Sin nuevos presupuestos generales a la vista y con el previsible escenario de una prórroga, este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el nuevo plan presupuestario enviado este domingo a Bruselas. Remozado con los últimos datos macroeconómicos a tenor de las revisiones del INE, y envuelto de cierto optimismo -como señala la Airef por no tener en cuenta los riesgos a la baja-, el Ministerio de Economía prevé un incremento de hasta tres décimas para las previsiones del PIB de 2023 (2,4%), y apenas una revisión a la baja de cuatro décimas para el próximo ejercicio de 2024 (2%).
Y no solo las previsiones del PIB son optimistas. También lo son la tasa de desempleo -un 10,9%, con la creación de 700.000 puestos de trabajo a tiempo completo entre 2023 y 2024– o las referidas al déficit y a la deuda pública, cuyas predicciones son del 3,9% y del 3%, respectivamente -en el caso de la deuda, para 2023 y 2024- y del 108,1% y del 106,3% del PIB para estos dos años, lo que en opinión del Gobierno de Pedro Sánchez es el «reflejo de las mejoras estructurales y de las políticas» progresistas del actual Ejecutivo en funciones.
Lo que no desgrana el Gobierno -aunque sí aparece en la letra pequeña del documento remitido a Europa- es la presión fiscal que se prevé para este plan presupuestario, y que acabará canalizándose a través de los impuestos corrientes a la renta y la riqueza, y hasta es posible que ya empiece a gravar mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, vía pensiones. Recordemos que este último tributo, a las puertas de ser valorado por el TC, según ha podido conocer THE OBJECTIVE de fuentes jurídicas, fue recurrido por administraciones como las de Madrid y de Andalucía.
Se trata de una presión fiscal que, sobre el papel, queda predeterminada por una subida del 0,5% de PIB, alrededor de 7.000 millones de euros, lo que contrasta con la inexistente información que para las arcas públicas acabarán suponiendo las peticiones que los partidos independentistas y nacionalistas hagan al Gobierno a cambio de su voto a favor de la investidura. Además, el documento también recoge una suma de partidas de gasto corriente de 9.000 millones de euros, achacados al desarrollo de los fondos Next Generation, lo que en principio va en contra del Reglamento del Plan de Recuperación y Resiliencia, como ya remarcó en su día THE OBJECTIVE.
El Gobierno prevé crear 700.000 empleos
El Gobierno afirma que las previsiones enviadas en el tiempo límite a Bruselas han tenido en cuenta el contexto internacional y geopolítico, así como el contexto de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Pese a ello, la partida de gastos referida al sueldo de los funcionarios y de los pensionistas no se ve alterada, dado que el Ejecutivo estima que habrá una mayor contribución de la demanda internacional y de los servicios no turísticos.
No en vano, revisan a la baja el dato del PIB de 2024, teniendo como base la ralentización de la economía europea, pero anunciando un funcionamiento excelente del mercado de trabajo y una capacidad de financiación del sector exterior del 3,5%, lo que -según sostiene el Ejecutivo español- nos coloca con la capacidad suficiente para reducir la posición neta de deuda por debajo del 60%.
En opinión del Gobierno, hay elementos para valorar que la demanda interna -consumo y inversión- se vendrá arriba en 2024, y por lo tanto, España crecerá por encima del resto de las economías desarrolladas, aportando confianza, certidumbre y credibilidad.
Entretanto, el Gobierno tampoco explica qué pasará con las medidas covid -expiran en diciembre de 2023-, al tiempo que destacan la buena respuesta a la contribución recaudatoria de impuestos como el plástico, grandes fortunas e impuestos a las energéticas y a la banca.
Una lectura «optimista»
Apenas una hora después de conocer la opinión del Gobierno, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente añadía su criterio, comenzando por dar el aval de las previsiones macroeconómicas del Plan de Recuperación, matizando que ese aval no es a unos presupuesto generales del Estado.
El organismo que preside Cristina Herrero, sucesora en el cargo de José Luis Escrivá, actual ministro de la Seguridad Social, ve «optimista» el crecimiento de la demanda interior que espera el Gobierno, dado el endurecimiento de las condiciones de financiación de la economía -cuyo efecto tarda al menos 18 meses en ser apreciado-, la finalización de la vigencia de las medidas para mitigar el impacto de la inflación y el empeoramiento de la confianza empresarial y de los hogares.
En el ámbito de los precios, además de un escenario que plantea crecimientos del deflactor del PIB superiores a los que estima la Airef, la institución profundiza en la incertidumbre asociada al contexto geopolítico por la guerra de Ucrania, y también con el conflicto entre Gaza e Israel, así como la debilidad de China.
La tasa de referencia
La Airef también pone el acento en el Informe de situación de la Economía Española, cuyos resultados no se conocen públicamente, lo que ayudaría a establecer una tasa de referencia, necesaria fundamentalmente para que las comunidades autónomas elaboren sus presupuestos, ya que existe el riesgo de que las administraciones territoriales elaboren sus presupuestos con la única referencia del saldo presupuestario, y sin tener en cuenta qué parte de los ingresos con los que contarán en 2024 son de carácter temporal, lo que les permitiría un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos, sin PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y sin la iniciativa REACT-EU, en el entorno del 7% y del 9%, respectivamente.
En esta tónica de preocupación se expresa para THE OBJECTIVE el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós. El presidente y socio de la consultora Freemarket echa en falta mayor transparencia en la senda de los ingresos y los gastos para concluir que las tasas del crecimiento económico español será como el que prevé el Gobierno.
Porque, de otra parte -sostiene Bernaldo de Quirós-, parecen datos demasiado optimistas y que no tienen en cuenta «los retardos de la política monetaria y la persistencia de los tipos largos que dañan el consumo y la inversión privada». Algo que solo podría cambiar la buena ejecución de los fondos europeos. Mantiene el economista: «Me temo que seguimos con la misma opacidad de la que días atrás habló del FMI al referirse a los fondos. Añade que «no hay certeza» de su desarrollo y de su impacto.
La opinión del gobernador del Banco de España tampoco pasa por alto este asunto. En una entrevista concedida al diario económico Financial Times, Pablo Hernández de Cos señala la exigencia de «reformas estructurales para este país, para aumentar así la productividad y reducir la tasa de desempleo, el déficit estructural y el ratio deuda/PIB».
Además de reiterar la necesidad de que España acometa una consolidación fiscal con un programa plurianual detallado, Hernández de Cos también afirma que no podemos descartar un crecimiento negativo en el III trimestre, con un elemento añadido al escenario macroeconómico, como es la nueva guerra en Oriente Medio, circunstancia que no va a contribuir a estimular ni la confianza ni el consumo.
https://theobjective.com/economia/2023-10-17/gobierno-bruselas-fiscal/