En los albores de la década de los 70, un indignado De Gaulle veía cómo su sueño de una defensa europea independiente se esfuma al plegarse el Reino Unido a las doctrinas de Washington, renunciando, al menos oficialmente, al desarrollo de armamento nuclear al suscribir el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) el 1 de julio de 1968.

Pero una habilidosa diplomacia francesa, consciente de que esta batalla política no podría librarla en solitario frente al criterio de EE.UU. y la URSS, y recelosa de las decisiones de un excesivamente pragmático gobierno de Londres mirando hacia el otro lado del Atlántico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había sondeado al gobierno español desde principios de 1960 en busca de un aliado estratégico más fiable que los británicos.

Tanto el plan del general Charles de Gaulle como su sucesor al frente de la Presidencia de la V República, Georges Pompidou, consistía en que España se convirtiera en potencia nuclear y aliada suya, pero a la vez con autonomía respecto a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Así , en un primer contacto a finales de 1963, el embajador de España en París fue convocado para proponerle la adquisición de una central nuclear. Se trataba de una planta que no necesitaba enriquecer el uranio para su funcionamiento y cuyos residuos constituían un subproducto de inapreciable valor militar: el plutonio.

Tras la firma del TNP, el gobierno francés planteó al español sin tapujos la venta de una central de grafito-gas, la primera que París estaba dispuesto a instalar fuera de sus fronteras. Para el gobierno español y la cúpula militar del momento no sólo estaba claro que Francia no se oponía a la idea de que España poseyera una bomba nuclear, además denotaba una necesidad imperiosa del gobierno de París en este sentido, por lo que se llegó a un rápido acuerdo. Nacía el proyecto de la Central de Vandellós I (eso sí, con un compromiso de “uso pacífico” de las instalaciones), crucial para el desarrollo del programa de armamento nuclear del régimen.

El 6 de marzo de 1972 entraría en servicio Vandellós I, que constaba de un reactor de tipo GCR (grafito-uranio natural) refrigerado por gas, el único de este tipo construido en España. Este tipo de central, si bien no era extraordinaria desde el punto de vista del rendimiento energético, si demostró ser una excelente fuente para la obtención de plutonio militar. Además, como estaba construida con tecnología francesa, y este país no permitía a la OIEA que inspeccionara sus instalaciones nucleares, el secreto estaba salvaguardado. El compromiso de uso pacífico era puramente verbal, sin existencia de garantías, y los pretendidos controles, a la sazón, totalmente inoperativos.

Aunque la simple existencia de Vandellós y de otras instalaciones, que abrían la posibilidad de fabricar armas atómicas, constituía una poderosa disuasión, el plan de fabricarlas seguía adelante, y en 1971, el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), elabora un informe confidencial en el que se señalaba en sus conclusiones que “España podía poner en marcha con éxito la opción nuclear militar”.

Pero Estados Unidos no veía con buenos ojos la “opción nuclear española”. Ciertamente, a pesar del secretismo, la CIA ya tenía el foco puesto sobre el tema nuclear español y sus sorprendentes avances desde la década de los 60, pero lo que realmente convirtió este asunto en prioritario fue la negativa de España a ratificar el TNP, y la subsiguiente colaboración francesa. El asunto era evidente para cualquiera, y de acuerdo a la doctrina estadounidense “cuando España es importante, es peligrosa” (Henry Kissinger).

Lo que realmente hizo saltar todas las alarmas en Washington fue la llegada a la presidencia del Gobierno de Carrero Blanco, personaje considerado por EE.UU. hostil para sus intereses, extremo este que el Almirante tampoco se molestaba demasiado en disimular. El gobierno estadounidense sumó dos más dos y llegó a la rápida conclusión de que la conjunción de un Presidente del Gobierno español abiertamente enfrentado a sus intereses, que a su vez había sido y seguía siendo el gran impulsor del programa nuclear español era sinónimo de problemas y más problemas.

Estados Unidos se mueve rápidamente al más alto nivel y pone en marcha su maquinaria diplomática. Así, el 19 de diciembre de 1973, el secretario de estado Henry Kissinger y el almirante Carrero Blanco mantienen una larga, acalorada e improductiva reunión en la que este último, a la vista de la dura negociación, esgrime un documento en el que un perplejo secretario de estado estadounidense toma conciencia de lo consolidado y avanzado del proyecto nuclear español y de que ni mucho menos se trata de un proyecto a largo plazo. Un conmocionado Kissinger regresa a Washington ese mismo día, y al siguiente, el 20 de diciembre, Carrero Blanco muere asesinado en un atentado.

No solo el asesinato de Carrero Blanco, sino también los aten- tados, causantes de cinco muertes, y sabotajes contra la cons- trucción de la central de Lemóniz, prueban que ETA fue uno de los arietes usados por la CIA contra la nuclearización de España

La muerte de Carrero y posteriormente la de Franco lógicamente frenaron el proyecto, pero ni mucho menos entró en vía muerta. La CIA advertía en 1974 que “España es uno de los países de Europa merecedores de atención por su posible proliferación (de armas nucleares) en los próximos años. Tiene reservas propias de uranio de moderado tamaño, un extenso programa de desarrollo nuclear (tres reactores operativos, siete en construcción y otros 17 más en proyecto), y una planta piloto para enriquecimiento de uranio”.

A partir de 1975, los sucesivos gobiernos, herederos de la doctrina de Franco y Carrero en esta materia, conscientes del potencial de un arsenal nuclear, siguieron desarrollando el proyecto como una poderosa herramienta de negociación en esos críticos años. De hecho en 1977 se anunció la creación de una planta de enriquecimiento de uranio, pero para Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso de una situación totalmente inaceptable, y en 1981, bajo enormes presiones (con amenazas de sanciones económicas incluídas), y a la vista del complicado escenario político interno, un débil gobierno de España accede a la revisión de sus instalaciones “sospechosas” por la OIEA, con la firma de un acuerdo para someter estas instalaciones a verificación constante.

En 1983, el gobierno de Felipe González suspende los ambiciosos programas de energía nuclear, promesa electoral que figuraba en su programa para las elecciones de 1982, siendo aprobada una moratoria nuclear en 1984.

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Finalmente, en 1987 se ratifica el TNP, dando por finalizado cualquier resquicio de alimentar el proyecto de obtención de la bomba atómica.

En cualquier caso ¿Alguien puede afirmar con seguridad si no se fabricó una bomba atómica? …

Raúl Fernández
(Visto en http://www.institutodeestrategia.com/)