Al concluir el verano nos enfrentamos a un repunte de COVID en el mundo al que convendría prestar más atención por parte de las autoridades sanitarias. La Organización Mundial de la Salud ha notificado un aumento mundial del 38% de los casos de COVID-19 en el mes de agosto. Se trata de mas de 1,4 millones de casos nuevos del 31 de julio al 27 de agosto, una cifra considerable y ciertamente subestimada, en unos países más que en otros, ya que no se practican, en igual medida que en otras fases de la pandemia, el numero adecuado de pruebas diagnósticas que permitan confirmar los casos sintomáticos y asintomáticos de la enfermedad.

Al termino del mes de agosto se han producido, en los tres años y medio de pandemia, 770 millones de casos confirmados y casi 7 millones de defunciones atribuibles al SARS COV 2. Ha sido una verdadera hecatombe mundial que sigue presente, pues el virus sigue circulando, mutando y dando origen a nuevas variantes amenazadoras por ser más infecciosas y mas proclives a escapar a la eficacia vacunal.

La pandemia no ha terminado aun cuando no se encuentre ya en la fase de “emergencia sanitaria de carácter internacional” que estipula el Reglamento Sanitario Internacional. No estar en fase de emergencia explica que el mundo entero haya bajado la guardia ante el asunto y ello condiciona que las autoridades políticas y sanitarias de la mayoría de los países y las agencias internacionales especializadas puedan estar atendiendo de manera insuficiente el actual repunte, aun cuando sea palmario el incremento de casos y la creciente demanda de atención ambulatoria y hospitalaria por COVID-19. Creemos que se deberían estar haciendo las pruebas diagnósticas suficientes, así como toda la secuenciación genómica que se requeriría para mapear la penetración de nuevas variantes.

Además, convendría valorar una redefinición de la estrategia de vacunación para el próximo otoño-invierno. Y es que podríamos encontrarnos en una situación en la que no se estaría comprendiendo cabalmente que hemos entrado en una fase de ruptura del equilibrio precario de control de la enfermedad por la combinación de varios factores: nuevas variantes, caída en la protección inmunológica que confieren las vacunas disponibles y la propia infección natural, junto al abandono de las medidas de protección como el uso de mascarillas en espacios sanitarios y sociosanitarios, en el transporte público y en aglomeraciones.

Hay que trabajar pare evitar sorpresas desagradables si no se actúa con un criterio objetivo de salud pública pues la situación podría derivar en un incremento en la incidencia que produjera una creciente saturación asistencial de la atención primaria y hospitalaria así como al surgimiento, en casi un 10% de las personas infectadas, de cuadros crónicos del llamado COVID persistente o de larga duración, con importantes secuelas y crecientes demandas de atención sanitaria y sociosanitaria.

Las nuevas variantes que han surgido en las últimas semanas, la EG5 y la BA 2.86 se agregan a la presencia del sublinaje de Ómicron conocido como XBB1.5. Pero con la particularidad de que han experimentado mas de 30 mutaciones que las hacen más infecciosas y les permiten escapar, al menos parcialmente, a la protección que otorgan las vacunas hasta ahora utilizadas. De ahí la alerta que ha emitido la OMS sobre ellas.

La OMS ha sido muy clara en señalar que tenemos que estar vigilantes, que hay que seguir informando sobre el numero de casos confirmados, que hay que seguir haciendo pruebas diagnósticas, que hay que continuar con el rastreo y que hay que intensificar la secuenciación genómica para conocer el grado de penetración de las nuevas variantes. Por desgracia, no está habiendo el suficiente eco a este llamamiento, pues es probable que no se haya realizado con suficiente asertividad.

España no es una excepción y los problemas de un repunte de COVID se han venido observando y padeciendo a lo largo del mes de agosto, en un periodo caracterizado por la menor actividad institucional propio de la pausa vacacional, por la renovación de muchos ejecutivos autonómicos y por las cautelas de todas las fuerzas políticas ante las incertidumbres de la situación política.

A pesar de ello, es evidente que las acciones de salud pública deben continuar para valorar la necesidad de adoptar aquellas medidas en el marco de la co-gobernanza que permitan mitigar el impacto del repunte en la temporada otoño invernal

El informe semanal de la Red de Vigilancia Epidemiológica Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas que coordina el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con las autoridades sanitarias autonómicas, muestra claramente a lo largo del mes de agosto del 2023 que en España ha habido un repunte de casos de COVID que se ha notado sobre todo en la en la Atención Primaria pero también en la Atención Hospitalaria, tal como ocurre en otros países de Europa y de otras regiones mundiales.

En el mes de julio del 2023 se adoptó una revisión de la estrategia de vacunación contra COVID en el resto del año, pero es muy probable que sus planteamientos estén desfasados en gran medida ante el repunte observado y ante el surgimiento de nuevas variantes. Merece la pena plantearse la factibilidad del reforzamiento de la protección inmunológica con las nuevas formulaciones de vacunas que incluyan protección ante las nuevas variantes ya que muy probablemente no bastará con aplicar las vacunas anteriores, aunque se tenga una amplia existencia de dosis en bodega, ni será suficiente la utilización de la vacuna española HIPRA que no confiere protección ante las nuevas variantes

La situación de los repuntes observados y lo que transluce el riesgo incrementado de infección y reinfección nos debe hacer pensar en acometer una nueva ronda de vacunación contra la COVID, con nuevas formulaciones de vacunas que respondan a las nuevas variantes para toda la población este otoño invierno. Las autoridades sanitaria estatales y autonómicas, en el marco de la ponencia de vacunas, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial no deberían eludir este debate.

Creemos esencial poner en marcha una nueva campaña de vacunación contra gripe y COVID, para la población mayor de 60 años este otoño. Pero dado el incremento de casos registrados este verano en nuestro país, (un 35 por ciento en Atención Primaria y alrededor de un 20 por ciento en la atención hospitalaria según los datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas), habría que considerar la conveniencia de ampliar la administración de la vacuna contra la COVID a toda la población en general ya que ha pasado mucho tiempo desde las primeras rondas de inmunización y una proporción considerable de la población no completó la tercera dosis de vacuna o no se aplicó la vacuna bivalente.

Podría convenir plantearse la necesidad de informar a la población con claridad, mediante una adecuada pedagogía social y sanitaria, y plantear que el virus sigue presente y mutando, que hay que renovar la protección y que hay que ser cautelosos y protegerse y proteger a los demás del riesgo de infecciones o reinfecciones

Creemos que estas tareas deben abordarse en el ámbito del Consejo Interterritorial y sus órganos de coordinación técnica para anticiparse y estar a la altura de lo que demanda la evolución actual de la pandemia.

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