El 2 de febrero de 2024, cuando nadie más que él y Hacienda sabían de su fraude fiscal, Alberto González Amador ofreció a la Fiscalía un pacto en el que no solo confesaba dos delitos contra la Hacienda Pública, también proponía una condena: ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión, y el pago de más de medio millón de euros (los 350.000 que había dejado de abonar en dos ejercicios del impuesto de sociedades, casi 25.000 en intereses y una multa de 140.000 euros). Todo eso figura en el correo electrónico que la defensa de la pareja de Ayuso remitió a una dirección genérica de la Fiscalía cuando vio que su juicio por fraude a Hacienda era inevitable. González Amador sabía que la inspección había empezado dos años antes, que Hacienda tenía pruebas de que había facturas por 1,7 millones de euros por gastos no realizados y que su caso solo podía acabar en condena.

En ese escenario, la pareja de Ayuso buscó una conformidad asumiendo los delitos, una fórmula habitual entre los defraudadores fiscales, que en su caso, además, evitaba las comparecencias de testaferros, peritos e inspectores de Hacienda a lo largo de sesiones de un juicio que iba a multiplicar la publicidad de su fraude.

A diferencia de lo que recogían las noticias falsas publicadas por varios medios, a los que Miguel Ángel Rodríguez contó que la iniciativa del acuerdo había partido del fiscal del caso y que eran sus superiores quienes intentaban frenar el pacto, la propuesta surgió de la defensa de González Amador. El fiscal del caso nunca se opuso a ese acuerdo. Se limitó a responder que la existencia de otros imputados –los empresarios que aportaron las facturas falsas detectadas por Hacienda– no era óbice para llegar a un acuerdo. Pero siguiendo el cauce habitual, el fiscal presentó la denuncia en el juzgado, el único escenario donde se pueden sellar este tipo de acuerdos a tres bandas en los que participan la defensa, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación de la Hacienda Pública, y que luego deben ser ratificados por el juez.

Cuando elDiario.es adelantó en exclusiva el fraude de la pareja de la presidenta madrileña, el pasado 12 de marzo, un mes y diez días después de la confesión de González Amador, Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una operación de propaganda en la que no solo negaban los delitos sino que atribuían la inspección de Hacienda a una maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayuso llegó a decir que era una campaña en la que estaban implicados todos los poderes del Estado y defendió que, en realidad, era Hacienda la que debía más de 500.000 euros a su pareja.

Lo afirmó la presidenta de Madrid el pasado 13 de marzo, un mes y 11 días después de que su pareja hubiese confesado los delitos por escrito, propuesto una multa de 140.000 euros, además de pagar la cantidad defraudada, y asumir una condena de ocho meses de cárcel siempre que no implicase su entrada en prisión.

El equipo de la presidenta volvió a la carga con este argumento hace unos días. La realidad es que Alberto González intentó remediar su engaño de 2020 y 2021 a Hacienda ingresando a las arcas públicas las cantidades adeudadas en 2022, cuando ya era investigado. “No deja de sorprender a esta inspección la forma en que el contribuyente ha pretendido regularizar la situación a través del Impuesto Sobre Sociedades del ejercicio 2022, cuando se trata de un gasto deducido en la declaración de 2020 y en la de 2021”, pusieron por escrito los inspectores. Ese dinero, que la pareja de Ayuso pagó sin que nadie se lo pidiera, es lo que explica esa supuesta “deuda” de Hacienda de la que presume la presidenta de Madrid. Cuando González Amador comprobó que no iba a conseguir aminorar el castigo, solicitó la devolución. De ahí salen los 522.000 euros.

Pues bien, otro de los aspectos destacados del correo del abogado de González Amador es aquel en el que admite que intentó pagar 629.000 euros de más que debería haber abonado en los ejercicios 2020 y 2021 y que lo hizo una vez “iniciado el procedimiento inspector”. El letrado añade: “(esto) no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad, con lo cual estamos completamente de acuerdo”.

El correo electrónico de la confesión figura en la documentación que desde la Fiscalía se ha remitido a los fiscales de Sala. Esa Junta de Fiscales deberá posicionarse este miércoles sobre la reclamación de una fiscal de Madrid que ha pedido investigar las comunicaciones del Fiscal General del Estado tras una denuncia de la pareja de Ayuso. En esa denuncia, Alberto González Amador acusa a la Fiscalía de Madrid de revelación de secretos y de perjudicar su derecho de defensa. La teniente fiscal corrigió a la fiscal asignada a esta denuncia porque esta quiere informar a favor de admitir a trámite la querella de la pareja de Ayuso, justo el criterio contrario al adoptado por el Ministerio Público en una denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid.

La denuncia de González Amador que debe estudiar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid toma como base una nota de la fiscalía en la que desmentía una información de El Mundo que reproducía la versión falsa de Miguel Ángel Rodríguez, según la cual fue el fiscal del caso el que propuso un acuerdo de conformidad sobre el fraude. Para desmontar esa información falsa que reproducía uno de los correos entre la defensa y la Fiscalía que el jefe de gabinete de Ayuso filtró a diferentes medios como si fuese el inicio de la negociación, la Fiscalía de Madrid remitió a la prensa una cronología donde evidenciaba que la propuesta de acuerdo partió de la defensa de González Amador.

Desde la primera información publicada por elDiario.es, el jefe de gabinete de Ayuso amenazó con cerrar este medio de comunicación, acusó en falso a dos periodistas de esta redacción de intentar entrar encapuchados y por la fuerza en la vivienda de la presidenta de Madrid, filtró a algunos medios un supuesto ataque cibernético (con medios de los que solo disponen los Estados, decía) a los ordenadores de los abogados de González Amador.

Todavía la pasada semana, Miguel Ángel Rodríguez, quien desde un primer momento se negó a responder a las preguntas de elDiario.es sobre el fraude alegando que se trata de una cuestión que afectaba a un “ciudadano particular”, volvió a filtrar a alguna prensa que en realidad era Hacienda quien estaba en deuda con la pareja de Ayuso.

Se trata de otro bulo generado por el Gobierno madrileño y que parte de una devolución de fondos que la Agencia Tributaria debe realizar a González Amador pero que no afecta en nada a la acusación de fraude fiscal. De hecho, tiene que ver con una maniobra que González Amador, una vez que sabe que Hacienda le ha descubierto.

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