Lorenzo, parado gaditano de 50 años, está recluido en su casa y allí debe permanecer durante las próximas dos semanas. Está en arresto domiciliario por mandato judicial, después de que haya rechazado abonar la multa que le fue impuesta hace dos meses por pegar carteles en la vía pública.
Lorenzo participó en el mes de marzo en las concentraciones de la Plataforma 15M en la plaza del Palillero de Cádiz contra los desahucios. Durante la movilización colocó carteles de denuncia en la que se criticaba la política del Gobierno central ante la grave situación social por la que pasan miles de ciudadanos.
En Cádiz, con una tasa de paro del 41%, Lorenzo forma parte de la lista de gaditanos sin recursos. Durante su protesta, junto a otros ciudadanos, con la pegada de carteles para denunciar los problemas de vivienda y los desahucios, fue sancionado por la Policía Local por no atender a las peticiones de retirada de la cartelería. El resultado, una multa por un montante que Lorenzo no puede asumir por su situación de parado, por lo que deberá cumplir la pena arrestado en casa.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncian la que consideran una actitud “represiva” por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Más aún si se tiene en cuenta que el arrestado es la misma persona que hace menos de una semana acudió al pleno del Ayuntamiento de Cádiz para tomar la palabra y denunciar los problemas sociales y económicos por los que pasan las familias gaditanas. Lorenzo decidió dirigirse a la corporación municipal dándole la espalda, ya que a su juicio, “es lo que hacen los políticos con los ciudadanos”, aseguró Lorenzo.
Colectivos sociales han organizado para el próximo 13 de mayo una concentración en la misma plaza del Palillero en apoyo a Lorenzo y en repulsa por la sanción impuesta a este desempleado.
El arresto domiciliario de este gaditano, coincide con la sanción que la Subdelegación del Gobierno de Cádiz ha interpuesto al representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Rafael Lara. La multa en esta ocasión es por su participación en una cacerolada ciudadana ante la sede del PP en la capital gaditana. Concentración que, según la Subdelegación del Gobierno, no fue comunicada en tiempo y forma a la autoridad.
La APDH-A entiende que mediante esta “argucia legal” se pretende “por todos los medios que la ciudadanía no exprese su indignación ante la situación terrible que estamos viviendo”. Considera que esta decisión de la Subdelegación del Gobierno “se enmarca en una escalada de represión que se está produciendo en Cádiz y en todo el país, siendo cada vez más evidente que se trata de criminalizar a los movimientos sociales y atemorizar a la población para que no proteste, para que no salga de su casa y no se indigne ante las políticas o la falta de políticas que están provocando el sufrimiento de millones de familias”.