, utilizando este informe como guía”, reclamó De Schutter.

La intención es que los supermercados del Reino Unido se comprometan a apoyar los mecanismos de Responsabilidad Social Impulsada por los Trabajadores (WSR por su siglas en inglés), modelo bajo el cual los trabajadores definen las condiciones que quieren que se cumplan y los minoristas, como los supermercados, asumen compromisos legalmente vinculantes de comprar solamente a proveedores que cumplan estas condiciones.

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