La documentación que la jueza Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la Rey Juan Carlos sobre el máster de Pablo Casado sitúa al aspirante a presidir el Partido Popular en una delicada situación judicial. La Universidad ha remitido un informe a la magistrada, al que ha tenido acceso elidario.es, en el que asegura que no hay rastro del supuesto tribunal ni del acta de convalidaciones de 18 asignaturas al político del PP.
Tras el análisis de la documentación remitida desde la Universidad, la jueza Rodríguez-Medel se dirigió el pasado viernes al Congreso de los Diputados para que le confirme por escrito la situación de aforado de Pablo Casado. Dicha condición impide que la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid pueda imputar al político aun teniendo indicios contra él. La magistrada deberá por tanto elevar exposición razonada al Supremo y que sea el Alto Tribunal el que se haga cargo de la investigación en lo referente a Casado.
Esos indicios que valora la jueza aparecen nítidos en la documentación de la Universidad Rey Juan Carlos. Al requerimiento de la magistrada de que le informe sobre “personas que conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la Universidad Rey Juan Carlos el día 3 de febrero de 2009 y, si existiere, acta de dicha reunión”, el centro responde: “No hay constancia documental de la composición de dicho Tribunal”.
Pablo Casado obtuvo el máster de Derecho Autonómico que impartía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2008-2009. Se trata de la misma Universidad y el mismo centro que sirvieron a Cristina Cifuentes para conseguir su máster con notas falsificadas, aunque la especialización del curso de la expresidenta era en derecho comunitario. La Universidad le convalidó 18 de las 22 asignaturas del máster por su licenciatura en Derecho en una universidad privada.
De las cuatro asignaturas restantes, tres se las aprobó el director del Instituto de Derecho Público de la universidad, Enrique Álvarez Conde. La otra se la calificó la profesora Alicia López de los Mozos. Ambos están imputados en la investigación del máster de Casado y también en el de Cristina Cifuentes.
El propio Casado reconoció, en un encuentro con eldiario.es, que él se limitó a entregar su título a la universidad y que fue el centro el que se encargó de todo, en contra de las instrucciones del propio centro educativo, que establece todo un proceso tasado de solicitud de las convalidaciones por el propio alumno. La Universidad lo confirma ahora por escrito en documentación que ya ha sido incorporada a esta pieza separada del caso Cifuentes. A la pregunta de la jueza por la “solicitud del sr. Casado pidiendo la convalidación de asignaturas”, la Universidad contesta: “No consta en este Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado”.
El Real Decreto de 56/2005 regula las titulaciones oficiales de postgrado a nivel estatal. A partir de este Real Decreto, la Universidad Rey Juan Carlos se dotó de unas instrucciones que incluyen en su punto primero que sea una Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno, quien examine las convalidaciones a través una subcomisión compuesta por el responsable del máster, que actuará como secretario, y que figuren como vocales “representantes de las áreas de conocimiento que imparten la docencia en el Máster”.
Cuando la jueza pregunta a la universidad por las “personas que conformaban la comisión de adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos y que dio lugar al reconocimiento de asignaturas en fecha 10 de febrero de 2011”, la respuesta de la Rey Juan Carlos es taxativa: “No hay constancia documental de la composición de la Comisión de adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos y transferencias de la Universidad Rey Juan Carlos, en este Vicerrectorado en dicha fecha”.
La norma reclama igualmente que sea el alumno quien solicite esa convalidación para cada asignatura que pretenda no cursar. También tiene que aportar en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse esas asignaturas, así como el programa de estudios y el contenido de las materias para que la universidad compruebe que pueden darse por superadas. La normativa indica que se respetará la calificación de origen y que para realizar la nota media también se tomará la calificación numérica de la asignatura de origen. El propio Casado recurrió al Real Decreto y a la normativa vigente en el año de su máster a eldiario.es durante la citada reunión con sus periodistas. Nada de lo que recoge el Real Decreto se cumplió en su caso.
El Vicerrectorado aprovecha la pregunta sobre la consolidación de las asignaturas para aportar a la jueza otro dato clave. “En la aplicación informática de la universidad aparece como fecha de solicitud el 3/02/09, fecha en la que se graban en la aplicación los reconocimientos de las asignaturas”. O lo que es lo mismo, las convalidaciones de las asignaturas no pasaron ningún trámite ni análisis. Alguien solicitó las mismas el 3 de febrero de 2009 y ese mismo día quedaron superadas esas 18 asignaturas para el entonces secretario general de Nuevas Generaciones, diputado en la Asamblea de Madrid y protegido de Esperanza Aguirre y José María Aznar.
Las 18 convalidaciones a Casado por el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos pretenden justificarse con el título de Derecho que el vicesecretario de Comunicación del PP obtuvo en el Cardenal Cisneros, objeto en este momento de una investigación interna de la Universidad Complutense, a la que está adscrita dicho centro. Casado procedía de una doble licenciatura en Derecho y ADE que comenzó a cursar en ICADE. El político obtuvo el título de Derecho aprobando el 70% de las asignaturas en dos años mientras ejercía de asesor en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. El Cardenal Cisneros le convalidó siete asignaturas. Casado obtuvo así el título de Derecho en dos años, en los que aprobó las asignaturas más duras.
Con todos los indicios sobre las irregularidades del máster, la jueza Rodríguez-Medel redactará previsiblemente una exposición razonada que elevará al Tribunal Supremo. Una sala de admisión decidirá si son suficientes para abrir una investigación al político, previo informe de la Fiscalía del Alto Tribunal. En caso de que acepte que hay indicios para abrir una causa, el Supremo nombrará a un magistrado instructor que tomará declaración a Casado en calidad de investigado.
Pablo Casado anunció el pasado lunes que aspira a liderar el Partido Popular tras la renuncia de Mariano Rajoy. A las pocas horas de su anunció trascendió que la jueza aprecia indicios contra él en la pieza separada que investiga su máster y que había preguntado al Congreso por su condición de aforado. La providencia que recoge esto último había sido dictada por la magistrada Rodríguez-Medel el viernes anterior.
En la misma, la magistrada acuerda citar en calidad de investigados a tres personas. Entre ellas, el vicerrector de la época, Fernando Suárez, quien después se convirtió en rector y abandonó por el escándalo de los plagios. Suárez está imputado porque su firma aparece en las supuestas convalidaciones, según fuentes jurídicas. El segundo imputado es el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, uno de los hombres del PP en la Universidad Rey Juan Carlos e investigado en el caso Cifuentes. Casado reconoce que fue la persona con la que se entrevistó para cursar su máster.
La jueza también ha descubierto la posible implicación de la profesora Alicia López de los Mozos, presunta colaboradora en el engaño del máster de Cifuentes e imputada junto a su mentor. López de los Mozos ha pasado a estar imputada igualmente en la pieza separada del máster de Casado.
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