La misión del CNI no es evitar que otro país asalte una compañía estratégica española. Su misión primordial es detectar la maniobra antes de que se produzca o mientras se está produciendo, informar al Gobierno de lo que está sucediendo y esperar órdenes para su posterior actuación. En el caso del reciente asalto del fondo saudí STC sobre una compañía estratégica como Telefónica, el servicio de inteligencia español no emitió ningún informe sobre la operación clandestina. Y si ese informe no existió, el posterior que habrían enviado a la compañía tampoco se produjo.
Morgan Stanley recibió el encargo de STC de adquirir, sin informar al consejo de Telefónica, acciones hasta alcanzar el 9,9 por 100. Ejecutó con éxito la operación secreta en cuatro meses utilizando lo que llaman «sofisticados mecanismos de economía financiera», una forma técnica de decir que pretendían que no se enteraran ni Telefónica ni sus grandes accionistas BBVA y Caixa Bank, y tampoco el Gobierno.
La operación tenía un problema añadido. STC no es una empresa privada, sino que pertenece en un 64% al fondo soberano saudí, es decir, al príncipe que manda en el país, Mohamed bin Salman. Lo que convierte a la operación no en un simple cambio de accionistas, sino en dejar que un país como Arabia Saudí pueda controlarla.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha realizado un ejercicio de buenismo falto de credibilidad. Tras afirmar lo obvio –«El Gobierno defenderá los intereses de España, Telefónica es estratégica para el país»-, destacó que los directivos de STC les han manifestado el carácter amistoso de la operación y les han dejado claro que debe ser interpretada «como un apoyo al equipo directivo de la compañía y a España».
A veces los políticos dicen estas cosas, aunque no deberían tomarnos por tontos. Mohamed bin Salman, MBS, y su gente montan una operación con todas las precauciones para que nadie se entere y lo hacen público a posteriori cuando ya han conseguido su objetivo de compra de acciones. No pueden sostener sin reírse que la operación tiene «un carácter amistoso». Es una clara estrategia de presión: llevan años gastando en España para que les construyamos barcos y demás, y si ahora el Gobierno les pone trabas en el tema de las telecomunicaciones, podrían llevarse sus millones a otra parte.
La Junta de Inversiones Exteriores, un órgano interministerial, deberá hacer un informe con recomendaciones antes de que el consejo de ministros decida si permite la compra. Allí está el CNI, que sin duda pondrá trabas porque sus informes son siempre de Estado y está más que claro que peligra la seguridad nacional.
Tal es la importancia de Telefónica que el director general de Seguridad de la compañía es Miguel Sánchez, antiguo director de Inteligencia de La Casa, y uno de los mejores agentes que han pasado por sus filas. Él y otros ex como Elena Sánchez, que ocupa un cargo similar en el Banco de Santander y fue secretaria general del servicio, mantienen una permanente línea abierta con el servicio de inteligencia que tiene como una de sus misiones más importantes el apoyo y salvaguarda de las más importantes empresas. Aunque en esta ocasión los asaltantes hayan engañado al CNI, la colaboración siempre es mejor que buena.
El pasado de Bin Salman
Mohamed bin Salman adquirió notoriedad en el mundo de las alcantarillas cuando estuvo relacionado con dos acciones especialmente sucias. La primera fue el asesinato de Jamal Kashoggi, un periodista del sistema, muy cercano a la casa real saudí, que se distanció y exilió tras la toma del poder por parte de MBS por sus decisiones y métodos. Un equipo de los servicios de seguridad le atacó en la embajada en Turquía cuando iba a recoger un certificado para poder casarse con su novia, que le esperaba fuera. Lo mataron, lo trocearon y lo quemaron en una barbacoa. Hasta Biden lanzó ataques contra MBS durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Estados Unidos. Luego terminó aplicando eso que llaman la real politik y se reunió con él.
La segunda acción del príncipe es menos conocida, pero muestra mucho más su carácter. Tras huir de Arabia Saudí, Kashoggi lanzó todos sus ataques contra MBS desde su columna en el influyente Washington Post, que pertenece a Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon.
El 4 de abril de 2018, Bezos cenó en Los Ángeles con Bin Salman. Este quería escuchar su opinión sobre las reformas que estaba introduciendo en Arabia Saudí y le pidió que el Washington Post no le tocara las narices. Al término de la cena, intercambiaron sus números de teléfono privados y un rato después le envió un whatsapp. Semanas después Bezos recibió otro whatsapp al que acompañaba un video. Al pinchar sobre él se descargó un virus —Pegasus u otro similar— que no tardó en apropiarse del contenido del teléfono y comenzó a enviar a su controlador toda la información que recibía.
Bezos siguió con su vida, que incluía el divorcio de su mujer y una relación con una periodista. También continuó con su trabajo en el periódico que, a partir del 8 de noviembre, cuando se descubrió que habían matado a Kashoggi, fue especialmente crítico con Arabia Saudí y MBS.
A primeros de diciembre, Bezos recibió un mensaje en su teléfono procedente del móvil del príncipe: «Discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software…». Poco después, le llamó un periodista del periódico National Enquirer: tenían información sobre él relativa a su relación desconocida con la mujer por la que iba a divorciarse de su esposa. Querían hacer públicas conversaciones que solo aparecían en su WhatsApp. Bezos pidió una investigación sobre su teléfono. Ahí se destapó el proceder sin escrúpulos de Arabia Saudí: desde el número de teléfono de MBS le habían metido el virus que le había estado espiando.
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