La pobreza ha crecido en República Dominicana un 42%, hay un déficit de vivienda superior a las 860 mil, el 47% de los dominicanos no cuentan con cobertura de la Seguridad Social, la violencia de género está disparada… El sábado, el Centro Bonó analizó la situación de los derechos humanos, económicos y sociales en el país y el Estado sale muy mal parado de la evaluación.

Activistas de derechos humanos coincidieron ayer sábado en que el Estado Dominicano no ha hecho lo suficiente para elevar la calidad de vida de los dominicanos que se encuentran en situación de pobreza, ni ha respondido adecuadamente a las necesidades de protección e integración plena de los sectores históricamente marginalizados y excluidos, tales como las mujeres, dominicanos de ascendencia haitiana, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y migrantes.

Consideraron como muy preocupante el hecho, de que año tras año, los diagnósticos reflejen un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en el país. Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del análisis de coyuntura del Centro Bonó correspondiente al mes de diciembre, que se consagró a hacer un balance del respeto a los derechos humanos en República Dominicana durante el año 2012.

En relación a los desafíos de la política social, se planteó que no sólo se debe incrementar la inversión pública, sino que la misma tiene que ser de mejor calidad. “Se tienen que establecer mecanismos eficaces para el monitoreo de la ejecución transparente y eficiente de la asignación presupuestaria en las instituciones del Estado en materia social”.

En ese sentido se valoró positivamente las señales de voluntad política del Poder Ejecutivo en relación a la consignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria en el presupuesto del 2013. Sin embargo, manifestaron que están alertas en espera de la materialización de esta promesa, al tiempo que instaron al Estado ha asumir con mayor determinación la implementación de políticas para afrontar el problema de la profundización de la pobreza general. El diálogo destacó oportunamente el señalamiento de la CEPAL de que la pobreza ha aumentado a un 42,2% en República Dominicana, contrario a la tendencia de reducción de la misma en el resto de América Latina.

El panel estimó que siguen siendo necesarias políticas sociales universales e integrales orientadas a promover la vida digna del pueblo dominicano. Lamentó que en pleno siglo XXI el déficit habitacional nacional ronde las 864.000 viviendas, lo que significa que millones de dominicanos no tienen techo o viven en casas en muy mal estado, con pisos de tierra, sin instalaciones sanitarias adecuadas y sin acceso a agua potable. También consideró como alarmante que el 47.5% de la población no cuente con la protección del Sistema de Seguridad Social.”

En cuanto a la situación de los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados, se expresó especial preocupación por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. “En este año podrían ser más de 200 las mujeres asesinadas. Es injustificable la inercia del Estado, que se ha mostrado incapaz de establecer mecanismos eficaces de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la delincuencia común.”

Infancia sin futuro

La situación de los niños, niñas y adolescentes es también dramática. Además de que no ha erradicado el trabajo infantil, el país tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes de toda la región de América Latina y el Caribe. Lo cual es una consecuencia directa de la ausencia de educación y de servicios especializados de salud sexual y reproductiva para jóvenes. Todo lo anterior se expresa en un altísimo índice de deserción escolar, que alcanzan el 50% en el nivel medio.

Otra de las grandes violaciones a los derechos humanos en el país es la que afecta a los dominicanos/as de ascendencia haitiana. Decenas de dominicanos/as se hallan en riesgo de apatridia debido a que la Junta Central Electoral-JCE- ha decidido despojarlos arbitrariamente de la nacionalidad dominicana.

Al asumir esta actitud la JCE incurre en una triple violación de la Constitución: ejercer roles que no les corresponden, vulnerar derechos fundamentales de las personas, y desobedecer al sistema de justicia. Este es un fuerte indicador de inseguridad jurídica en el país, inmadurez democrática y debilitamiento del Estado de Derecho en sentido general.

Por otro lado, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, reiteraron su preocupación por el hecho de que no están recibiendo de parte del Estado la debida protección contra la discriminación. Afirmaron que el Estado no ha definido todavía una política seria de inclusión para promover su inserción en el mercado laboral y el sistema de educación en función de las condiciones especiales de esta población.

Demandaron que se les garantice el derecho a la seguridad social y la vivienda y que se impulse la adecuación de las infraestructuras públicas para mejorar el acceso a las mismas, al tiempo que propugnaron por la creación de un sistema de estadísticas que visibilice su situación.

Discriminación a migrantes

En cuanto a los derechos humanos de los migrantes, se deploraron las sistemáticas violaciones a los derechos de los trabajadores de nacionalidad haitiana. Se señalaron situaciones de explotación, en las que se trabaja en condiciones de alto riesgo, por más de 12 horas al día, devengando salarios de miseria, sin protección efectiva del Sistema de Seguridad Social y sin la posibilidad de cotizar en un fondo de pensiones.

La situación de los trabajadores migrantes se agrava por la expectativa de ser sometidos a un proceso de deportación arbitraria. Recordemos que en el país no existe una tutela judicial del derecho a la libertad de los extranjeros sometidos a estos procedimientos. Además existe un solo centro de detención, en el cual los migrantes son recluidos sin respetar su dignidad humana y sin garantías de un debido proceso.

Centro Bonó

http://www.librered.net/?p=22743