El lacayo de Soros, facilitando a las coporaciones el control total de los ciuda- danos. Nada fuera de lo esperable: los globalistas están pisando el acelerador

El año que viene está previsto que el Instituto Nacional de Datos sea una realidad. Un organismo «encargado de gestionar toda la información personal de los ciudadanos que manejen las Administraciones Públicas», según explican documentos oficiales del Gobierno.

Una gestión para la que se utilizará Inteligencia Artificial (IA) y que permitirá a las empresas acceder, entre otra información, a los datos financieros, de salud y penales de millones de españoles. El objetivo, según el Instituto Nacional de Datos, es controlar mejorar los servicios al ciudadano.

«Se establecerán colaboraciones entre entidades públicas y privadas en las que se cumplan los requisitos de privacidad y protección de datos exigidos por la GDPR y la LOPDGDD. Los datos se clasificarán según su tipología: datos financieros y económicos, datos de salud, datos penales, etcétera. Y también existirá una clasificación por grupos de interesados y por zonas geográficas», explican desde el Gobierno.

Todo muy acorde con la era del Big Data, la informatización y la burocratización que los tiempos exigen, al parecer. Pero solo desde la más absoluta ingenuidad puede pensarse que poner los datos del ciudadano en manos de las empresas sirve a nuestros intereses y no a las suyas. Como recuerda el comentarista JoanCarles, lo que pretende el Gobierno no solo es anticonstitucional (y hay varias sentencias del TC al respecto), sino que viola flagrantemente el art. 18.4 de la CE.

El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados

Por su parte, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.

La cruda realidad sobre el «servicio al ciudadano» que cabe esperar de esta iniciativa. Piénsenlo.

Desde esta bitácora animamos a asociaciones de consumidores, plataformas ciudadanas y a la abogacía a parar esta nueva cesión del estado a las corporaciones.

La Ley, con todas sus imperfecciones y servidumbres, también debe ser un ariete contra la implantación feudalista y totalitaria del Nuevo Orden Mundial.

(Fuente: https://www.vozpopuli.com/)